El engaño de la Ley de Seguridad Interior

NO SE DEJEN ENGAÑAR: ES TOTALMENTE FALSO que la Ley de Seguridad Interior “regule” o “dé cobijo” a las labores de las fuerzas armadas en la lucha en contra del crimen. Es una ley cuyo ÚNICO FIN es legitimar la utilización del ejército y la marina para la represión y el control social. Es por ello que es una ley estrictamente DICTATORIAL y autoritaria.

John M. Ackerman / A los 4 Vientos

Todavía hay oportunidad para revertir esta ley en el SENADO DE LA REPÚBLICA que, como cámara revisora también debe aprobarla para que pueda convertirse en ley. Escribiré con mayor detalle sobre el tema en los próximos días, pero, dado la urgencia de la coyuntura, adelanto aquí algunos apuntes.

1. La ley es explícita al señalar que no habilita a las fuerzas armadas para llevar a cabo acciones de “seguridad pública” o de investigación de delito correspondientes al ministerio público. El Artículo 18 de la Ley de Seguridad Interior señala explícitamente que “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública

El Artículo 27 dice que “Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones“.

2. ¿Para qué se aprueba la ley entonces? 

No para combatir a los delincuentes sino para proteger a las “instituciones” (corrompidas y criminales) de las exigencias y las movilizaciones sociales. La exposición de motivos lo dice claramente: “La seguridad interior es distinta a la seguridad pública, pues, aunque ambas busquen el mantenimiento de la paz, la SEGURIDAD INTERIOR SE ENFOCA EN LA SALVAGUARDA DE NUESTRAS INSTITUCIONES y de las personas, mientras que la seguridad pública únicamente se enfoca en la salvaguarda de las personas.”

3. Lo que sí hace la ley entonces es autorizar a las fuerzas armadas para combatir al propio pueblo mexicano como si fueran “enemigos” del Estado y las instituciones del país. Es decir, DECLARA LA GUERRA EN CONTRA DE TODA LA SOCIEDAD, al tratar a los “adversarios internos” de la misma manera en que se tratarían a los “enemigos externos”. La ley es absolutamente claro al respecto, al enmarcar la “Ley de Seguridad Interna” dentro de las funciones de DEFENSA NACIONAL, en lugar de las de seguridad pública.

4. Las “amenazas a la seguridad nacional” para las cuales el Presidente de la República puede enviar UNILATERALMENTE las fuerzas armadas incluyen: Movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se no realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; “Actos tendentes” a consumar rebelión; “Actos tendentes” a inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico.

Es decir, será suficiente colocar un par de provocadores encapuchados para romper vidrios durante cualquier protesta social para “justificar” la intervención del ejército en la represión de los manifestantes.

También se podrá enviar el ejército a dispersar cualquier reunión de personas que pudiera estar planeando (“actos tendentes”) alguna acción de bloqueo en una carretera (“infraestructura”) o una protesta contra algún edificio de gobierno (“rebelión”).

5. Esta nueva función de las fuerzas armadas viola de manera flagrante la constitución que señala en el artículo 129 que ““En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, y también al artículo 29 que requiere un procedimiento muy específico para poder declarar un “estado de excepción“.

Si la Suprema Corte de Justicia fuera realmente independiente e interesado en defender la Constitución y nuestros derechos humanos, tendría que eliminar los efectos de esta ley a partir de la presentación de amparos o controversias en su contra. Pero lamentablemente no es el caso. Casi todos los ministros de la Suprema Corte son amigos y aliados de Calderón y/o Peña, y sin duda avalarán la “constitucionalidad” de esta ley dictatorial.

6. La única forma de evitar que esta ley genere la dictadura militarizada que busca establecer sería a partir de un nuevo gobierno democrático en 2018 que retorne el ejército a sus cuarteles e impulse la revocación de esta ley nociva. Así que queda perfectamente clara la TAREA DE TODOS LOS CIUDADANOS PARA 2018.

Para quienes quieran leer un poco más desde ahora, comparto una columna que escribí hace unos meses sobre el tema en Proceso: http://www.proceso.com.mx/464858/golpe-de-estado-silencioso

Y aquí el texto completo de la ley aprobada en la Cámara de Diputados:

https://aristeguinoticias.com/…/el-presidente-podra-interv…/