Segundo «frenón» en el congreso a la intención de crear megadeuda para BC

Por segunda ocasión en este mes, integrantes del movimiento Mexicali Resiste impidieron que el Congreso de Baja California aprobara los dictámenes 94 y 95 de la comisión legislativa de Hacienda que suscriben una deuda pública por más de 80 mil millones de pesos, pagaderos en un plazo que va de 10 hasta 37 años.

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Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos

21 de septiembre del 2017.- Lo hicieron al presentarse en la sesión parlamentaria de ayer y protestar abiertamente por lo que el vocero de la organización social –León Fierro- calificó como “un atraco, una estafa terrible, un endeudamiento escandaloso, inverosímil e inaudito” que afectará la calidad de vida de la sociedad, y ahorcará financieramente a las próximas seis administraciones públicas de la entidad.

Los diputados sólo consiguieron aprobar un exhorto a los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión (federal), para que estos a su vez pidan al Instituto Nacional Electoral (INE) que “un porcentaje de las prerrogativas que perciben los partidos políticos nacionales, de manera extraordinaria”, se canalice a las víctimas y a las Instituciones encargadas de mitigar y resolver algunos de los efectos y daños producidos por el terremoto del pasado 19 de septiembre.

Al término de la sesión que se desarrolló en medio de gritos de los protestantes a los legisladores estatales, el abogado Alejandro Rivera, asesor legal de Mexicali Resiste, manifestó: “Está claro que no existe un consenso en la Junta de Coordinación Política (del poder legislativo estatal) y por eso no pueden subir el acuerdo al Pleno del congreso”.

Explicó: “El PAN está negociando con los diputados y dirigentes del PRI, Convergencia, PT y PRD, y lo hacen con el sabor del dinero porque (aprobar los dictámenes) es un tema que le es trascendental.”

Asimismo, reveló que si bien el contrato de servicios plurianual para crear el sistema integral de infraestructura e interconexión tecnológica para la seguridad del estado -conocido como “C51”-, no es una Asociación Pública Privada (APP), sí contempla un gasto similar al de uno de esos convenios de corporación.

“En el dictamen del fallo de la APP original, la compañía que había sido ganadora tenía un presupuesto de 17 millones de pesos, de los cuales 3.5 millones estaban dedicados a inversión fija y los 13.5 restantes eran para mantenimiento y operación del C51.

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“Ahora, como quitaron la palabra ‘operación’ del contrato anual, sólo queda mantenimiento e inversión fija para dejar el pago en cinco millones de pesos, que es la cantidad (de deuda) que está presupuestando la Secretaría General de Gobierno anual”.

Con esto, explicó el abogado, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid quiere engañan a la sociedad diciendo que al retirar el objetivo de “operación” en el contrato original, el gobierno estatal pagará menos a la empresa concesionaria.

“Pero se trata de una vil mentira, en donde involucran una supuesta transparencia y la quita de una APP cuando el monto del débito es exactamente el mismo”.

Respecto al nuevo fracaso de los diputados que buscan aprobar ambos dictámenes –el 94 resuelve crear el C51 con un débito por 750 millones de pesos, y el 95 autoriza a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a los organismos operadores del agua de Tijuana, Ensenada y Mexicali a contratar deuda por miles de millones de pesos a favor de consorcios empresariales ganadores de contratos APP-, Rivera destacó:

“No creían que íbamos a venir, y ahora se quieren rasgar las vestiduras con el tema de las desgracias en el centro y sur del país cuando muchos de los partidos que están representados en el congreso, son los responsables de lo que está pasando allá.”

Se refirió al exhorto hecho ayer por los diputados locales a los senadores y legisladores federales para que pidan al INE dar -de manera extraordinaria- un porcentaje de las prerrogativas de los partidos políticos a la atención de la emergencia telúrica, así como a la petición de que todos los que integran el poder legislativo de Baja California se solidaricen y contribuyan de manera voluntaria con los damnificados por los desastres.

Esto sin que los congresistas definieran el monto del porcentaje a donar y sin reparar que la semana pasada el INE determinó que es ilegal cualquier intento de entregar esos recursos a otros fines que no sean el financiamiento electoral y operativo de los partidos y los candidatos independientes; además, sin reparar en el contexto de presión social que éste día por la mañana se convirtió “viral” en la internet cuando se solicitó usar el dinero público de los partidos para 2018 –casi 25 mil millones de pesos- en “la reconstrucción del país” tras los sismos, huracanes e inundaciones.

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La protesta de Mexicali Resiste se había fortalecido en los últimos días cuando sorpresivamente el diputado panista Miguel Antonio Osuna Millán, hermano del ex gobernador José Guadalupe, rechazó públicamente aprobar los dictámenes 94 y 95 de la Comisión de Hacienda.

El 17 de septiembre dijo que rechazará aprobar el dictamen 95 -contempla las formas de pago a las empresas que construirán, financiarán y operarán las plantas desalinizadoras aprobadas por Vega de Lamadrid- porque Baja California tiene agua para abastecer a la población hasta el año 2028, por lo que “es innecesario contratar recursos para obras de infraestructura que solo dispararían la deuda” del estado.

Y del dictamen 94 dijo que lo rechaza porque la documentación técnica que lo sustenta es insuficiente y “por lo tanto, es inviable dicho contrato.»

Además preguntó: «¿Qué técnico avala transitar de un proyecto de APP por 3,224 millones de pesos a pagar en 25 años, a otro de 750 millones de pesos a pagar en 10 años bajo la figura de contrato plurianual?”

Y categórico afirmó: “La seguridad pública requiere atención prioritaria en Baja California. La solución no está en el uso de la tecnología sino en la voluntad política de los gobiernos federal, estatal y municipal.”

Por su parte, León Fierro declaró que de aprobarse los dos dictámenes la deuda del estado sería de más de 80 mil millones de pesos, algo “escandaloso, inverosímil, inaudito, aunque ellos (los diputados) saben que la sociedad no permitirá que saquen adelante este atraco, esta estafa terrible” que además provocará aumentos en los precios de los servicios públicos, en los impuestos y en los derechos que cobra el gobierno.

Fierro y Alejandro Rivera concluyeron informando que Mexicali Resiste estará presente en la última sesión del congreso -jueves 28 de septiembre- antes de que Francisco Vega presente su cuarto informe de gobierno.

“Nos volveremos a manifestar con argumentos sólidos para explicar por qué pedimos la cancelación de los contratos APP que nos van a endeudar 10 y hasta 37 años; es decir, una deuda que los próximos seis gobiernos estatales no terminarán de pagar y que la sociedad resentirá con reducciones importantes en el gasto público para sectores prioritarios como la educación, la construcción de aulas escolares, el pago de sueldos y prestaciones a los maestros, nuevos hospitales, medicinas y contratación de médicos especialistas, entre otros muchos temas.”