Baja California en las calles: Por un sistema estatal anticorrupción ciudadano

Las noticias del movimiento civil bajacaliforniano -y recientemente de Sonora-, tienen cada vez mayor resonancia nacional en comparación con la tendencia a que los sucesos políticos de aquellas tierras no suelan ser un foco de atención para el resto del país. Hoy, sin embargo, los habitantes de la península acuden a lo que muchos de ellos ya le dan el rótulo de histórico, pues la clase política de la entidad se encuentra ahora mismo bajo la presión de un activismo que ya no puede ser menospreciado, como puede verse con la visibilización del gobierno de Francisco Vega como un ejemplo de un poder que está siendo justamente retado por el innegable peso de su falta de autoridad moral y de las decisiones que a partir de ello ha tomado, las cuales no pueden ser menos que contrarias a los intereses de la ciudadanía.

Alfredo García Galindo/ A los 4 Vientos

La pedagogía política que esto nos deja es que en este país la exigencia ciudadana en las calles parece ser la única vía para que las autoridades decidan atender el llamado de sus gobernados. Habrá entonces que aprovecharlo a través del encadenamiento de más demandas.

Una de las tareas que ese mismo movimiento puede ahora tomar como un objetivo de la lucha, es la generación de un órgano estatal anticorrupción que sea por completo ciudadano y que tenga un carácter de ejecución no sólo para investigar a profundidad a todas las autoridades locales y de todos los poderes de la entidad, sino que también pueda llevarlas a juicio en dado caso de encontrárseles pruebas de un ejercicio indebido de su encargo, lo cual incluiría las prácticas de corrupción, la dilapidación de los recursos públicos, los vínculos con el crimen organizado y el enriquecimiento ilícito entre otras faltas.

El gobernador-empresario Francisco Vega Lamadrid y sus negocios inmobiliarios a la sombra del poder. Foto: Edgar Lima en diseño original para el semanario La Jornada BC

En ese sentido, dicho órgano podrá estar presidido por un consejo cuyos miembros hayan sido seleccionados entre personas y grupos reconocidos por su autoridad moral: expertos en el tema de la corrupción, comisiones de derechos humanos, colectivos ciudadanos, politólogos, organizaciones no gubernamentales y academias de universidades públicas y privadas. Es decir, una instancia que no resulte en un consejo elegido por los propios políticos y cuyas funciones sean poco claras y menos eficientes sino que brille por la absoluta autonomía de sus designados, en pocas palabras, un órgano institucional con verdadero margen de maniobra en comparación con el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en el senado de la República, el cual, según parece, seguirá teniendo el defecto de ser sólo en parte ciudadano.

Un clamor generalizado en las mafifestaciones multitudinarias en Baja California: La renuncia del presidente Enrique Peña y del gobernador Francisco Vega; el hartazgo ante la corrupción. Foto: internet

La particularidad de un órgano anticorrupción estatal es la de que puede nacer a partir de la exigencia ciudadana que en este momento se encuentra con mucha energía en Baja California. Que la resistencia civil obligue al Congreso local y demás autoridades vinculadas con el ámbito legislativo a dar las garantías necesarias para la conformación de este órgano, pero no para que dicha exigencia sea turnada a una comisión de la cámara que termine por pervertirla, como ocurrió con aquella Ley 3de3 que a nivel federal se convirtió en un chiste porque simplemente fue convertida en una iniciativa que a todos los políticos les tiene sin cuidado menospreciar por no ser obligatorias sus exigencias.

Es así que la realidad actual del movimiento ciudadano en Baja California puede ganar en trascendencia histórica para la entidad y convertirse a la vez en una ruta e inspiración para el resto del país, lo cual escribiría el inicio de un México distinto en el plano de su conducción política, porque si los políticos han hecho del poder un botín que en nada cumple con un fin ético y ciudadano, que sea ahora la exigencia de la población volcada en las calles -como ha sido en todo la historia- la que marque el derrotero de lo urgente, tal como también parece darnos un ejemplo que el movimiento en contra del gasolinazo en Sonora haya obligado a través de su presencia física en el propio Congreso local, a que los legisladores se comprometieran a dar pronta respuesta a sus demandas.

Contra la corrupción en el gobierno, porque «el pueblo se cansa de tanta pinche tranza». Manifestación 22 de enero. Ensenada, B.C. Foto: Edgar Lima

Desde luego que un órgano anticorrupción no sería la panacea para la transformación radical de esta realidad que hoy nos lastima tanto, sin embargo, puede convertirse en uno de los elementos clave en la consecución de una verdadera reforma del Estado y de sus instituciones porque estaría fomentando que, ahora sí, sean verdaderos estadistas y personas cabales quienes se pongan como objetivo personal hacer carrera en la administración pública.

Queda claro; es el tiempo de la población porque el poder formal ha fallado.

Si en el propio Senado de la República existe una Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana en el sistema arriba descrito y cuya obligación es “trabajar de forma más cercana a la sociedad civil, a las organizaciones ciudadanas y no gubernamentales” (como la propia página web de la cámara alta lo señala), que sean ahora los gobernados quienes den una legítima interpretación a ese postulado y tomen el lugar de quienes no lo han cumplido, porque en este caso, aun quedan demasiadas suspicacias acerca de la efectividad que pueda alcanzar ese órgano a nivel federal si observamos, como también arriba señalamos, que nacerá con el padecimiento de estar delimitado por las propias instancias públicas a las que debe investigar.

Foto de portada: Diario de Tijuana

Alfredo García Galindo, es economista, historiador y doctor en Estudios Humanísticos. Es catedrático y autor de diversos libros y artículos; ha impartido charlas, ponencias y conferencias, enfocándose en el análisis crítico de la modernidad y del capitalismo a través de una perspectiva transversal entre la filosofía, la economía, la historia y la sociología.