Cárcel y multa a funcionarios públicos de Baja California que incurran en tráfico de influencias

En la sesión del pleno del Congreso del Estado, realizada este jueves 15 de junio, fue aprobada una reforma al Código Penal estatal, a iniciativa presentada por la diputada ensenadense Claudia Agatón Muñiz.

A los 4 Vientos

Mediante esta reforma se especificó que comete el delito de tráfico de influencia y se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de 50 a 300 días multa,  a los servidores públicos que por sí o por interpósita persona, promuevan o gestionen la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión.

En este mismo ordenamiento se incluyó que toda persona que promueva la conducta ilícita del servidor público, o se preste a la promoción o gestión de negocios o acuerdos ilícitos será sancionada.

Dip. Caludia Agatón, del Partido del Trabajo

«Cualquier servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva alguna resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que se hace referencia en la fracción I del artículo 305 del este Código Penal, también estará incurriendo en el delito de tráfico de influencias», agrega la reforma propuesta por la diputada Agatón.

Asimismo, se considera que cometen el delito de tráfico de influencias quienes en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, otorguen por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Esta reforma especifica las conductas de quienes incurren en este delito y es parte del combate a la corrupción en el estado, concluyó la legisladora ensenadense.

Foto de portada: El gobernador Francisco Vega y sus negocios inmobiliarios que florecen a la sombra del poder. Composición fotográfica de Edgar Lima/ La Jornada Baja California