Asociaciones Público-Privadas: la privatización encubierta de los Derechos Humanos (VIDEO)

«El capitalismo está en crisis debido a las políticas neoliberales, que han eliminado todos los controles del estado. Este capitalismo es antisocial, egoísta» — Mario Bunge

Daniel Arellano / Ricardo Betancourt / A los 4 Vientos

En la 4ta entrega de nuestro programa «Vientos Desde el Centro» analizamos la Ley de Asociaciones Público Privadas, retomando las teorías neoliberales y los mecanismos que el estado, siguiendo el paradigma de la Nueva Gerencia Pública, ha implementado en el país para privatizar recursos, obras y servicios públicos en México de forma paulatina y encubierta, siendo los sectores de la salud y la educación los más afectados.

El neoliberalismo, una corriente económica que reforma la relación entre la iniciativa privada y el estado para darle más libertades a los empresarios, lleva 30 años implementándose en el mundo entero con resultados desastrosos para las clases populares. Su imposición ha permitido la privatización de recursos, servicios y obras que son responsabilidad del estado, siguiendo el objetivo neoliberal de limitar en lo más mínimo las funciones y controles gubernamentales en materia económica. 

Si bien la teoría neoliberal pudiera tener sus «bondades», su implementación en países tan corruptos e impunes como México han facilitado la licitación de obras públicas a cuates de los gobernantes, desfalcos millonarios privados al erario público, incremento desproporcionado de la deuda pública y múltiples negocios que se traducen en conflictos de interés a diestra y siniestra.

Junto con esta propuesta teória de la economía política, los políticos mexicanos han seguido al pie de la letra el libreto de un nuevo paradigma en la administración pública: la Nueva Gerencia Pública, que propone que los políticos sean tecnócratas, especialistas que manejen el estado como lo harían con una empresa privada. 

Para ello han tomado prestadas ideas y formas del empresariado neoliberal, implementando reformas, políticas públicas y leyes, como la Ley de Asociaciones Público Privadas. El argumento es que las iniciativas privadas están mejor preparadas para ser eficientes en brindar servicios como la salud, el agua y la educación, y su contratación facilitará que el acceso a estos servicios sean más baratos.

Sin embargo, en la práctica esto no funciona por la corrupción, y en realidad el estado termina pagando más cara la construcción de hospitales, carreteras y el acceso a bienes como el agua, la recolección de basura o el alumbrado público. 

La Ley de Asociaciones Público-Privadas forma parte de los múltiples mecanismos que las élites políticas mexicanas han implementado en el país para permitir una paulatina y encubierta privatización de México. Con la promulgación de esta ley en el sexenio de Felipe Calderón, se autoriza que el estado apruebe convenios y contratos con la iniciativa privada, para que se haga cargo «parcialmente» de funciones estatales como la administración del agua o la prestación de servicios de salud, educación y demás.

Outsourcing en UABC: la privatizacion de la educación en Baja California (Video)

En el paquete de mecanismos neoliberales al que se adscribe la Ley de Asociaciones Público Privadas, también se incluye la terciarización laboral (Subcontratación u Outsourcing como la aplicada en los cursos culturales de UABC para dejar sin derechos laborales a los docentes), la suborgación de obra pública a la iniciativa privada (que las empresas de panistas y priístas se hagan cargo de construir hospitales, carreteras o cerveceras a cambio de jugosas ganancias) y la creación de fideicomisos bancarios estatales (que se traducen en bursatilización el presupuesto público y la inflación de la deuda pagada por los impuestos de los ciudadanos).

Lo que este tipo de políticas públicas genera es una sola cosa: la privatización de los Derechos Humanos, tales como el acceso al agua, el acceso a derechos laborales, el acceso a servicios de salud, y en sí, el acceso a una vida digna. 

Los gobiernos municipales y estatales de Baja California han demostrado no estar del lado de los ciudadanos, sino de sus negocios privados. Es por eso que el pueblo debe continuar con la organización y la presión social y jurídica, pues sólo a través de estas acciones será posible revertir una política pública que busca despojar a los mexicanos de un bien indispensable para la vida: el agua. 

 

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