Bandas de cinco cárteles trabajan incontenibles en BC. El gobierno las conoce, las ubica, pero no actúa contra ellas

En lo que va del año, el número de homicidios dolosos ocurridos en el municipio de Ensenada se ubicó casi al doble de la cifra total del 2016, pese a los programas de prevención y combate a este delito que hace dos meses implementó el gobierno local con el gobernador de Baja California Francisco Vega y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Un mensaje muy claro del Cártel de los Arellano Félix en Tijuana (Foto: Borderlandbeat.com)

Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos

Ensenada, B.C., 22 de septiembre del 2017.- El fracaso de la presunta estrategia coordinada de seguridad en el municipio más grande de México, que es espejo de lo que ocurre en el resto de Baja California, quedó en evidencia cuando el número de muertes intencionales se ubicó en 135 hasta el día de ayer, contra los 68 que se registraron en todo el año 2016.

La nueva cifra récord para Ensenada que representa un aumento del 99.3% sobre su anterior máximo histórico que precisamente era la cantidad que sumó en 2016, quedó sellada en la estadística de Incidencia Delictiva con 123 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con los números de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) al 31 de agosto.

A esa cantidad se sumaron 12 asesinatos que ocurrieron entre el 1 al 21 de septiembre para llegar a 135, de los cuales 71 se contabilizaron en la zona rural sureña del municipio.

Resalta el grado de crueldad y métodos de muerte que utilizaron algunos verdugos para liquidar a sus víctimas , entre ellos la decapitación, nunca antes cometida por los asesinos en Ensenada, que reportó seis casos de los cuales tres eran personas de la tercera edad -dos de ellas mujeres-.

De esta forma el municipio de Ensenada ocupó al 31 de agosto el segundo lugar en Baja California en el número de muertes premeditadas que se cometieron en todo el estado a esa fecha: mil 411 casos, en donde Tijuana ocupó el primer lugar con mil 72 homicidios, Mexicali tercero con 113, Playas de Rosarito cuarto con 71, y Tecate último lugar con 32 registros en el Ministerio Público.

Con estos resultados, la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes en Ensenada se ubicó en 25.27, dato sin precedente en la historia del municipio.

Foto: Síntesis TV

¿Y el ministro?

Lo peor para los porteños, al igual que para todos los habitantes de la entidad que viven en inseguridad, es que el encargado de la Política nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta hoy no cumple con su promesa -hecha en Tijuana el pasado 17 de julio- de regresar a Baja California 25 días después de esa fecha para supervisar los avances de los programas de seguridad que su oficina coordinaría con Vega de Lamadrid y los cinco presidentes municipales de Baja California.

En aquella mediática visita a Baja California, el secretario de Gobernación recibió informes policiales de que los tres niveles de gobierno tienen identificados “50 objetivos específicos” internos, y ocho más “externos”, como los responsables del alto nivel delincuencial que vive Baja California, pero que al no existir ordenes de aprehensión en su contra «no es posible detenerlos».

Curiosamente, 16 días antes del encuentro con Osorio Chong, el secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, informó que el llamado Grupo de Coordinación Baja California tenía identificado a ocho personas como los “objetivos” responsables de la inseguridad en todo el estado, y que en noviembre del 2013, cuando inició la administración de Francisco Vega, los “objetivos criminales” eran 44, de los cuales el 58% ya estaban detenidos.

“En la actualidad –manifestó entonces el funcionario estatal- hay 33 objetivos considerados como claves, pero solo son 8 los que orquestan los actos violentos en el estado, y que además están coludidos con organizaciones (criminales) de otras entidades del país.”

La disparidad en las cifras oficiales en torno al verdadero número de cárteles y grupos delictivos que operan en la entidad, finalmente llevaron al ministro de Gobernación a aceptar lo evidente para los habitantes de Baja California: la coordinación de los tres niveles de gobierno para combatir a la delincuencia está aún lejos de ser aceptable, como lo prueba el hecho de que la presencia de más de 200 elementos de la Gendarmería federal en Ensenada. que llegaron al municipio en los últimos días de julio según pregonó el presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna, no marcó ninguna diferencia en la incidencia de homicidios dolosos.

De hecho, en agosto Ensenada rompió su récord histórico de muertes deliberadas por mes al reportar 21 casos, es decir una más que la anterior marca histórica en junio de este año.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Tijuana una reunión del Gabinete de Seguridad. Aún esperamos su regreso para «evaluar» lo evidente: el fracaso de las instituciones federales y del estado en el combate a la delincuencia organizada en Baja California. A su lado Francisco Vega (Foto. Notimex)

Los conocen, pero no actúan

A los 4 Vientos conoció que desde enero de 2016 la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reportó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las fuerzas armadas de México, que en Baja California son dos los cárteles de la droga que disputan violentamente la venta y traslado de narcóticos: el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, la PGR indicó en un informe de transparencia para el diario Milenio -se publicó en marzo de este año-, que aparte de los dos cárteles citados por la DEA operaban en Baja California el de los hermanos Arellano Félix y el de los Beltrán Leyva, estos últimos eventualmente a través de miembros de las bandas «El Panchillo”, “El Dos Mil”, “Los Granados”, “Los Rojos”, «Los Ardillos”  y “La Oficina”.

Para esa misma fecha un estudio de inteligencia hecho por la Secretaría estatal de Seguridad Pública ubicó a cinco cárteles, y por lo menos a 12 bandas criminales operativas aliadas con los capos de los grandes sindicatos criminales, como los que estaban en guerra «por el control» del estado.

El reporte estatal incluyó a los cárteles de la Familia Michoacana, Sinaloa, Arellano Félix, Jalisco Nueva Generación y Jalisco Neto Fonseca (Carrillo).

De las bandas criminales el reporte identificó a las de “El Aquiles”, “El Misa” (Misael Frías Ochoa),  “El Tigre”, “El G1”, “Juan Manuel Balderas Páez”, “La Plaga”, “Los Duques”, “Los Erres”, “María Leticia Medina Guzmán” (Lety), “Hugo Iván Rivera Gómez” (conocido también como Pacho, Padrino y Diez), “Pluma Blanca” y “Javier López Ríos” (Tito Torbellino).

Previo a ese informe (septiembre de 2015), un documento desclasificado de la DEA (clave DEA-DCT-DIR-064-15) señaló a ocho grandes cárteles del narcotráfico que operan en el territorio mexicano, entre los que citó con presencia o dominio en Baja California al de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación.

Imagen: Mulpix

Y en abril de este año, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de Justicia (PGR) informó en un estudio «clasificado» que el cártel de Sinaloa, al que también identifica como cártel del Pacífico, tiene como grupos armados a las bandas de “El Aquiles” y “El Tigre” en Baja California.

Y del Cártel Arellano Félix, al que también identifica como cártel de Tijuana, destacó que tiene tres “brazos armados” en el estado peninsular: “El Chan”“El Jorquera” y “El Kieto”.

Todos estos grupos criminales, y otros no identificados en los reportes especiales de la DEA, la PGR y la SSPE, son los que al llevar su violenta confrontación a toda la geografía de Baja California, provocaron  que hasta el pasado 31 de agosto la entidad tenga una de las tres cifras más altas en la estadística criminal nacional.

Y lo hacen con plena impunidad.