México, Estado Fallido: poder legislativo, judicial y federal corrompidos

El Estado mexicano está roto, no sirve, atraviesa una crisis política agudizada por la incompetencia, la corrupción y la impunidad del gobierno federal. Las instituciones fundamentales para el Estado legítimo de Derecho en México están corrompidas y carecen de legitimidad, o dicho de otra manera, no tienen la aprobación democrática del pueblo para gobernar.

Daniel Arellano / A los 4 Vientos

Los poderes judicial, ejecutivo y legislativo no representan ni trabajan por el bienestar de los millones de mexicanos que habitamos este país, sino para sus propios intereses. Si bien esto parece una verdad conocida por la mayoría, es necesario no perder de vista el nivel de podredumbre política de nuestro gobierno, pues la llegada del huracán Trump ha probado ser un distractor muy eficiente.

Empecemos por el poder legislativo. Diputados y senadores hacen y aprueban leyes en perjuicio del pueblo a diestra y siniestra. En Baja California lo sufrimos con la Ley del Agua y los decretos que pretenden concesionar el agua por más de 30 años a la iniciativa privada; en todo el país lo hemos visto con la aprobación de los gasolinazos, que se remonta a la coalición entre PRI, PAN y PRD que representó el Pacto por México utilizado como plataforma para aprobar las reformas de Peña Nieto.

El agua de Constellation Brands en BC: historia de contradicciones, complicidad, sobreexplotacion y opacidad

Y así ha sido durante los últimos 4 años, periodo en que la partidocracia no ha impulsado procesos legislativos que permitan florecer la democracia y la justicia en el país, sino por el contrario, ha frenado todo aquello que atenta contra sus intereses partidistas. La homogeneidad de los partidos es norma: PRI, PAN, PRD, PV, MC, PT, Panal y el PES se han negado a reducir sus presupuestos o a castigar la corrupción al interior de sus partidos. Sólo Morena ha demostrado algo de dignidad con sus acciones legislativas.  

Ahora el siguiente golpe (de Estado) es la pretensión de aprobar la Ley de Seguridad Interior, con la que la militarización de las calles sentará las condiciones para una represión militar dictatorial. Así, los senadores crean leyes para reprimir y seguir sirviéndose a sí mismos, y los diputados las aprueban en una complicidad repugnante.

Videgaray el vendepatrias, el Narco-Estado militar y la Unidad Internacional

Por otro lado, tenemos a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes se niegan a bajarse su sueldo de 520 mil pesos mensuales, a pesar de la crisis económica que azota al país. Ya ni hablar de las múltiples resoluciones que emiten para defender a las cúpulas empresariales y políticas en México: la Casa Blanca, Ayotzinapa, los fraudes y fuga de Javier Duarte, la permisividad a las trasnacionales para quedarse con recursos nacionales (tierras, ríos, energéticos, oro, plata, alimento).

Del poder judicial es bien sabida la corrupción: policías estatales, municipales y federales están infiltradas por el narcotráfico. Incluso un sector considerable del ejército mexicano está coludido con el crimen organizado. Esta semana los medios testificaron el caso de marinos capturando a policías comunitarios para entregarlos a los carteles del narcotráfico. Claro, el caso Ayotzinapa sigue siendo el caso más claro.

En cuestión de violaciones a los derechos humanos, ahí tenemos Tlatlaya y Aguas Blancas, ejemplos concretos de que al ejército no le importa fusilar, torturar y secuestrar a civiles. Ahora quieren una ley que les brinde un marco jurídico para ejecutar este tipo de acciones represivas sin represalias.

La Ley Cienfuegos: legalizar la impunidad militar

Del poder ejecutivo sobran los argumentos. Los 4 años del peñato han representado un retroceso para el país en todos los sectores: seguridad, educación, salud, justicia. Por el contrario, hemos visto el incremento de la violencia, la pobreza, la corrupción y la impunidad. Peña Nieto, Videgaray, Aurelio Nuño, Osorio Chong y el resto de la cúpula presidencial representan la venta de la soberanía y la perpetuación del Priísmo recalcitrante que duró 70 años en el poder bajo una “dictadura perfecta”.

La diferencia es que la dictadura de Peña ya no ha sido perfecta. Por eso ahora el cambio de estrategia. La democratización de los medios de comunicación y la quiebra de Televisa ha provocado que la información periodística crítica fluya por las millones de conciencias mexicanas, creando redes de indignación, coraje y deseos de cambio. El Narco-Estado mexicano, ante esta revolución pacífica, está sentando las bases para frenar las movilizaciones sociales: quiere una ley para militarizar el país.

El General Cienfuegos, a cargo de la Secretaria de Seguridad Nacional (SEDENA), es quien más ha metido presión al gobierno federal y al poder legislativo para crear el marco jurídico que permita al ejército mexicano permanecer en las calles

El panorama es tan abrupto y peligroso como las calles bacheadas de Ensenada, pues tenemos a los 3 poderes del Estado en contra. Sin embargo, con inteligencia, coordinación y unidad podremos sortear los cráteres. Sólo tenemos que saber manejar con precaución, crear las alianzas necesarias, informar a los que se niegan a participar y urgirles a involucrarse en la reconstrucción necesaria de México. La misión es una: refundar el país desde las bases.

No somos la primera nación en la historia que afronta un escenario como éste, ni seremos el último. Por eso la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías para estar bien documentados y conectadas para proponer vías sólidas que guíen el actuar ciudadano. Ahora es momento de unidad, de solidaridad, de integración, de recuperar la comunidad. Ya estamos en las calles, no dejemos que nos metan al sótano.

 

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