VANGUARDIA: «Los nuevos enemigos del Estado Mexicano», un paso más cerca del fascismo

Los mexicanos iniciamos esta mañana con una bomba informativa de escala internacional revelada por el New York Times en la investigación «Somos los nuevos enemigos del Estado»: Enrique Peña Nieto, dictador vil emanado de las filas del PRI, espío a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados activistas que delinean los mecanismos anti-corrupción, vigilancia efectuada con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado.

Iván Gutiérrez

Utilizando el sistema cibernético conocido como Pegasus, adquirido con una empresa israelí en el 2011, el gobierno federal espió a los abogados que investigan la desaparición masiva de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a la periodista Carmen Aristegui y su hijo adolescente Emilio Aristegui, y a Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien ayudó a escribir la legislación anticorrupción y promover iniciativas como el 3de3.

De este acto vil salen a flote muchas incógnitas: ¿Qué gobierno privilegia el espionaje de periodistas críticos antes que la vigilancia de miembros del crimen organizado? ¿En qué país el presidente manda a espiar al hijo menor de edad de una periodista? ¿En qué clase de nación el mandatario gasta $77,000 dólares (de nuestros impuestos) por persona para espiar a la prensa que lo cuestiona y a los grupos de abogados que han exhibido al dirigente como tirano corrupto (Tlatlaya, Ayotzinapa, Casa Blanca)?

Lo que vemos, pues, es un acto de extremo autoritarismo ejecutado desde lo más alto del poder, donde los receptores del acoso gubernamental son aquellas figuras que han afectado los intereses políticos y económicos de los dictadores que nos gobiernan. ¿Cómo puede ser que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), órganos cuya finalidad debe ser salvaguardar y proteger la integridad de los ciudadanos, realicen, por el contrario, una operación de estado para violentar de tal manera a la ciudadanía crítica y activa en favor de los derechos humanos?

Lo invasivo de esta herramienta trastoca un centenar de derechos, entre ellos el más obvio es el derecho a la privacidad. Para sentir la gravedad del asunto es conveniente ponerse en los zapatos de los afectados. Imagínese usted ver invadida su vida privada de tal manera que el gobierno —al igual que en la novela de George Orwell, 1984— sepa en dónde estás a cada momento, con quién, a qué hora te levantas y a qué hora sales de casa, que película miras, qué libro lees, con quien hablas por teléfono para decirle que la amas, cuántas veces entras a Facebook al día, con cuántas personas chateas y de qué van tus conversaciones, qué fotos envías, que información consultas. Ahora imagínate lo que alguien con tanto poder e impunidad como el gobierno mexicano podría hacer teniendo toda esa información; destruir la vida de cualquier sería pan comido.

Lo más indignante es que esta acción sea exhibida en un momento donde los defensores de derechos humanos y los periodistas están siendo víctimas de ataques sistemáticos que muchas veces les cuesta la vida. Los usuarios de redes sociales ya han hecho la observación: ¿Cuántos de los periodistas y derechohumanistas que han sido asesinados no fueron espiados por el gobierno? ¿De qué manera intervino la vigilancia gubernamental en el asesinato de las víctimas? ¿Dónde termina el crimen organizado y comienza el gobierno federal?

Con esta acción se ha cometido el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas, contemplado en el artículo 177 del Código Penal327 y considerado como un delito grave, por el cual se puede aplicar una pena de 6 a 12 años de prisión.

Más allá de la ilegalidad del acto —sólo un juez federal puede autorizar el espionaje de comunicaciones privadas y solamente cuando las autoridades demuestren evidencias que sustenten el pedido al magistrado—, este hecho debe trascender hasta las esferas más altas de la rendición de cuentas a nivel internacional, pues no viola los derechos humanos, los amordaza y los descuartiza. Basta de impunidad, este tipo de violaciones a los derechos humanos deben llevar a Peña Nieto a una corte internacional y juzgarlo como lo que es: un tirano, un dictador.

Es de reflexionarse qué hará Carlos Loret de Mola ante la noticia, siendo que es considerado uno “periodista” alineado con el poder. En las declaraciones que dio el día de hoy el comunicador se mostró preocupado, y dijo que este tipo de espionaje es el primer paso hacia un régimen autoritario, pues “luego viene el secuestro o el asesinato”.

Por su parte, la periodista Carmen Aristegui mostró su indignación en conferencia de prensa y llamó a llevar la denuncia hasta sus últimas consecuencias: “No sabemos si los periodistas asesinados antes fueron espiados. ¿Qué hizo el gobierno mexicano con la información que robó? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué pensaba hacer el gobierno de Peña Nieto con la información de un adolescente, de un estudiante? ¿Además de la censura, las demandas, el allanamiento de nuestras oficinas, qué más presidente, qué sigue, si es capaz de espiar a un adolescente? ¿Cuántos delitos ha cometido el gobierno de Peña Nieto contra sus ciudadanos?”

La periodista citó el ejemplo del ex presidente de Panamá, Martinelli, quien está en la cárcel por haber espiado a más de 150 personas. Tal como lo apuntó la periodista, es momento de que la sociedad mexicana se sacuda la indiferencia y salga a demandar su derecho a una vida segura y  digna en donde la justicia no sea un ente abstracto que se ejecuta sólo en otros países: “Hemos visto que cuando el Estado se investiga a sí mismo no llegamos a ninguna parte. Tenemos que llevar esto a una instancia donde la ley sí se aplique, no sólo se simule”, concluyó la comunicadora que en su momento exhibió el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto.

Como era de esperarse de un gobierno cobarde y cínico, la presidencia ha negado ser responsable del espionaje, argumentando que la investigación del New York Times “no cuenta con pruebas” para sostener lo que afirma. Pareciera ser que alguien no sabe leer.

Es realmente preocupante esta situación, pues todo apunta a que el día de mañana no sólo periodistas y activistas serán espiados por el gobierno mexicano, sino la sociedad entera pudiera verse víctima de este tipo de acciones dictatoriales, sacadas de una distopía ya vivida en el imaginario orwelliano.

Es necesario que la sociedad se organice y deje de lado sus diferencias para que pueda comenzar a actuar, aunque sea en lo más “pequeño” y directo, para contrarrestar el terrorismo de Estado que el PRI y la partidocracia está orquestando desde ya con miras al 2018. Aún estamos a tiempo de actuar; no perdamos la oportunidad de defender la libertad.

Más información en:

http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/gobiernoespia-a-emilio-aristegui/

http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/somos-los-nuevos-enemigos-del-estado-el-espionaje-a-activistas-y-periodistas-en-mexico-nota-de-nyt/

http://www.proceso.com.mx/491554/pena-espia-a-defensores-los-43-a-loret-aristegui-al-hijo-la-periodista-nyt

http://www.sinembargo.mx/19-06-2017/3243663

https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/