Menores infractores en BC: la importancia de NO readaptarlos

Baja California es, junto al Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y la Ciudad de México, una de las seis entidades federativas con mayor índice de delincuencia juvenil.

Ricardo Lindquist / Buhario / A los 4 Vientos

Tan solo en 2016, cerca de 1333 jóvenes de entre 12 y 18 años fueron inculpados en nuestra entidad por cometer algún delito. A pesar de que la mayoría delinquió entre los 17 y los 18, poco más de cien lo hicieron teniendo menos de 14 años. En este sentido, las preguntas surgen casi de forma instantánea: ¿quiénes son estos jóvenes? ¿por qué han delinquido? ¿en dónde estaban sus padres o familiares? ¿qué falló en su proceso escolar-formativo?

¿Quiénes son los menores infractores?

El 88% de los jóvenes inculpados son hombres y cerca del 62% son reincidentes. Los delitos de mayor recurrencia son el de lesiones (relacionado con riñas que generaron estragos de gravedad en la víctima), robo a transeúnte, narcomenudeo, robo a casa habitación y robo a negocio. Siendo el delito de robo el que más se vincula con las medidas privativas de la libertad. Al tiempo que el de lesiones y narcomenudeo son tratados con medidas externas, como el trabajo social o la libertad vigilada.

De acuerdo con datos del estudio “Justicia para adolescentes en México” realizado por investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) en conjunto con la Embajada de Finlandia en México, el 58% de los jóvenes inculpados declararon haber sido víctimas de golpes o maltrato físico al momento de su detención, el 62% fue agredido verbalmente y el 45% fue amedrentado o amenazado. Además, el 74% señaló que al ser detenido no le fueron mencionados sus derechos.

Los datos del estudio, obtenidos a partir de encuestas y entrevistas realizadas con la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, arrojaron que el 94% de los jóvenes son acompañados durante el proceso solo por su madre y el 6% restante por algún hermano. El proceso de acompañamiento implica la presencia del familiar en audiencias y las visitas en los Centros de Tratamiento para Adolescentes.

En sintonía con estudios realizados en otras entidades del país, el 80% de los jóvenes señaló que desde los 13 años consume sustancias nocivas para la salud. Siendo las más populares la marihuana (78%), el alcohol (70%), el tabaco (50%) y el cristal (40%). En consecuencia, el 60% de los menores inculpados (generalmente de 17 años) ya habían sido recluidos en algún centro para el tratamiento de adicciones, antes de cometer el delito.

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En cuanto a la escolaridad, el 63% declaró que no asistían a la escuela al momento de delinquir, debido a que fueron expulsados de ella. En voz de los participantes, la expulsión se atribuye a dos grandes razones: 1) la mala conducta, generada por el poco interés de asistir a la escuela y 2) las inasistencias por la necesidad de trabajar. Con relación a este último punto, destaca que el 60% de los menores infractores comenzó a trabajar entre los 14 y los 15 años para contribuir al ingreso familiar.

 

La educación de los menores infractores

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2016, establece en su Artículo 13 que:

“Las personas adolescentes gozan de todos los derechos humanos inherentes a las personas. Les serán garantizadas oportunidades y facilidades, a fin de asegurarse las mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico y social, en condiciones de dignidad. Todas las autoridades del Sistema deberán respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas adolescentes mientras se encuentren sujetas al mismo.”

Así mismo, en el rubro específico de la educación, dicha Ley estipula en su Artículo 51 que: “Las personas adolescentes tienen derecho a cursar el nivel educativo que le corresponda y a recibir instrucción técnica o formación práctica sobre un oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción en diversas áreas del conocimiento.”

En sintonía con dicha Ley, así como con la Ley Para Menores Infractores en el Estado de Baja California (publicada en 1993), el Gobierno del Estado ha puesto en práctica desde 2010 el Modelo Estratégico del Sistema de Reinserción Social. Dicho modelo contempla dos fases: la de reinserción y la de atención y seguimiento a liberados.

Durante la fase de reinserción, misma que cubre la totalidad del tiempo que el menor pasa en el Centro de Tratamiento, se contemplan cuatro áreas: 1) Educación y Cultura, 2) Laboral, 3) Psicológica y criminológica y 4) Fortalecimiento del núcleo familiar. Mientras que la segunda fase, la de atención y seguimiento a liberados, tiene como objetivo el desarrollar actividades para que los menores que han conseguido su libertad puedan reinsertarse de forma exitosa en la sociedad. En este sentido, las autoridades vigilan que, una vez liberado, el menor consiga empleo, curse algún nivel educativo y se encuentre desintoxicado.

A lo anterior, le sobrevienen nuevas preguntas: ¿qué implica la reinserción/readaptación? ¿será que al momento de cometer el delito los jóvenes ya estaban exitosamente adaptados a la dinámica social? ¿si lo estaban, por qué delinquieron? ¿se podría hablar entonces de una readaptación? ¿por qué el mismo Estado responsable de la falta de adaptación (debido a la falla de sus instituciones) tiene ahora, por arte de magia, la facultad de readaptar a quien no ha sabido adaptar?

