El nuevo Sistema de Justicia Penal y su nicho de oportunidad

Hay una constante crítica al nuevo sistema de justicia penal, sin reparar en los avances que ha significado y el nicho de oportunidades que el sistema brinda dentro de la política criminal.

Osvaldo Medina Olvera*

Cabe decir que con la reforma al modelo educativo en las facultades de derecho en las que se han eliminado materias de corte científico – dogmático- filosófico; la ciencia del derecho se empobreció para dar paso a otras ciencias de corte criminológico. Nada malo ésto último, pero se abandonó la ciencia jurídica en la que se enfatizaba los ideales de justicia, la teoría de justicia.

A nadie escucho hablar de John Rawls y su nada fácil de asimilar “Teoría de la Justicia”. Quien esto último ha leído tendrá un mejor panorama de lo que es ahora el estadío socio jurídico en el que se encuentra el incipiente desarrollo del sistema penal acusatorio adversarial; ahora conocido como “nuevo sistema de justicia penal”.

Pero como preámbulo al tema se debe considerar históricamente y concretamente en 1916, previo a la promulgación en febrero de 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la exposición de motivos de ésta se propuso dentro del proyecto de nación y para mejora de la justicia, que nuestro país abandonara el sistema inquisitorio en materia de justicia penal para abrazar el sistema acusatorio adversarial.

La repuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que las instituciones de aquel entonces no estaban preparadas para ése cambio de paradigma, y como consecuencia de tal postura vivimos cerca de noventa años bajo el esquema inquisitorio del sistema penal.

Pero fue en la última década del siglo pasado que un grupo de juristas (o aquellos comprometidos con la justicia) en todo el país, decidió impulsar el cambio bajo la premisa de que el sistema penal era abusivo y que, entre algunas de sus consecuencias se encontraban que:

– La verdad procesal pocas veces coincidía con la verdad histórica. Es decir, no importaba buscar la verdad hasta su mínimo detalle;

– Que el principio de inocencia era letra muerta y que mucha gente inocente se encontraba en prisión;

– Que además, se estaba abusando de la medida de prisión y se dejaba de lado las alternativas a la pena de prisión.

Si mal no recuerdo, esos eran los reclamos entre otros y la suma de ellos arrojaba como resultado una justicia burocratizada, impersonalizada y con poca funcionalidad. Por eso se demandó el cambio: para lograr una justicia de calidad, para modernizarla en base a modernos procesos científicos y con apoyo de medidas alternativas a la prisión.

Sin embargo, la política criminal se aletargó y se apostó a una sola bolsa para garantizar un tipo derecho que no estaba entre los fines de la reforma: el de la Seguridad Pública.

Atención: con la reforma se buscó aumentar la calidad de la impartición de la justicia, pero no incluía todos los aspectos relacionados a la Seguridad Pública. Debe entenderse que son temas distintos y que se abordan aparte, los relacionados con la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia.

Quien comprenda la Teoría de la justicia (Recomiendo a abogados la lectura a John Rawls) entenderá ahora que la impartición de Justicia ha mejorado gracias al nuevo sistema de justicia penal.

La pregunta surge. Si el sistema de justicia penal y la impartición de justicia han cambiado para mejorar ¿cómo es que ha aumentado la inseguridad y la comunidad? La respuesta no es tan simple pero comprensible: El sistema fue diseñado para mejorar la calidad en la impartición de la justicia como se persiguió en una etapa inicial:

Por eso o jueces respetan el principio de inocencia y se niegan a sujetar a proceso a persona sobre las que no se tienen un mínimo de evidencia de la que se desprenda que una persona haya participado en un hecho delictivo. Porque se buscaba de los jueces con el nuevo sistema, que eso hicieran. Que a eso se dedicaran.

Por eso los jueces conceden la libertad a las personas a las que se les imputa un delito sin que se haya anunciado a ellos las pruebas con las que se demostrará la responsabilidad de una persona en un hecho delictivo.

Porque lo que con el nuevo sistema se pretendía (y hoy se logra) es que el principio de inocencia se respete y se impida que a un individuo se imponga un castigo anticipado y en cambio, se le permita su defensa penal en libertad.

Recordemos también que nos quejábamos de la sobrepoblación penitenciaria y se anotaba que en ellas se encontraban personas encarceladas, pero sin sentencia. Todo eso porque se buscaba con ello la calidad en la impartición de la justicia.

Atención al punto de nueva cuenta: No se buscaba con el nuevo sistema la seguridad pública ni la procuración de la justicia; sino la calidad en la impartición de justicia.

Las tareas relativas a la seguridad pública y la procuración de la justicia no era objetivo del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, mejorar la calidad de la justicia ha tenido efectos (consecuencias) tanto en la Procuración de Justicia como en la seguridad Publica; pero eso fue algo previsible y esas consecuencias debieron ser previstas por quienes se encargan del diseño de las políticas públicas relacionadas con la política criminal.

Por eso refiero que la política criminal se aletargó, durmió el sueño de los justos en las instituciones diseñadas para ello, generando paradójicamente, injusticia e inseguridad.

