Poderosos, influyentes, cierran el acceso a playas de Ensenada (+ Video)

A cuatro años de que los diputados federales aprobaron una reforma constitucional que permite a extranjeros y nacionales comprar inmuebles en las playas del país, los residentes de Ensenada ya perdieron el acceso a cuando menos dos de sus principales balnearios y enfrentan dificultades para ingresar libremente a varias más en la bahía local por el bloqueo y lucro del que son objeto por concesionarios privados  colindantes.

Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos / Foto principal: Desinformémonos.

Antes arenosa , situación que cambió gracias a la edificación de un hotel y marina en su entorno, Playitas es, era un sitio ideal de recreo y práctica de actividades acuático-deportivas (Archivo).

Ensenada, B.C., 9 de mayo del 2017.- El cierre al libre tránsito de personas en amplios segmentos de playa pública es total en la porción norte de la Bahía Todos Santos (Ensenada), y tiene amenaza constante en la porción central y sur del cuerpo marino, en donde las empresas y particulares que gozan de concesión de zona federal cobran entre 30 hasta 100 pesos diarios por permitir el acceso a los balnearios.

“Las playas mexicanas son un bien de la nación y toda persona es libre de entrar a estos bienes naturales y gozar de ellos porque forman parte del patrimonio de la nación. Esto por decreto constitucional”, indicó Efrén Hernández, un residente de Ensenada que inició una lucha para exigir una declaración judicial de “servidumbre de paso” al balneario «Playitas», cerrado en su totalidad por una empresa turística propiedad de un destacado empresario y ex funcionario priista, y de la familia de un ex socio mercantil del hoy senador Ernesto Ruffo Appel.

La plataforma que utiliza Hernández para protestar y exigir es “change.org”, en donde pide el apoyo de los ciudadanos para alcanzar su objetivo.

Hasta hoy, 555 simpatizantes firmaron su petición –“¡Las playas son de todos! Por un acceso público a la zona de Playitas”-, misma que entregará al presidente municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, para que la trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la encargada de hacer las declaratorias de servidumbre de paso en la zona federal marítimo terrestre y predios que colindan.

El acceso de playa a la zona federal marítimo terrestre del hotel Estero Beach permanece cerrado al público no cliente del sitio (Foto. Facebook).

Pero hay un problema que puede echar abajo las expectativas de Efrén con edil: Novelo pertenece a una familia de empresarios turísticos que disfrutan de una concesión de zona federal en la parte que colinda al norte del canal de acceso al estero Punta Banda, en la parte media de la bahía local.

Más aún, el hotel y “resort” del primer edil –“Estero Beach”– también cerró hace años los accesos públicos a la franja federal marítimo terrestre, lo que impide a los no clientes de su establecimiento utilizar la playa arenosa del lugar.

Esta situación también se repite en áreas turísticas de la bahía como Monalisa, España y El Faro, en donde los dueños de campos de acampar cobran por entrar, o de plano niegan el permiso para hacerlo, a las personas que desean disfrutar sus playas arenosas.

Lo mismo sucede en la lengueta arenosa del estero Punta Banda, en donde propietarios residenciales y patronales de los Estados Unidos, así como empresarios, políticos y profesionales de Baja California y el resto de la república impiden total o parcialmente, el acceso a la única playa certificada por su alta calidad en todo el noroeste de México, situación hoy de privilegio luego de que los cuatro balnearios marinos más usados por los bañistas locales -Hermosa, Conalep 1 y 2, y El Ciprés- fueron gravemente contaminados con bacterias fecales que obligaron su cierre por seis semanas. 

¡Adiós al hábito!

El hotel y la marina que se quedaron con la mitad del balneario «Playitas». La otra mitad ya la cerró al público (Foto: Internet).

Al hablar de “Playitas”, Efrén Hernández explicó que es un balneario que miles de porteños utilizan como playa segura y limpia de contaminación desde hace más de cinco décadas.

“Es toda una tradición y una costumbre; sin embargo, hoy en día no existe una manera de ingresar al punto directamente porque todos los accesos que existían están cerrados”.

Esta restricción no es nueva.

En 1994 el empresario turístico Héctor Lutteroth Camou, ex síndico municipal, ex diputado federal, ex tesorero general en Sonora, ex secretario de Turismo de Baja California y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tijuana, se asoció con el hoy finado arquitecto Roberto Curiel Ortega –ex socio mercantil del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel y uno de los contratistas más prósperos en los gobiernos de los también panistas Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy Walther y José GuadalupeOsuna Millán- para construir, en la mitad del balneario, el lujoso Hotel Coral y Marina.

Un año después, aún con la oposición abierta de los usuarios del popular balneario, los empresarios abrieron las puertas del hotel y con ello dio inicio una constante lucha por cerrar el acceso público a lo que quedó de “Playitas”. Esto hasta finales del año pasado, en que el paso quedó clausurado con reja y candados, tal y como lo documentó Hernández en un video.

“Ahora nosotros refrendemos este derecho a las playas públicas libres; pongamos el antecedente de una sociedad que defiende sus costas. Firma esta petición para exigir una declaración judicial de servidumbre de paso a la zona de ‘Playitas’», manifiesta el nativo en su petición que puedes conocer en:

https://www.change.org/p/c-marco-antonio-novelo-osuna-las-playas-son-de-todos-por-un-acceso-p%C3%BAblico-a-la-zona-de-playitas.

Privatizar, cerrar, abusar

El 24 de abril de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 27 constitucional, con lo cual se permitió a extranjeros comprar inmuebles en playas y litorales mexicanos.

En esos días, las bancadas de PRI y PAN sumaron fuerzas y dieron el primer paso para que ciudadanos de otras naciones adquieran propiedades en la llamada “zona restringida”, la cual comprende una franja con profundidad de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 en las playas.

Julio César Moreno, entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recordó que dicho ordenamiento no se había modificado desde su promulgación, en que prohibía adquirir el dominio directo de tierras y aguas por extranjeros en las referidas zonas.

“La reforma explica que el Estado mexicano seguirá otorgando el dominio a extranjeros sobre tierras y aguas siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores considerarse nacionales y se comprometan a no invocar, por lo que hace a éstos, la protección de sus gobiernos, pues en ese caso perderán el beneficio de la nación”, publicó entonces el diario La Jornada.

El cierre de playas en México es generalizado, pero el ingenio y el humor del pueblo mexicano parece no ceder a la adversidad (Foto: Noticaribe).

Pero el pasado 27 de septiembre del 2016, y ante la avalancha de quejas e inconformidad de residentes de zonas costeras del país por el arbitrario y generalizado cierre al acceso a las playas, el coordinador del partido Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión impulsaría una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución, para garantizar el libre acceso y tránsito a las playas de México.

“Es una iniciativa denominada ‘Playas Libres’, a propósito de los procesos de privatización que han sufrido los litorales mexicanos”, dijo el legislador en conferencia de prensa.

Y agregó:

“Lo que nos plantea es garantizar el acceso libre a las playas, en el entendido de que lo que se concesiona (a los dueños de hoteles, restaurantes y empresas colindantes) no es el acceso a la playa sino la posibilidad de desarrollar un giro, en este caso comercial, cerca de la playa; sin embargo, no se garantiza el libre acceso a la playa que es de todos los mexicanos”.

La propuesta continúa hoy en espera de avanzar en comisiones para luego llegar a la sesión plenaria de la Cámara de Diputados y conocer su destino.