Sobre dioses, congreso y ejecutivo

El sistema político mexicano reconoce tres poderes que, de manera conjunta y coordinada, deberían hacer posible que el país funcionara de manera justa, ordenada y respetuosa de la ley. Tal poderes son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mientras que el poder ejecutivo reside en el presidente (titular del gobierno y jefe del Estado), el poder legislativo se materializa en un congreso que dice representar a los ciudadanos, sirve de contrapeso al poder ejecutivo y formula y/o aprueba las leyes que nos rigen. Finalmente, el poder judicial tiene la responsabilidad de proteger el orden constitucional del país y, al mismo tiempo, impartir justicia.

Jesús Francisco Galaz Fontes* / A los 4 Vientos

Una de las justificaciones e idea central de esta división de poderes es la suposición de que nuestro presidencialismo, en ausencia de poderes legislativo y judicial autónomos, se deslizaría hacia un sistema político autoritario y peligrosamente dictatorial cuyas decisiones estarían basadas, cada vez más, en la perspectiva e intereses del poder ejecutivo, tal como sucedió en tiempos de Porfirio Díaz.

En Baja California muchos ciudadanos vemos la división de poderes en el estado como una aspiración que, sobre los hechos, se ha convertido en un mal chiste, en una pantomima. Esto es, consideramos que el congreso y el poder judicial no constituyen poderes autónomos.

Mientras que al poder judicial se le identifica con la voluntad del gobernador, al congreso, lejos de considerarlo como la representación de la ciudadanía, se le ve como uno de los espacios privilegiados desde el cual los partidos políticos implementan su agenda para retener o para ganar el poder ejecutivo. Lo importante en el congreso no es legislar teniendo en mente el interés de la población, sino negociar y controlar para seguir subiendo la montaña del poder, y en este esfuerzo la “ciudadanía” y el “interés público” no pasan de ser eslóganes útiles a la hora de los discursos y la búsqueda y/o compra del voto.

Sea como sea que hayamos llegado a esta situación, no se necesitan muchas luces para darse cuenta que la ciudadanía no confía en los poderes de la unión; no cree, por más que se invierte dinero en campañas publicitarias para convencernos de ello, que el gobernador, el congreso y el poder judicial, tengan en el centro de sus preocupaciones, el interés público. Muy al contrario, piensan que ocupar algún puesto directivo en las dependencias correspondientes es, prácticamente, sinónimo de insensibilidad social y corrupción.

En las pláticas privadas se compite por ver quién cuenta, siempre aduciendo fuentes informativas de primera mano, la historia más negra sobre nuestros gobernantes.

La confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y gobernantes está estrechamente relacionada con la legitimidad que les reconocen y, así mismo, con la disposición a comportarse de acuerdo a la ley. Cierto es que actuar fuera de la ley puede reflejar un “simple” acto delictivo, pero cuando, como en el caso de Baja California y, más particularmente Mexicali, se llevan ya más de ocho meses en los que diversos grupos reclaman ser tomados en cuenta; cuando expertos y no-expertos han organizado foros y elaborado un sin número de escritos sobre las cuestiones que se debaten, y solicitan que los poderes públicos transparenten, discutan más ampliamente y reconsideren sus decisiones; cuando un día sí y el otro también afloran evidencias del tráfico de influencias y el intercambio de favores entre los miembros de los grupos gobernantes; cuando el ejecutivo y el congreso se esconden de la gente para tomar decisiones; ¿no es un tanto cuanto miope seguir calificando como delincuentes a estas personas que tienen la osadía de ir uno o varios pasos más allá de los límites que el gobernador, el congreso y el poder judicial establecen para que se les pueda dejar hacer sus actividades sin ser incomodados?

¿Dejarlos trabajar solos cuando una y otra vez se ha visto cómo sus intereses personales y de partido están antes, mucho antes, que los intereses de la población? ¿Es razonable esperar que quienes se van a ver afectados por sus decisiones se resignen a no tener voz y, mucho menos, capacidad para participar en la toma de decisiones? ¿El gobernador Francisco Vega representa legítimamente a la ciudadanía bajacaliforniana? ¿Tiene el congreso estatal su representación legítima? ¿Es realmente el poder judicial neutral en la aplicación de la ley?

La semana pasada, entre otros eventos, observamos cómo el gobernador intentó, principalmente a través de los diputados de su partido, que el congreso aprobara asociaciones público-privadas que representarían obligaciones financieras adicionales para los dineros públicos que, conviene recordar, provienen de nuestros impuestos. La iniciativa avanzó, hasta que fue detenida por vía de los hechos, como si nada de lo que ha acontecido en el estado en estos últimos ocho meses hubiera pasado; como si nada, absolutamente nada de lo discutido tuviera alguna pertinencia para el caso de tan cuestionadas figuras de financiamiento; como si todas las manifestaciones de repudio hubieran tenido lugar en algún otro planeta.

¿Es esta la forma en que nuestros gobernantes escuchan a la ciudadanía del estado? ¿Estarán sordas nuestras autoridades? ¿Pensarán que son dioses o semidioses a los que se les debe reconocer la capacidad de hacer y no hacer lo que les venga en gana, incapaces de cometer errores? ¿O es que su afán de hacer negocios se ha desbordado a tal grado que no les importa ni la confianza ni la legitimidad de la ciudadanía? ¿No sería más razonable, en lugar de estar trabajando en contra de la ciudadanía (y de gastar no poco dinero en ello), elaborar e implementar una estrategia para incorporar a todos los interesados a una discusión colectiva en la que, partiendo de un pequeño conjunto de principios, empezáramos a reconstruir la confianza en nuestras instituciones públicas?

Foro sobre Asociaciones Públicas Privadas. Foto: Internet

Consideremos que en ocasiones hacer un alto en el camino es mucho más conveniente que seguir avanzando a toda prisa, sobre todo si el camino que estamos siguiendo parece conducirnos al precipicio.

Imagen de portada: “¡FUERA KIKO VEGA!”, han gritado reiteradamente en las marchas de Baja California. Esta imagen corresponde a un mitin en Ensenada. Foto: Edgar Lima

*Jesús Francisco Galaz Fontes. Académico en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California UABC-Mexicali.

galazfontes@gmail.com