EN EL CAMINO: ¡Qué vergüenza!

Have you seen the little piggies

Crawling in the dirt?

(¿Han visto a los puerquitos

Revolcándose en el polvo?)

George Harrison, 1968

A casi un año de la tristemente célebre aprobación de la Ley del Agua y del Decreto 57, el pasado viernes primero de diciembre de 2017 se escribió, en la historia de los poderes públicos del Estado de Baja California, otra página más del libro negro de las vergüenzas locales. El Congreso aprobó el Dictamen 95 y, con ello, puso el semáforo en verde para considerar a varios contratos de asociaciones público-privadas, de entre los cuales resaltan los asociados a sendas desaladoras programadas para construirse en Rosarito y en San Quintín, como hechos consumados. Por no pocas e importantes razones este dictamen no debió aprobarse y, menos aún, en la forma en que se hizo.

Jesús Francisco Galaz Fontes* /A los 4 Vientos / Foto: Agencia EFE / Rafa Alcaide

La manera en que el Congreso del Estado procedió para tomar tal decisión es digna de inscribirse en las crónicas del Reino Aquí-Mis-Chicharrones-Truenan, donde sus provincias son gobernadas no por servidores públicos, sino por virreyes rodeados y auxiliados en todo momento por una corte de marqueses, duques y duquesas que, en diversas ocasiones, se disfrazan de representantes populares y fingen ser diputados. Todo para complacer y divertir al virrey en turno.

En las primeras horas del viernes primero, el recién ungido Diputado-Presidente, Raúl Castañeda Pomposo, comunicó que la próxima sesión del Pleno del Congreso se llevaría a cabo el 7 de diciembre. Los diputados que confiaron en esa declaración decidieron entonces descansar y/o regresar a las ciudades donde habitan permanentemente. No obstante, hacia las ocho de la mañana, tales diputados se enteraron de que Castañeda Pomposo citaba a una Asamblea Extraordinaria hacia las nueve de la mañana.

Con 13 diputados (12 del PAN y 1 del PRD) votando a favor, 4 votando en contra (2 del PRI, 1 del PAN y 1 del PT), 2 que llegaron tarde (1 del PRI y 1 del PBC)  y 6 diputados ausentes (2 del PRI, 2 de Morena, 1 del PES y 1 de MC), se aprobó el Dictamen 95. El Presidente en turno del Congreso, los diputados del PAN y aquellos que estuvieron enterados de esta autoritaria estafa en un recinto donde supuestamente debe reinar la democracia, engañaron a los diputados opositores y, con ello, engañaron una vez más a la ciudadanía que tanto dicen representar y respetar.

Los hechos apretadamente referidos son una vergüenza para el Congreso del Estado y todavía más para algunos diputados y sus partidos políticos. Tener que recurrir al engaño abierto, descarado y público para sacar adelante una iniciativa en el órgano gubernamental donde la discusión abierta y honesta debiera ser la práctica cotidiana, no puede sino dar vergüenza a cualquier persona capaz de distinguir entre el día y la noche. ¿Qué se puede hacer con diputados que no parecen entender que la sociedad mexicana requiere, y cada vez demanda más, representantes populares y servidores públicos que sean capaces de hacer su trabajo a la luz de la transparencia y no bajo las sombras de los acuerdos secretos y en el contexto de los muchos huecos que tienen nuestras leyes?

Imagen: Facebook

Pero no solamente el Congreso debe estar profundamente avergonzado. También debemos sentir vergüenza otros actores sociales porque, por acción u omisión, hemos contribuido a que la realidad de nuestra vida política sea la que estos hechos reflejan. En primer lugar está nuestro empresario-gobernador Vega de Lamadrid. Lo quiera asumir o no, él es la primera figura política del Estado, y en esa calidad debiera trabajar para que la vida pública en la entidad se ajuste a los principios republicanos que juró defender cuando aceptó el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.

También deben sentir vergüenza los partidos políticos que, en lugar de hacer su trabajo como puentes que conectan a la sociedad con los poderes que la gobiernan, han hecho del servicio público y el gobierno un negocio, atentos siempre a la máxima de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.” ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nuestros partidos políticos se sigan comportando como mafias en el sentido no-clandestino que le asigna el Diccionario de la Real Academia Española, en tanto forman “grupos organizados que defienden sus intereses sin demasiados escrúpulos”?

¿Qué decir de los respetables hombres de negocios que, aunque en privado aceptan que nuestro empresario-gobernador es un corrupto, lo aplauden públicamente? Claro que también ellos deberían sentir vergüenza. Y mucha, porque a pesar de que saben, no hacen nada significativo al respecto bajo el argumento de que ya habrá cambio de gobierno y entonces vendrá alguien decente a dirigir nuestros destinos. Pero mientras tanto van a misa, se arrepienten de sus pecados y comulgan todos los domingos.

¿Y qué decir de esos universitarios que trabajan en el gobierno y miran cómo sus jefes hacen y deshacen lo que está a su alcance para favorecer a sus socios, amigos y familiares? Lo saben, pero solamente lo comparten con sus amistades de confianza, en la carne asada y luego de cuatro o más cervezas, confundiendo, como diría Serrat, “lo que está bien con lo que les conviene.” Pero ¿qué se le va a hacer si el trabajo es el trabajo?… También ellos deberían sentir vergüenza.

¿Y los ciudadanos todos? ¿Los Nosotros? ¿Los que vemos toda esta corrupción y seguimos siendo pacientes, esperando tiempos mejores para que disminuya como por arte de magia? Claro que debemos sentir vergüenza. Y usted, ¿cómo se siente?

*Jesús Francisco Galaz Fontes, es profesor de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es integrante del grupo civil Mexicali Consciente.