Agua desalada en Ensenada sube de valor 412% en 6 años. ¿La deuda del estado por ello?, en la opacidad

A casi seis años de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el gobierno de Baja California concesionaron a la iniciativa privada internacional la construcción y operación por 20 años de una planta desalinizadora en la ciudad de Ensenada, el costo de operación y venta por metro cúbico de agua potable en esa planta creció al menos 412 por ciento sobre su valor inicial.

Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos

Ensenada, BC., a 16 de octubre del 2017.- Y la deuda que el gobierno del estado contrajo con la trasnacional española GS Inima Environment, filial de la compañía surcoreana GS Engineering & Construction -ambas integrantes del consorcio español multinacional Obrascon Huarte Lain (OHL)-, para pagar el agua que la desalinizadora le venderá a partir del 1 de enero del 2018, aparentemente será de al menos dos mil 700 millones de pesos.

Esa cantidad, que será el ingreso mínimo que GS Inima obtendrá del régimen de concesión que el 6 de diciembre de 2011 adjudicó la Comisión Estatal del Agua (CEA) a su filial “Aguas de Ensenada, S.A. de C.V.», representa una utilidad para la constructora española al menos dos veces superior al costo de la inversión para edificar la planta: 520 millones de pesos, de los cuales al menos 163 millones los aportó el erario mexicano a fondo perdido.

Fue el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) Carlos Loyola Peterson, ex candidato perdedor del Partido Acción Nacional (PAN) a munícipe local en el proceso electoral estatal 2016, quien fijó el valor del metro cuadrado de agua desalinizada para este año luego de fracasar el proyecto para “metropolizar” el sistema de abasto de agua potable en la zona costera de Baja California, que abarca los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Ensenada.

Dijo que al fallar el sistema de metropolización de los organismos que administran el agua en los cuatro municipios costeros, plan que estaba incluido en la fracasada Ley estatal de Agua, Ensenada se quedó sola para enfrentar el gasto de abastecimiento de agua potable con la desalinizadora y el acueducto de flujo inverso Tijuana-La Misión-Ensenada, que este año sumará una deuda de 130 millones de pesos tan sólo en lo que se refiere a la segunda fuente de suministro.

Asimismo, se confirmó lo que en enero de este año dijo a los integrantes del grupo “Los Madrugadores de Ensenada”: que el precio del metro cúbico de agua de la desalinizadora costaría al estado 18.47 pesos.

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Esta cifra contrasta con el costo variable que la concesionaria española originalmente presentó a la CEA y a la CONAGUA para ganar la licitación del proyecto: 4.49 pesos por metro cúbico, precio contenido en el Anexo VII.5. (“Desaladora de Ensenada”) de la Memoria Documental del Programa (federal) para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 2007-2012, de la Comisión Nacional del Agua.

En el transcurso de los pasados cinco años y medio, el costo aumentó paulatinamente conforme se retrasó la construcción e inicio de operaciones de la planta: de 4.49 pesos en 2011 a ocho pesos en 2012, a 10 pesos en 2013, a 13 pesos en 2014 y a 18.47 en enero de 2017.

A la fecha ni la CESPE, ni la CEA ni la Conagua publican la actualización del precio que pagarán a la trasnacional española por cada metro cúbico que les provea.

Tampoco transparentan las modificaciones que sufrió el Contrato de Entrega de Agua en Bloque (compraventa de agua potable), de fecha 23 de abril de 2012, que contiene las contraprestaciones que el gobierno estatal pagará a GS Inima Environment en calidad de deuda pública.

Este documento hoy quedó totalmente obsoleto por el espectacular aumento  que se registró en el precio del agua desalinizada, hecho que ya hizo anunciar al director de la CESPE -Carlos Loyola- que para enero de 2018 el precio del agua en Ensenada registrará un aumento «drástico» para los consumidores residenciales, comerciales e industriales.

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Propone CANACINTRA abrir producción de agua potable a particulares

“Que el gobierno ponga las condiciones y el piso parejo para todos”: Jorge Cortés Ríos.

CANACINTRA / A los 4 Vientos

Ensenada, B.C. a 16 de octubre de 2017.-Que los gobiernos federal y estatal brinden las facilidades para cualquier empresa o particular pueda “producir” agua potable a partir de agua de mar, como una forma práctica de resolver el desabasto y controlar los costos de este vital elemento para la sostenibilidad social, propuso Jorge Eduardo Cortés Ríos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que abrir la oferta de agua a particulares sin generar monopolios como la APP que ya opera en Rosarito, es la forma más democrática y económicamente viable de asegurar el abasto de agua a largo plazo.

“Lo mismo se debe hacer con tratamiento secundario y terciario de las aguas residuales para reúso agrícola e industrial que actualmente se tiran al mar, con todas las pérdidas económicas que eso implica”, señaló.

A nivel nacional, dijo, industrias estratégicas como la del petróleo, gas, gasolina, otros energéticos, así como la generación de electricidad, ya fueron abiertas a la inversión, producción y comercialización por parte de la iniciativa privada, por lo que no hay razón de mantener monopolios en la industria del agua.

El industrial consideró que a de acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), ya se tiene un costo de 12.62 pesos por cada metro cubico de agua que se produce, cantidad que el organismo está dispuesta a pagar y en la que se incluyen los costos de energía, mantenimiento, conservación y amortización según comunico recientemente a los empresarios el director de la paraestatal, Carlos Loyola Peterson.