Como consecuencia del nuevo sistema de Justicia penal, las policías debieron prever que muchas personas que delinquían, podrían enfrentar los procesos en libertad y debieron considerar que para enfrentar situaciones como ésas, las policías cuentan jurídicamente con otros mecanismos de control social sobre personas que se encuentran en esa situación; entre ellos, un sistema de vigilancia para observar que las condiciones de libertad impuestas al individuo, se cumpla.

La persona que se encuentra enfrentando un proceso penal en libertad se encuentra sujeto a condiciones que pueden (deben) ser supervisadas por la propia policía. Y es que eso era algo que las policías preventivas no hacían. Solo turnaban a la autoridad competente y se olvidaban del caso y de la persona.

Con el nuevo sistema, el espectro de la prevención del delito se amplió, pero las policías no alcanzan aún a comprenderlo. Mucho menos a implementar esos mecanismos de vigilancia que se traducen en prevención. Lo que ocurre es que aún se sigue pensando en enviar a la cárcel a las personal para pasar al olvido del hecho.

Como consecuencia del nuevo sistema de justicia penal, las policías debieron prever que para demostrar la comisión de un delito, deben conocer ahora y en aras de la mejora de la impartición de justicia, procedimientos novedosos que permitan preservar evidencias y otros procedimientos que significan herramientas útiles para vincular científicamente los hechos con el autor del delito.

Lo anterior obliga a que las policías deban desligarse de un pensamiento inquisitivo (inquisidor) y adaptarse al nuevo modelo penal. Pero de igual manera, quien tenía que cambiar su forma de pensar y actuar es a quien le corresponde la tarea de la procuración de justicia: el Ministerio Público.

Foto: Derecho Mexicano

Eso resultaba y resultó, obligado: ¿cómo elevar la calidad de la impartición de justicia si no se eleva la procuración de la justicia? ¿Y cómo garantizar la seguridad pública si la procuración de justicia no progresa a la par? Aquí es cuando la frase “Nudo Gordiano” tiene la mejor de las aplicaciones.

Y es cierto. Mientras la procuración de justicia no alimente su ambición para aumentar su calidad institucional y personal, los efectos negativos se observarán en los dos campos en los que se ha incurrido en descuido:

1.-Hacia el campo de la seguridad pública ya que los hechos denunciados y llevados a juicio sin éxito, se traduce en impunidad.

2.- Y hacia el campo de la Procuración de Justicia ya que si no hay calidad en las consignaciones y tampoco hay éxito para obtener sentencias condenatorias, la consecuencia es la misma: impunidad.

Ahora bien, anotemos que la seguridad pública no es tarea ni del Juez, ni del Ministerio Público; sino de los cuerpos y agencias de seguridad pública. La tarea de la prevención recae en ellos (aunque debe considerarse que una parte de la prevención también recae en la sociedad) que les obliga a diseñar e instrumentar mecanismos de prevención institucional.

Sin embargo las tareas de prevención también puede funcionar instrumentando mecanismos de cooperación con la sociedad y para la participación de ella, debe ampliarse de una manera que resulte funcional.

Con todo lo anterior nos queda concluir lo siguiente: Es de manera poco objetiva, que se está responsabilizando al nuevo sistema de justicia penal de la actual situación de inseguridad.

E insisto… El sistema está diseñado para elevar la calidad de la justicia en la dimensión que corresponde a la impartición pero no fue diseñado para garantizar la seguridad pública.

Foto: Grupo Multimedios

El nicho de oportunidad

Ante una situación aparentemente adversa (las evidencias de inseguridad pública abruman) se debe analizar cuál es la oportunidad que se tiene enfrente, cuál espada de Alejandro Magno que deshace el nudo gordiano.

Si en algún momento se comparó el sistema de justicia penal con el sistema norteamericano, sería obligado entonces igualar su política criminal. Una tarea así no resulta tan descabellada, pues solamente se requiere ajustar la nuestra.

Un ejemplo lo significa la reestructuración de la figura del Fiscal. Si recuerdan, ésta figura cambio de nomenclatura en nuestro país, pero en la forma de actuación, no hubo cambio sustancial.

La misma estructura del ministerio público se mantiene en su esencia y operativamente viene realizando la misma función. Pero es interesante la manera que opera en Estados Unidos la figura del fiscal.

Curiosamente, la procuración de justicia es un puesto con perfil político, sin soslayar el prestigio que obtiene el fiscal al ser un exitoso combatiente de la delincuencia. Es decir, lejos de ser el fiscal un burócrata resignado, se convierte en un político obligado a respaldar su posición política, obligado a presentar a la sociedad, resultados en materia de combate de delincuencia.

Atención de nuevo: la tarea es para el combate jurídico a la delincuencia y no un encargado de la seguridad pública.

En Estados Unidos, el responsable dela seguridad publica lo es el director de policía (normalmente se designa a un policía de carrera) quien también puede aspirar en un momento dado, a una posición política.

¿Cuál es la oportunidad que se puede vislumbrar en la realidad mexicana?

Que los fiscales de una ciudad se comprometan con el combate de la delincuencia de ésa comunidad; que busque la coordinación con las corporaciones encargadas de la seguridad pública y adopte el rol de legal vigilante de una región.

Que busque el fiscal, el propio reconocimiento y prestigio de la comunidad a la que sirve.

La manera que deba seleccionarse un fiscal es tema distinto y que merece -de mi parte-, el desarrollo de un diverso ensayo.

*Analista jurídico.