REDES DE PODER: El reparto de las culpas

La Ley Nacional del Sistema Integral  de Justicia Penal para Adolescentes rompió todos los esquemas conocidos del derecho minoril.

Alfonso Torres Chávez* / A los 4 Vientos

Desde el principio empezaron los problemas. Veamos. Por principio la ley no nos dice qué debemos entender por adolescente, solo nos brinda un rango de edad entre los doce y los dieciocho años pero esto no aporta luz.

Los menores son un problema para el derecho penal porque no es posible clasificar algo que desaparece de la legislación de un plumazo.

Luego se crea una ley que tampoco nos resuelve el problema y que además hace más abultada la legislación.

Esto sobre todo, si tomamos en consideración que hubiese bastado con una adición  o con la reforma al párrafo de uno de los artículos para tener el problema resuelto –al menos en parte-.

La legislación penal consideró durante mucho tiempo a los menores como sujetos de sanciones, pero no se les podía juzgar como adultos. Ahora ya se nos complicó el escenario porque  la ley no hace una correcta distinción entre adolescentes y adultos.

Los problemas están en la práctica: con una ley con tantos hierros es difícil que se pueda pensar en que el estado diseñe una política criminal que sea suficiente para  que los jóvenes sigan encontrando en la delincuencia un espacio que les permita delinquir.

Delincuencia infantil. Foto: internet/ Izq.mx

Si el estado no brinda opciones los jóvenes encuentran en la delincuencia ese espacio que la sociedad y el estado les ha negado.

Si el estado abriese la puerta a los jóvenes, estos no tendrían necesidad de buscar en la delincuencia eso que se les ha negado.

En el paquete de la reforma penal, tenemos de todo como en botica: desde los ataques jurídicos contra el Código Nacional de Procedimientos Penales hasta los problemas de clasificación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes que desde el principio rompió todos los paradigmas penales.

La primera en dar ataque frontal al código fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos que interpuso algunas acciones de inconstitucionalidad intentado tildar de inconstitucionales algunos artículos del ordenamiento.

Lo que se necesita es adecuar el código a una realidad tangible que permita una aplicación real.

Sin eso estamos perdidos.

Los problemas prácticos seguirán mientras entramos a la tónica del sistema pero hay que resolverlos en el camino.

Imagen de portada: video sobre la delincuencia juvenil. Gustavo Iriarte/ Youtube

 alfonso-torres-chavez* Alfonso Torres Chávez. Licenciado en Derecho por la UABC. Maestro en Derecho, Facultad de Derecho UIA- Tijuana. Especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Académico-Investigador del Centro Universitario de Tijuana campus Ensenada. alfonsotorr@gmail.com