GATILLO: denuncias, movilizaciones y acciones legales, ¡BC combativa!

Fuertes críticas a diversas autoridades llovieron esta semana, señalamientos necesarios que ponen en evidencia la incompetencia, mediocridad y prepotencia de varios funcionarios públicos y dependencias que no se merecen servirle al pueblo.

Alberto Guerrero / Foto de portada: Animal Político, manifestación en Tijuana Enero 2017

Entre estas personalidades podemos mencionar al “Virrey del puerto” que está a cargo de la Administración Portuaria Integral de Ensenada S.A. de C.V: Héctor Gonzalo Bautista. Fue la diputada Agatón quien hace unos días hiciera notar que este sujeto lleva 20 años sin pagar el predial, ¡imagínese usted cuántos millones no le debe al municipio!

Además declaró que este funcionario se ha destacado por abusar de los pescadores ejerciendo una actitud prepotente y creyéndose los dueños de la zona federal. Habrá que estar atentos para ver si las intenciones de la diputada llegan sólo hasta el discurso o si de verdad tomará cartas reales en el asunto.

Otra figura que expresó su descontento en los días pasados fue el presidente de la CANACINTRA en Ensenada, Jorge Eduardo Cortés Ríos, quien exigió a las autoridades que pongan un alto al incremento de la violencia en la entidad, pues en lo que va del año ha habido más de 1000 ejecuciones en el estado, con un aproximado de 800 en Tijuana y 100 en Ensenada.

Cortés Ríos enfatizó que las autoridades tienen presupuesto suficiente para actuar, y para ello dio cifras contundentes: a nivel estatal la Secretaría de Seguridad Pública dispone de un presupuesto de mil 936 millones 360 mil 917 pesos; la Procuraduría General de Justicia tiene mil 675 millones 180 mil 709 pesos, y el Poder Judicial 942 millones 511 mil 147 pesos, por lo que no hay justificación para no dar mejores resultados. 

Así mismo, en el municipio la Dirección de Seguridad Pública tiene 297 millones 681 mil 216 pesos, lo que significa el 20% del gasto municipal. Cantidades exorbitantes para los resultados mediocres en el combate a la delincuencia.

A nivel estatal la acción vino de los ciudadanos cachanillas, quienes organizados bajo el movimiento Mexicali Resiste iniciaron el miércoles pasado una manifestación para frenar el traslado de grandes tanques donde la Constellation Brands pretende almacenar entre 7 y 9 millones cúbicos de agua para la producción y exportación de cerveza.

En una muestra de dignidad, organización y persistencia, los miembros de esta agrupación ciudadana siguen plantándole cara a los intereses del gobernador Kikocorruptor y las empresas que miran en este gobierno la oportunidad perfecta para negociar con los derechos humanos de los bajacalifornianos.

En una columna publicada esta semana por el derechohumanista Raúl Ramírez Baena se pone el dedo en el renglón central de este asunto:

“¿Por qué se instalan trasnacionales en territorio mexicano? Es evidente que se debe a las ventajas para esas empresas por la mano de obra barata, los servicios públicos asegurados, las exenciones y estímulos fiscales y el aprovechamiento de recursos naturales como el agua. A pesar del doble discurso populista de Trump, empresas como Constellation Brand y Sempra se instalan en la frontera mexicana porque en los EUA no cumplen con los estándares en materia ambiental y la mano de obra resulta ser más cara.”

A la par de la movilización social, las acciones legales del Comité Ciudadano en Defensa del Agua obtuvieron una contundente victoria esta semana, al recibir de un juez la confirmación de cancelación definitiva del acueducto Villa Hermosa-Mexicali, de 47.5 kilómetros de extensión, que tendría una capacidad de conducción de hasta 20 millones de metros cúbicos de agua al año e implicaría una inversión pública (sí, pública) superior a los 440 millones de pesos, todo para que Constellation Brands pudiera robarnos el agua.

Sin embargo, el vocero del Comité Ciudadano, Rigoberto Campos, advirtió que ahora la trasnacional buscará otras vías para abastecerse de agua, por lo que la lucha social y legal todavía no termina. Pareciera ser que la única manera efectiva de terminar con este intento de privatización es desterrando a Kikorruptor del poder y metiéndolo a la cárcel.

Esta semana se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, aparente fachada del combate a uno de nuestros peores males, ¿por qué los diputados locales no demuestran la efectividad de este sistema —junto con la revocación del fuero que aprobaron hace uno meses— quitando a nuestro verdugo de gobierno del estado?

Cierro el gatillo semanal recomendando los siguientes artículos sobre la problemática del transporte público en Ensenada, golpe mafioso de funcionarios públicos traidores vendidos a los negocios, tal como la mayoría de los políticos mexicanos.

Confío en que con la información aquí presentado, los lectores vean que su indignación es totalmente legítima, pues un transporte tan deplorable y un servicio tan mediocre como el que tenemos en la ciudad no merece cobrar 13 pesos. Las razones las pueden leer a continuación, la organización y la defensa de los derechos ya es cosa de unir voluntades, ¡no nos dejemos, fuera concesionaros gandallas!