 

Las políticas RE

Como señala Scarfó, las políticas RE (readaptar, reinsertar, reeducar, reformar, rehabilitar, resocializar) tienen su origen en la corriente punitiva del tratamiento de menores infractores. Según el autor, históricamente el tratamiento de estos adolescentes ha experimentado tres corrientes en América Latina.

La corriente tutelar (1899-1960) concebía que los adolescentes cometían delitos por la incapacidad de sus tutores para controlarlos. En respuesta, el Estado asumía la tutela del menor y se enfocaba en reformarlo. Este fue uno de los enfoque más populares; no en vano los Centros de Tratamiento para Adolescentes son comúnmente conocidos como tutelares. 

Una segunda corriente, la garantista (1960-1980), pretendió poner fin a la flexibilidad de los procesos legales, así como al predominio de castigos físicos y psicológicos (aplicados como medidas de “rehabilitación”) en la corriente tutelar, haciendo énfasis en la figura del menor infractor como portador de derechos humanos. Sin embargo, esta corriente fue desplazada a mediados de la década de los ochenta por la corriente punitiva. 

Esta última, surge como respuesta al crecimiento exponencial de la delincuencia juvenil y del hartazgo de la sociedad, misma que acusaba al Estado de ser laxo en el tratamiento de los menores. De esta forma, las autoridades se enfocaron en vigilar castigar a los adolescentes que delinquen, con el propósito de fortalecer la imagen gubernamental.}

La corriente actual, aún sin nombre, es una mala mezcla de las corrientes garantista y punitiva. Esto es, en el discurso (que es también práctica: la práctica de la simulación) es profundamente defensora de los derechos humanos. Al tiempo que en la oscuridad de las celdas, ahí donde nadie entra sin pasar quince filtros, los menores son privados de sus derechos.

Prueba de ello, son los resultados del trabajo Justicia para Adolescentes en México, del que ya se hizo mención. En éste, se reporta que cerca del 40% de los menores internadosen un Centro de Tratamiento no han sido consignados y, en consecuencia, no pueden acceder al Modelo Estratégico de Reinserción Social ni hacer válido, por ende, su derecho universal a la educación. Tampoco pueden hacerlo valer aquellos que son considerados internos peligrosos, o a quienes, como forma de castigo, se les impide asistir a los cursos formativos.

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¿Por qué es importante NO readaptar?

En primera instancia, ya se han dado evidencias de que la readaptación es, como el de “Reforma” “Educativa”, uno más de los términos que hemos puesto en nuestra boca antes que en nuestro juicio: un Estado que ha fallado en adaptar no tiene autoridad moral para pretender readaptar. Ahora bien, suponiendo que la tuviera: ¿será que la formación en el encierro, con sus profundas limitaciones en materia de recursos humanos e infraestructurales, puede lograr lo que no ha podido la escuela convencional?

El término readaptación resulta todavía más insostenible si se concibe, como lo hacen las autoridades, a manera de píldora sanadora. “Yo Estado, te doy esta píldora a ti, enfermo, para que seas capaz de readaptarte”. Olvidan que los menores infractores no son la enfermedad, sino el síntoma de una sociedad enferma. En consecuencia, eso que llaman educación termina convirtiéndose en el libro de colorear que se les brinda a los menores con el fin de distraerlos mientras se violan sus derechos.

Por lo anterior, resulta crucial que dejemos de utilizar los términos re para aludir al gran concepto: el de educación. Hablar de lo “re” es hablar de un privilegio, de algo que debe ser ganado. Es partir de una mentira. El menor infractor, consignado o no, tiene derecho a la educación. Y, como lo señala el artículo tercero constitucional, tiene derecho, además, a una educación de calidad. Misma que, según el artículo mencionado, se consigue mediante la idoneidad de los materiales y métodos, de la organización escolar, de la infraestructura educativa y de los docentes.

En este sentido, es impensable que la educación al interior de los Centros de Tratamiento para Adolescentes siga corriendo a cargo de voluntarios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Los cuales, a pesar de sus loables intenciones, no están capacitados para tratar con este tipo de estudiantes. De hecho, es a esa oscuridad, a esas ilusiones truncas, a donde deberían ser dirigidos los mejores docentes de la región, los más capacitados, los más comprometidos, los idóneos. 

En suma, es cuestión de entenderlo: las políticas educativas se evalúan por sus consecuciones, no por sus intenciones. Si el Estado no es capaz de aceptar esta premisa, entonces es un Estado simulador. Un Estado que simula que no simula. Mejor dicho, es un Estado resimulador. 

*La información estadística sobre los menores infractores fue recuperada del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017.

Trabajado publicado con la autorización de su autor

Fuente: https://buhario.wordpress.com/2017/11/15/menores-infractores-en-bc-la-importancia-de-no-readaptarlos/