De los insultos al diálogo y un debate necesarios

¿Qué pasa cuando personas con opiniones diferentes sobre un tema se reúnen públicamente para debatir sobre dicho asunto?

Jesús Francisco Galaz Fontes* / A los 4 Vientos

Varios factores influyen en el resultado:

Claridad del objetivo de la reunión; temas a debatir y profundidad con la que se abordan; estructura de participación; infraestructura del espacio en el que se desarrolla el debate; anticipación con la que diferentes personas saben de los temas y se preparan para ellos.

Además, de manera relevante influyen en el resultado de un debate las características personales de los participantes; el conocimiento que tengan de los temas a debatir; el vocabulario que manejan; su habilidad para estructurar argumentos; el sentido que den a la acción de debatir; su disposición a centrarse en los argumentos más que en las personas; su capacidad para recibir y procesar críticas y, claro está, las posiciones que cada uno de los participantes tiene. Estos y otros factores son importantes y, definitivamente, es conveniente no dejar de considerarlos en la organización de futuros debates.

Mexicali Consciente, conjuntamente con otras organizaciones civiles, entre ellas el Movimiento Mexicali Resiste, demandan la derogación de la Ley de Asociaciones Públicas Privadas. El maestro Daniel Solorio presenta argumentos: Foto: La Jornada BC

En el debate sobre las asociaciones público privadas (APPs) realizado el miércoles 18 entre funcionarios públicos y algunos integrantes del grupo Mexicali Consciente (Daniel Solorio, Juan Pablo Leyva, Milton Castellanos y el que esto escribe), varios aspectos no estuvieron a la altura de su importancia: el corto tiempo que se proporcionó para procesar la invitación; la no-incorporación a la discusión de los grupos de resistencia que han orillado al Gobierno del Estado y al Congreso a atender el tema de las APPs; el desconocimiento que se tuvo tanto de los objetivos de la reunión como de su contenido y mecánica. No obstante éstos y otros factores, el ejercicio comunicativo se dio y, con ánimo de abrir otros espacios públicos de discusión y análisis sobre las APPs, es pertinente preguntarnos qué podemos aprender de tal ejercicio.

En primer lugar, me parece que se tiene que pasar de los planteamientos generales a discusiones específicas, aunque ello implique más tiempo para todos.

Obviamente, un buen inicio es discutir la forma en que las APPs han funcionado en México e, inclusive, en otros países. Hay un número suficiente de experiencias que pueden servir de punto de partida para una buena discusión sobre el impacto que tales políticas de financiamiento han tenido cuando se les emplea para la generación de infraestructura y la prestación de servicios públicos. ¿Qué se sabe de los factores y contextos en los cuales se habla de éxito? ¿Qué se sabe de las condiciones bajo las cuales estos esquemas han fracasado? ¿No creen que se podría compartir reportes y reflexiones al respecto, haciendo públicos tales recursos?

En segundo lugar, tenemos que aceptar que un proceso de discusión y análisis significativo requiere atención, cuidado y paciencia y, por lo tanto, no se puede hacer todo en una sola sesión. Así, por ejemplo, se requiere discutir bajo estos lineamientos la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) de 2014 (y sus antecedentes y contexto).

Mesa de instalación del Gabinete de Infraestructura en el gobierno de Francisco Vega Lamadrid. Foto: archivo/internet

Mientras que el trío gubernamental compuesto por el ingeniero Manuel Guevara (Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado), el licenciado Víctor Lujano (Subsecretario Jurídico del Estado) y el maestro Bladimiro Hernández (Secretario de Planeación y Finanzas del Estado), defienden la postura general de que tal normatividad es una “buena” ley, y bajo ella hay que trabajar a la brevedad posible, los conscientes de Mexicali presentaron algunos argumentos (incluso haciendo referencia a artículos específicos de la ley) que cuestionan tal bondad y, por lo tanto, demandan paciencia antes de tomar decisiones que pueden resultar contraproducentes para la sociedad bajacaliforniana.

Necesitamos discutir el detalle de la ley, ya que con comentarios y observaciones generales no tendremos muchas posibilidades de llegar a conclusiones más o menos consensuadas.

Un tercer punto que es  fundamental discutir, y forma parte de la discusión de la LAPP 2014, es el referente al grado con el cual el espíritu de dicha ley se ha visto reflejada en la forma en como ha sido implementada.

¿Han sido realmente transparentes los concursos de APPs? El ingeniero Guevara afirma que “las APP han sido de las obras más transparentes en la historia del Estado” . Pero hay hechos que cuestionan seriamente esta perspectiva. ¿Se han estudiado diversas maneras de resolver una necesidad social, además de considerar varias formas de obtener financiamiento? Estas no son cuestiones que se puedan discutir en lo general, sino que requieren la presentación de datos, alternativas y argumentos técnicos, políticos y sociales basados en ellos. Por eso se requiere tiempo.

¿Estamos de prisa? Conviene recordar que la LAPP se promulgó desde 2014 y que, por lo tanto, llevamos más de tres años de retraso en un ejercicio de comunicación que nuestros funcionarios debieron haber iniciado (ellos, no los ciudadanos) desde entonces.

Un cuarto punto fundamental: discutir de manera puntual el asunto financiero inmerso en los contratos APP que ya fueron concursados y otorgados.

Si el Gobierno del Estado quiere que se le dé un voto de confianza en el rubro de las finanzas, en lugar del voto de desconfianza que en estos momentos su proceder le ha proporcionado, tiene que estar dispuesto a que varios expertos diseccionen el entramado financiero que ya está en blanco y negro en los contratos en cuestión.

Se tienen que dar cuenta que es natural que los ciudadanos desconfiemos de aquellos gobernantes que inclusive en el discurso confunden su rol de servidores públicos y su rol como empresarios. El servicio público tiene una ética diferente al emprendedurismo empresarial, y es conveniente que así sea por el bien común.

Finalmente (por el momento), es conveniente que el Gobierno del Estado dé muestras genuinas de que está dispuesto a escuchar a aquellos que lo cuestionan.

Los ciudadanos que nos tomamos el tiempo (y no poco) para localizar, leer y estudiar documentos relacionados con el tema de las APPs, no somos responsables de construir alternativas desde cero. Los funcionarios del Gobierno del Estado reciben un sueldo precisamente para hacer dicho trabajo, y no es válido descalificar los argumentos proporcionados bajo la observación de que no van acompañados de una propuesta alternativa.

¿Qué ganan estos funcionarios estatales propinando a los ciudadanos que los cuestionan adjetivos como activistas de ocasión, interesados en no entender, políticos y partidistas, personas interesadas en confundir y mentir a la gente, críticos sin propuestas inteligentes, no-ingenieros, no-financieros, faltos de experiencia en manejar ni siquiera un crédito, personas que no han siquiera leído los documentos pertinentes, actores de circo, culpables de no buscar la información donde sí está, mañosos y, para rematar, enemigos de la iniciativa privada?

¿No se dan cuenta nuestros funcionarios que mientras más intentan descalificar gratuitamente a sus críticos más desconfía la ciudadanía de ellos?

Si en fechas próximas el Gobierno del Estado busca establecer un diálogo y debate sistemáticos alrededor de las APPs, para lo cual habría que sentarse con los diferentes actores participantes a definir una agenda de trabajo que incorpore las dimensiones social, jurídica, política, técnica y financiera, entonces habrá valido la pena el debate al que nos hemos referido. Ojalá y así sea.

Imagen de portada: Aprende a bebatir/Linkedin-internet

*Jesús Francisco Galaz Fontes, es profesor de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)