Los ciudadanos: ¡A legislar en las calles!

Es inminente que el Congreso del Estado discuta y eventualmente apruebe la intención del Gobierno del Estado de convertirse en deudor solidario de los organismos estatales encargados del servicio de agua potable y alcantarillado de Baja California, las llamadas Comisiones Estatales de Servicios Públicos (CESP) con base en el llamado Decreto 57, aprobado ya por el Congreso del Estado en Diciembre de 2016 y al amparo de las leyes de Asociaciones Público Privadas (APP)

Armando Duarte Moller* / A los 4 Vientos

De concretarse lo anterior, el Gobierno de Baja California comprometería recursos públicos durante un periodo de 37 años, es decir, de al menos dos generaciones de bajacalifornianos, con el propósito de atender uno de los principales problemas del estado, la escasez de agua. Desde luego que la atención de este problema es loable, nadie cuestiona que las autoridades estatales se ocupen de ello. La pregunta es ¿Es esta solución, basada en un endeudamiento de alrededor de 80 mil millones de pesos, la más conveniente y razonable? ¿Es acaso la única posible?

Diversas voces se han levantado para señalar otras opciones que implicarían una menor inversión, con lo que queda claro que no es la única solución posible ni la más conveniente. Estas son voces autorizadas, pues se trata de estudiosos y conocedores del tema, que han reclamado la necesidad de analizar con el cuidado y la profundidad necesarias el problema para encontrar la mejor solución. No se trata pues de una oposición irresponsable.

¿Por qué entonces la decisión del Gobierno del Estado de continuar con su propuesta? Dado que ésta implica la participación de empresas privadas, que serían las que en el esquema de las APP realizarían las inversiones, administrarían la infraestructura construida y recibirían a cambio el pago de pagos mensuales durante los 37 maños de duración del contrato, se presume que lo que impera en esta decisión es la voluntad de hacer negocio con la supuesta solución del problema del agua. Solo es cuestión de considerar la cantidad de recursos involucrados, alrededor de 80 mil millones de pesos, para darse una idea del tamaño de las utilidades que las empresas privadas están considerando.

Un importante grupo de ciudadanos de Mexicali han dejado constancia pública deque no están de acuerdo con «las políticas que encubren los negocios de Francisco Vega», gobernador de Baja California, en el tema del agua y las AAP’s

Lo anterior, en principio, constituye una desnaturalización del concepto de servicio público, en el cual el fin de lucro debe estar ausente. Y tratándose del servicio de agua potable, esto es aún más evidente toda vez que dicho servicio está asociado a uno de los derechos humanos, el derecho al agua potable. En efecto, estamos ante un bien, que en economía pudiera catalogarse como no económico, es decir, cuya prestación no implica lucrar con ella, ya que es indispensable para la vida humana. En consecuencia, la propuesta del Gobierno del Estado va en sentido contrario al derecho de los bajacalifornianos a ejercer este derecho, toda vez que en este esquema de asociación con empresas privadas, el principio de utilidad o ganancia está garantizado, es decir, entra en conflicto con el derecho de los ciudadanos al agua potable. Las tarifas se encarecerán y los cortes al servicio por incapacidad de pago se colocarían a la orden del día.

¿Cómo evitarlo? La única manera es que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad y evitemos que el Congreso del Estado apruebe esta pretensión. Ya en enero de este año, las intensas movilizaciones populares obligaron a los diputados a dar marcha atrás a la Ley de Aguas aprobada un mes antes. Podemos decir que fue el pueblo quien legisló. Pues bien, es momento de hacerlo de nuevo. Salgamos a las calles a protestar ante esta pretensión de hacer negocios con las necesidades de la población, pero hagámoslo con tanta fuerza que el costo político para los diputados y sus partidos sea tan grande que los empuje votar en contra de la propuesta gubernamental. Aprovechemos la coyuntura que abre la elección presidencial del año entrante para hacerle sentir a los legisladores y a sus partidos que el castigo político será contundente.

Es preciso impedir que una institución, como lo es el actual Congreso de Baja California, tome una decisión de tal trascendencia a nombre de todos los ciudadanos, cuando fueron electos por una pequeña minoría. Recordemos que en los comicios en los que fueron elegidos, sólo votó el 30% de los ciudadanos, y esta votación se repartió entre los partidos participantes. No hay un solo diputado que haya sacado más allá del 10% del total de votos posibles en su distrito. En realidad estos diputados no representan al pueblo. El principio de representación, que sustenta nuestro sistema político, quedó en entredicho. Sus decisiones por lo tanto, son ilegítimas. Obliguémoslos en esta ocasión, como en enero, a votar de acuerdo a la verdadera voluntad popular.

¡Salgamos a legislar a las calles!

* Doctor en Estudios de Desarrollo Global por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, (UABC); docente en la misma universidad, en el Instituto McClaren de Pedagogía Crítica, y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde imparte las materias de Sociología de la Educación y de Políticas Pública.