AL FILO DE LA NAVAJA: Hipotecando a Baja California

El 19 de diciembre de 2016, el Congreso del Estado de Baja California aprobó, además de una Ley del Agua posteriormente abrogada, el Decreto 57. De acuerdo a este decreto, se autorizaba al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado para que se constituya en deudor solidario para el pago de las contrapercepciones acordadas para las empresas privadas titulares de los contratos de las Asociaciones Público-privadas respectivas.

Raúl Ramírez Baena* y Jesús Francisco Galaz Fontes** / A los 4 Vientos

Para ello, de ser necesario, la Secretaría de Planeación y Finanzas renunciaría, a través de un fideicomiso, a “la titularidad del derecho a recibir la totalidad por la recaudación y los ingresos del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP).” Así mismo, se podría “transmitir a dicho fideicomiso, cualquier otro ingreso que el Estado pueda afectar para dar cumplimiento a su obligación, incluyendo remanentes de la afectación de participaciones.”

Los contratos de Asociaciones Público-privados que ahora intenta aprobar el Congreso de Baja California con tres empresas privadas apoyadas por el Gobierno del Estado mediante el Dictamen 95, tienen que ver con los proyectos de desalinizadoras en Rosarito y San Quintín (altamente contaminantes de la biodiversidad marina) y el drenaje pluvial de Mexicali, mediante un endeudamiento público de $70 mil 740 millones de pesos a pagar a un plazo hasta por 37 años a razón de $162 a 149 millones mensuales, licitaciones que aprueba un Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público-privadas conformado sólo por funcionarios estatales.

Estas obligaciones draconianas, así como otros elementos característicos de las Asociaciones Público-privadas y de los contratos involucrados en el Decreto 57, han motivado a Mexicali Consciente, junto con otros grupos como Mexicali Resiste y Baja California Resiste, a organizar foros de discusión y, de una manera muy directa, a solicitar, justificación de por medio, la abrogación de dicho Decreto a través de una Iniciativa Ciudadana promovida por Mexicali Consciente, debidamente requisitada en base a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. Aunque ha habido presencia gubernamental en diversos foros en esta materia y se tiene por recibida dicha Iniciativa Ciudadana, en los hechos ha habido oídos sordos.

Mexicali Consciente se ha reunido con diputados locales e, inclusive, con el actual diputado Presidente del Congreso de Baja California, Edgar Benjamín Gómez Macías. En todos los casos ha sido recibido amablemente, pero más allá de ello, no se ha manifestado una verdadera voluntad política de discutir abierta y ampliamente la legalidad, legitimidad y pertinencia de estas figuras de financiamiento que, a nuestro juicio y el de muchos expertos en el tema, conllevan muchas más desventajas que resultados positivos para la población del Estado.

Imagen: E-consulta

Así las cosas, el pasado 9 de septiembre la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Baja California, aprobó el Dictamen 95, cuyo objetivo es corregir los errores del Decreto 57 para ajustarla a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y los Municipios. Así, trataron de llevar la corrección al pleno el miércoles 13 de septiembre. Ciudadanos inconformes con la perspectiva de tal aprobación invadieron el Congreso y la sesión se suspendió, aunque después el diputado Presidente argumentó que el punto no se iba a tocar, toda vez que no se había logrado un acuerdo previo.

No obstante, lejos de construir un espacio de diálogo para evaluar la pertinencia del Dictamen 95 y, con él, la de las Asociaciones Público-privadas y la de los contratos “pre-autorizados”, en una conferencia de prensa realizada el 23 de septiembre pasado en Tecate, el Gobernador del Estado Francisco Vega y el diputado Presidente del Congreso, junto con otros diputados locales, anunciaron que el dictamen en cuestión se pasará al pleno del Congreso en la próxima sesión y que no se permitiría ninguna protesta ciudadana que frene la sesión del pleno.

Afirma el Gobernador que el problema del agua requiere una solución y argumenta que los integrantes de Mexicali Resiste no han padecido la escasez de agua como los ensenadenses, y que la legítima demanda de estos ciudadanos requiere ser atendida. Nada más cierto, pero al haber proyectos alternativos de acueductos y presas para el municipio de Ensenada mucho más económicos, ¿será la solución impulsada por este Gobernador tan cuestionado en cuanto a su fama de empresario-político la mejor? ¿No tenemos los ciudadanos el derecho a solicitarle e, inclusive, a exigir al gobernador y a los diputados una discusión pública de los asuntos que implican la adquisición de una deuda formidable por más de 30 años? ¿No tenemos los ciudadanos el derecho a dudar de las buenas intenciones de unas figuras de financiamiento que posibiliten a la empresa de un senador en funciones, como Víctor Hermosillo Celada, ganar una licitación? ¿No tendrían los diputados la obligación moral de atender las demandas razonables de los ciudadanos que dicen representar?

Cierto, la ley, la fuerza política y las alianzas partidistas y empresariales de Kiko Vega le posibilitan alcanzar su objetivo de aprobar una serie de contratos de Asociaciones Público-privadas, y los diputados de esta legislatura pueden ayudarle en esto, pero todo indica que, sin una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, la legalidad de estas acciones no evitará que tengan un sonoro fracaso a la vuelta de los años y, lo más importante, que se adquiera una abultada deuda pública que hipoteque el futuro de la actual y de futuras generaciones.

 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.

 

** Jesús Francisco Galaz Fontes. Académico en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California UABC-Mexicali. Correo electrónico: galazfontes@gmail.com