GATILLO: mutilado para Ensenada, megadeuda para Baja California

La situación de inseguridad y la mediocridad de las autoridades a cargo de ésta parecen obstinados en aportar el material semanal necesario para la continuación eterna de esta humilde columna, misma que desde hace 3 meses viene registrando el conteo de los muertos que como municipio hemos ido apilando en el matadero.

Alberto Guerrero / A los 4 Vientos

¿La cifra de esta edición? 140 cadáveres, los últimos 4 cuerpos encontrados el lunes 25 de septiembre (entre ellos un dorso adentro de una bolsa negra), regalo del narcotráfico y el incremento de la violencia que viene acompañado por la presencia del crimen organizado en la entidad.

Muy interesante resulta la lectura del reportaje publicado por este medio el 22 se septiembre, donde se mencionan cuáles son los 5 cárteles responsables de tanta matanza: Familia Michoacana, Sinaloa, Arellano Félix, Jalisco Nueva Generación y Jalisco Neto Fonseca, quienes junto con por lo menos 12 bandas criminales aliadas han dejado el saldo de 6 decapitados (entre ellos 3 personas de la tercera edad).

Sin embargo, lo que más destaca en este trabajo periodístico es la ineptitud de las autoridades de los tres niveles para coordinarse en el combate a la delincuencia, pues cada instancia ha presentado informes con cifras distintas en cuanto a bandas criminales y objetivos ubicados, ¡mediocridad digna de las autoridades mexicanas de mayor calibre!

Curioso es ver cómo, a pesar de la gravedad de este escenario violento, nuestro empresario gobernador está más preocupado por imponernos una deuda de más de 80 mil millones de pesos, misma que los bajacalifornianos tendríamos que pagar en un plazo de 10 a 37 años, y cuya aprobación sólo se ha postergado gracias a las protestas del movimiento Mexicali Resiste.

La deuda va plasmada en el dictamen 94, que propone crear el C51 (con un débito por 750 millones de pesos), y el 95, que autoriza a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a los organismos operadores del agua de Tijuana, Ensenada y Mexicali a contratar deuda por miles de millones de pesos a favor de consorcios empresariales ganadores de contratos APP; ¿los costos de las desalinizadoras en Rosarito y San Quintín (dictamen 95)? Un endeudamiento público de $70 mil 740 millones de pesos (81 mil 904.12 millones de pesos con IVA), a pagar en un plazo de hasta 37 años. 

Tanto el Congreso como el gobernador han mantenido con firmeza la misma postura tiránica de principios de año. Es decir, gustan de ser los villanos de la historia, ponerse por completo el saco de “ratas”, enriquecerse a costa de empobrecernos a nosotros a y las generaciones venideras, atracar como la escuela política de la partidocracia mexicana les ha enseñado: en pocas palabras, están decididos a ser el enemigo público número del pueblo bajacaliforniano.

Al otro lado estamos los ciudadanos unidos y organizados, quienes hemos sido ejemplo de que el gobierno debe obedecer la voluntad popular y no crear leyes en perjuicio de la sociedad civil.

El ánimo no ha decaído, por el contrario, cada vez más bajacalifornianos despiertan a la realidad de que nos gobiernan empresarios neoliberales, y no políticos preocupados por su gente. Cada vez somos más quienes sabemos de la corrupción, el tráfico de influencias y el intercambio de favores que están detrás de las APPs.

Cada vez somos más quienes ya no nos vamos a dejar, y por el contrario, estamos dispuestos a gritar con firmeza: ¡No a la mega-deuda de Kiko Vega! ¡No a las Asociaciones Público Privadas! ¡No al arrebato de nuestro futuro!