Insiste gobierno de BC: nada pendiente con los jornaleros de SQ

Para la Secretaría estatal del Trabajo la totalidad de los 13 compromisos que adquirieron los rancheros y las autoridades de gobierno con los trabajadores del campo en el valle de San Quintín durante el movimiento laboral en 2015, están cubiertos.

Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos / Foro Ensenada

Ensenada, B.C, a 30 de octubre del 2017.- Y si los jornaleros agrícolas tienen problemas de abuso en su contratación con empresas sin registro o con subcontratistas ilegales, sufren trato arbitrario con los “mayordomos” de los ranchos hortícolas y frutícolas, padecen negativa de acceso a prestaciones sociales y médicas, o sufren por el aumento en el número de casos de cáncer de riñón, es porque los trabajadores así lo aceptan y no se quejan.

Durante su participación como conferencista en la sesión del grupo cívico-político Foro de Ensenada, que dirige el presidente de la Cámara de Comercio (CANACO) local Jorge Menchaca, la licenciada Juana Laura Pérez Floriano, secretaria del Trabajo en Baja California, destacó como ejemplo de la presunta irresponsabilidad laboral de los jornaleros el caso de decenas de transportistas que de manera ilegal llevan a miles de trabajadores a diversos ranchos del valle para que los contratan por día.

Con el acto ilegal debidamente identificado y documentado, la autoridad laboral hasta hoy se limitó a pedir la intervención del Ayuntamiento de Ensenada para que sancionen a los transportistas que trabajan en un área de aproximadamente 50 kilómetros entre Colonet, Camalú y “El Pedregoso”.

También denunció el hecho ante la Secretaría de Hacienda, pero los inspectores de la dependencia no multaron a ninguna de las empresas que a diario contratan a los miles de jornaleros que los subcontratistas movilizan ilegítimamente.

“Estos transportistas no pagan impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al operar con el sistema de subcontratación. La consecuencia es que los trabajadores son llevados a laborar (por los enganchadores) y reciben su salario por día; por lo tanto carecen del servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social y las prestaciones de ley, pero reciben un mayor sueldo, lo que genera que esos transportistas sean aceptados por muchos trabajadores del campo”, destacó.

Los camiones que transportan a los jornaleros tienen años trabajando impunemente en el valle (Foto: Regeneración Radio9.

E informó que en días pasados los, inspectores de la dependencia monitorearon a cerca de mil jornaleros que eran “levantados” por los choferes de 30 camiones que los llevaron a trabajar a decenas de ranchos de la región de San Quintín, “en donde los contratan día con día” sin que los patrones cuestionen el estatus ilegal de los “subcontratistas”.

“Ante esta realidad  hemos realizado una intensa jornada de difusión para invitar a los jornaleros a que no se suban a este tipo de unidades, porque al ser coparticipes del ilícito permiten que no se les pague conforme a la ley”.

Pero la presencia de los transportistas en el valle agrícola no es nueva, como afirmó la secretaria del Trabajo.

Desde 1995, los jornaleros reportaron su existencia y en 2015 los voceros de la organización de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, que paralizó por meses a los poderosos rancheros del valle agrícola, manifestaron A los 4 Vientos que los “subcontratistas” en realidad trabajan para los agroempresarios, quienes así evaden su responsabilidad laboral, social y fiscal con los jornaleros y el gobierno.

Detectan ilegalidad, se van y al regresar, ¡nada encuentran!

En la charla con los integrantes del foro, Juana Laura Pérez también denunció que los inspectores encontraron irregularidades en la operación de algunas empresas agrícolas que sólo instalan “casas móviles” como oficinas.

Así, los empleados públicos encontraron un rancho en la delegación municipal de El Rosario -a casi 310 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada- en donde se halló una casa móvil y a 200 trabajadores agrícolas laborando de manera ilegal para la empresa.

La demanda que sigue vigente (Archivo)

“Pero al regresar los inspectores –la funcionaria no dijo de dónde y por qué no penalizaron inmediatamente al infractor- ya no se encontró a nadie,” y por eso tampoco se castigó el ilícito.

“Este tipo de casos son excepciones –se apresuró a explicar la secretaria-, ya que la mayoría son compañías perfectamente establecidas”.