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“Ahora solo faltan los demás datos técnicos y abrir la oferta de agua a la iniciativa privada. Que el gobierno ponga claramente las condiciones de calidad, partes por millón de solidos disueltos (sales), volúmenes, presión y cualquier otra condicionante, para que, quien tenga la capacidad financiera y técnica, pueda producir y vender el líquido previa licitación transparente de los contratos de compra, y no como sucede actualmente con la opacidad que existe en la construcción de las desaladoras”.

Propuso que si en un tiempo razonable no hay una aceptable oferta de agua desde la iniciativa privada, entonces con las mismas condiciones se debe hacer una propuesta con inversión fiscal.

“Es muy importante resaltar que las condiciones deben de ser las mismas para privados que para el gobierno; si cambian para unos, también debe de ser para los otros a fin de que haya piso parejo para todos”, apuntó.

El dirigente de la Canacintra local señaló que de ninguna manera esta propuesta rompe con el control del agua por parte del gobierno, ya que de acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”

Informó que abrir la producción de agua para la agricultura y el consumo humano ya se da en todo el país.

Planta desalinizadora en San Quintín (Foto. Frontera)

“Un ejemplo son los agricultores de San Quintín, donde hay decenas de plantas desaladoras cuya producción se utiliza para el cultivo de la fresa y berries. Otro caso es el del suministro de agua en garrafón por parte de pequeños empresarios que han invertido en plantas potabilizadoras en muchas ciudades del país, o de transnacionales que embotellan millones de litros de agua por los que se paga de 6 a 45 pesos la botella con contenidos que van de 350 mililitros a 5 o más litros”.

Reiteró que la propuesta tampoco elimina a los organismos reguladores y operadores del agua como la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la CESPE, ya que éstas entidades públicas seguirán realizando las mismas funciones.

“Solo que sus fuentes de abastecimiento serán más y la oferta de precios puede ser mejor, sin que el gobierno tenga que invertir recursos públicos o empeñar el futuro de los bajacalifornianos por décadas (a través de mega endeudamiento)”.

La idea también resuelve el inconveniente del abasto, alienta la economía, brinda certidumbre al suministro, genera transparencia en el negocio del agua y  termina con las polémicas por la sospecha de que “algunos políticos o particulares favorecidos” lucren de manera ilícita.

“El gobierno solo debe tener voluntad política y comprometerse a comprar el agua necesaria a quien le ofrezca las mejores condiciones de calidad, precio y entrega. Teniendo el líquido se podrían alentar las inversiones en industria, comercio y turismo, entre otras actividades económicas que ahora no se pueden consolidar en Ensenada porque carecemos del recurso. Y hablo de plantas agroindustriales para proceso de alimentos, textiles y demás productos y servicios.”

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Coincide CONSULTEN-Ensenada con la declaración de Francisco Vega de que no aumentarán las tarifas del agua en Baja California

Revela que Ensenada tiene las tarifas comercial e industrial más caras de todo el país, según los datos de la Comisión Nacional del Agua.

Consulten / A los 4 Vientos

16 de octubre de 2017.- Así como el gobernador del estado Francisco Vega de Lamadrid negó la intención de solicitar un incremento a la tarifa del agua en Tijuana, también debe considerar seguir la misma ruta para Ensenada, consideró el Consejo Consultivo Económico de Ensenada (CONSULTEN).

“Hace unos días el mandatario estatal rechazó la intención de solicitar un aumento a la tarifa del servicio hídrico en la ciudad fronteriza; mucho menos en un 66 por ciento, como se publicó en la prensa”, destacó Carlos Ibarra Aguiar, presidente del organismo empresarial.

Agregó que si bien en unos meses más la planta desalinizadora de agua de mar comenzará a operar y suministrar el líquido a los habitantes de la ciudad de Ensenada, los consumidores no deben pagar por “años de malas gestiones y erróneos diseños de políticas hídricas».

En ese sentido, recordó que Ensenada tiene las tarifas comercial e industrial más caras de todo el país, inclusive por encima de Tijuana, con 44.96 pesos por metro cúbico, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Referente a la tarifa doméstica, la misma fuente señala que se ubica en los 14.23 pesos por metro cúbico, po lo que un aumento en los precios “irá en detrimento de la calidad de vida de los ensenadenses, además de inhibir la actividad industrial”.

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Ibarra Aguiar consideró que la mala administración de la paraestatal Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) derivó en una crisis operativa.

“La sobreexplotación de los mantos y la mala planeación, gestión, diseño y ejecución de las políticas hídricas, son algunos de los factores que explican la situación actual de desabasto en el municipio”, insistió.

Y consideró que en gran medida el problema tiene su origen en la esfera gubernamental, por lo que reconoció el nombramiento del ingeniero Carlos Loyola Peterson como director de la Cespe, ya que éste posee una visión más técnica que política de las necesidades y soluciones al problema.

“Confiamos en que el ingeniero Loyola Peterson pueda darle una nueva dinámica a la dependencia que encabeza, sobre todo que la haga eficiente en lo financiero y operativo”.

Finalmente opinó que “no hay agua más cara que la que no se tiene”, pero reiteró que la problemática del agua en Ensenada se debe, en gran medida, “a los yerros de los gobiernos, por lo que es tiempo de corregirlos.”

 

Reportaje de contexto: