Del sueño americano al destierro voluntario

Ante lo que puede ser el inicio de una brutal y desquiciante persecución y criminalización de inmigrantes connacionales en Estados Unidos, la mayoría está pensando en regresar a México. El apoyo que requieren y exigen es para quedarse allá, como claramente se planteó el pasado sábado 11 en Phoenix, Arizona, durante una reunión entre migrantes y funcionarios mexicanos organizada por la iniciativa “Agenda Migrante”.

Álvaro de Lachica y Bonilla* / A los 4 Vientos

Conforme se extienden reportes de redadas migratorias y de arrestos masivos en redes sociales y mensajes de texto en todo Estados Unidos, los migrantes indocumentados, sus abogados y grupos activistas se preparan para la ejecución reforzada de temas como deportaciones que Trump ha prometido llevar a cabo.

En una orden ejecutiva del pasado 25 de enero, Trump aumentó las categorías de migrantes indocumentados que ahora deben ser prioridad para la deportación, cumpliendo su promesa de fortalecer el combate a la migración ilegal. En ciudades como Nueva York, que se denominan ciudades santuario, donde la policía y oficiales carcelarios no cooperan automáticamente con agentes migratorios, las personas indocumentadas pueden ser detenidas en muchos sitios.

Sí  bien nuestro gobierno se han  comprometido a respaldar y proteger a nuestros paisanos que lleguen  a expulsar Estados Unidos, sólo existe un programa que permitiría  pensar que el gobierno habla con seriedad. En la actualidad, estos esfuerzos se han conjuntado en un programa de atención integral llamado “Somos Mexicanos”.

Por medio de este programa se pretende armonizar los programas de atención a migrantes de retorno. «Somos Mexicanos» representa también una buena oportunidad para que los aparatos estatales lo adopten con la finalidad de desarrollar estrategias de prevención que permitan estar preparados para un aumento de la migración de retorno. Para  estados con altos niveles de expulsión de migrantes como Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán y estados de la frontera norte como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, la incorporación de planes preventivos en temas de salud, educación, empleo y vivienda son imperativos. 

Y nuestros connacionales tiene razón, porque hasta el momento, el gobierno no ha revelado dónde vivirían, cómo se haría para proporcionarles servicios de educación y salud, lo mismo que empleos, sobre todo ahora con los recortes presupuestales y cuando la violencia se enseñorea en muchas localidades de nuestro país.

Mientras las autoridades mexicanas están estupefactas y no saben qué hacer con los mexicanos que viven en Estados Unidos ante las amenazas de la deportación, los migrantes viven la pesadilla y han dejado de hacer su vida cotidiana: no compran bienes o se están deshaciendo de ellos para no tener compromisos de largo plazo ante una eventual deportación o un destierro voluntario, y otros viven con el temor de ser denunciados en su calidad de indocumentados.

Tendríamos que tener en cuenta, que nuestros paisanos, su vida, trabajo y familia están en Estados Unidos. Dados los programas migratorios americanos, provocaron una disminución histórica de la migración que antes iba y venía. La falta de documentos hizo de las visitas a México algo muy riesgoso, convirtiendo su vida en ese país como un recuerdo nostálgico de una vida que ya poco tiene que ver con su realidad en Estados Unidos. 

Allá, el pánico; aquí, la paralización, la pasividad. Cuando durante su campaña Trump amagaba con la deportación masiva de inmigrantes, las autoridades, creyendo que sólo eran baladronadas, hicieron estridentes declaraciones de apoyo a los paisanos; ahora que ya se dieron cuenta de que el presidente gringo hablaba en serio, prefieren replegarse.

Las cifras y los hechos dictan que un programa de deportación masiva es simplemente incosteable; el gobierno de Estados Unidos no cuenta con la capacidad de deportar a millones de personas en el corto plazo, esperan que con el clima hostil que están implementando, los paisanos se regresaran voluntariamente, sin costo alguno para el gobierno americano. 

 

ALVARO DE LACHICA* Álvaro de Lachica y Bobilla. Representante en Ensenada de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

andale94@gmail.com