Aun así, algunas de las agroempresas “legales” cometieron faltas y por eso, afirmó la licenciada, “sí se han establecido algunas multas a algunas empresas del campo”.

No dio montos de las sanciones ni nombres de los infractores. Se limitó a citar que algunas de las faltas en que incurrieron las empresas fueron la omisión de dar seguridad social a los trabajadores, no cubrir las horas extras laboradas y no contar con contratos individuales o colectivos de trabajo.

“Se han realizado 121 operativos extraordinarios de inspección en los campos agrícolas (del valle de San Quintín), donde uno de los aspectos prioritarios que se revisa, conforme lo han solicitado en sus quejas los jornaleros, es la escasa capacitación de los mayordomos porque éstos simplemente no están preparados para desempeñar esa labor”.

Inmediatamente manifestó que en su mayoría los mayordomos son jornaleros que por la confianza que les tienen los empresarios, se les asciende a estos cargos “pero no han recibido una adecuada preparación en el manejo de los recursos humanos» y por eso pueden abusar de sus compañeros.

Foto: Roberto Armocida / La Jornada BC

Asimismo, afirmó que “los 13 puntos que los jornaleros solicitaron” en su movimiento de 2015 “se cumplieran por las autoridades de los diferentes niveles” de gobierno, destacando el  relacionado con los salarios “que se lograron incrementar ya que antes de estos conflictos eran de entre 110 a 150 pesos, y hoy nadie paga menos de 165 pesos y hasta 235 pesos diarios”.

Al respecto, Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones del valle de San Quintín, dijo A los 4 Vientos que al día de hoy ninguno de los acuerdos con el gobierno se cumplieron.

“Los gobiernos federal y estatal no cumplieron con la aplicación del aumento salarial por categorización. Tampoco hemos visto un salario digno y justo; no hemos visto la afiliación al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y falta la construcción del hospital del tercer nivel de especialidades; no se han ajustado los precios de productos que se demandan en el valle de San Quintín, no se ha respetado la minuta y los acuerdos del 13 y 14 de mayo (de 2015)  firmado en Ensenada, ni la minuta del 4 de junio del 2015”, puntualizó el vocero.

Precisamente con el acuerdo del 4 de junio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que titula la licenciada Juana Laura Pérez, se comprometió a vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia laboral en la región del Valle de San Quintín.

También se obligó a que las acciones de vigilancia e inspección que realizara la dependencia se harían conjuntamente con una comisión que designaría la Alianza, “cosa que también nunca se cumplió”, a decir del dirigente jornalero.

La Secretaría del Trabajo asimismo se comprometió a trabajar conjuntamente con la Alianza en la creación del padrón de agroempresas por categorías, ya que de acuerdo con sus características y capacidad económica pagarían 150, 165 y 180 pesos como “salario mínimo integrado” a sus trabajadores.

“Esto tampoco lo cumplieron porque nos bloquearon, nos escondieron o negaron la información de las empresas”.

Foto: Roberto Armocida / La Jornada de BC

¿Niños en el surco?

Y de acuerdo con Fidel Sánchez, muchos niños, hijos de trabajadores del campo, siguen trabajando en el surco con sus padres.

Al respecto, la secretaria estatal del Trabajo afirmó que Baja California redujo la cantidad de menores de edad trabajando, en especial en las zonas agrícolas, detectándose este fenómeno más bien en rubros como servicios y comercio.

“Mientras que en 2013 la entidad se ubicaba en el lugar 29 con relación a la contratación de mano de obra infantil, ahora se está en el puesto 31”.

Finalmente, Laura Pérez recibió información del doctor Álvaro Gutiérrez Villa, asistente a la plática en el foro, de que hay un incremento en los casos de cáncer presente en las personas residentes del valle agrícola de San Quintín.

“El tema ha sido analizado por urólogos en la localidad en el sentido de que llama la atención el incremento de casos de cáncer en habitantes de esa región, en especial de riñón, aspecto que hace considerar cómo una hipótesis que sería importante determinar si está relacionado con el uso de pesticidas en los campos agrícolas”, destacó el profesional.

Al respecto, la invitada declaró que corresponde investigar el hecho a la Secretaría federal del Trabajo.

“Pero también se deben analizar otras variantes, como el alto consumo de comida chatarra que a los habitantes de bajos recursos económicos les es fácil comprar”.