Los amigos de «Kiko»: El gran negocio de la privatización de todo en BC

Un consorcio trasnacional que opera en Islas Caimán y lo integran la familia Mctaggart  y las financieras First Manhattan Company, Morgan Stanley y Dimensional Fund Advisors LP, entre otros accionistas; así como el magnate presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Steven Lauder, encabezan la lista de beneficiados por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid con el paquete de financiamiento público a empresas que participan en la privatización del agua en Baja California, a través de asociaciones públicas privadas (APPs).

Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos

Ensenada, BC, 24 de enero del 2017.- En la lista de favorecidos también está un empresario inmobiliario y promotor de box que hoy enfrenta posibles vínculos con un caso transfronterizo de lavado de dinero que en los Estados Unidos investiga la Agencia Anti Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, también por sus siglas en inglés).

Asimismo figuran dos hijos de Arcadio Valenzuela, expresidente de los banqueros de México, y primos del senador panista sonorense Francisco Búrquez Valenzuela; y dos empresas inmobiliarias de Mexicali y Tijuana que se quedaron con la tajada más chica del proyecto asistencial que 21 legisladores, incluidos los 13 del Partido Acción Nacional (PAN) y los cinco del Revolucionario Institucional (PRI), aprobaron la mañana del 20 de diciembre del 2016.

El plan de pago y endeudamiento público para seis empresas que en Baja California disfrutan de Contratos de Asociación Pública-Privada (CAPPS), quedó plasmado en el Decreto 62 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del congreso local mediante el cual se ratifican y autorizan las obligaciones de pago derivados de los tratados.

También formaliza el inicio de seis nuevos contratos de asociación para privatizar el modelo de modernización del sistema de distribución de agua potable en la ciudad de Ensenada por un plazo de 15 años; el diseño, construcción, operación, mantenimiento y conservación del Periférico Aeropuerto-Zapata-Doble Piso a Playas de Tijuana por 27 años.

Igualmente, el sistema integral de enlace y monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California por 22 años; la rehabilitación integral de carreteras del valle de Mexicali por 8 años; y la puesta en punto , mantenimiento y operación de servicios médicos y no asistenciales para el nuevo Hospital Materno Infantil de Tijuana por 14 años.

El método de los poderes ejecutivo y legislativo para lograr esto consiste en dos grandes apoyos financieros para las empresas Aguas de Rosarito SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) de CV; Desaladora Kenton SA de CV; Operadora de Pluviales de Mexicali SA de CV; Relogar SAPI de CV; Inver Infraestructuras SA de CV; e Ingeniería de Bombas SA de CV.

La planta potabilizadora de agua La Nopalera, de Tecate (Foto: Conexión).

El primero de los soportes lo recibirán vía pago mensual por contraprestaciones derivadas de los CAPPS, más el proyecto de ampliación y rehabilitación de la planta potabilizadora La Nopalera (Tecate), por un total de 170 millones 240 mil 205 pesos.

Las corporaciones privadas que tienen contratos en asociación pública privada por 15 y hasta 37 años, ganarán así del erario estatal hasta 72 mil 323.9 millones de pesos al terminar sus compromisos.

Además, en un segundo sostén público las corporaciones privadas obtendrán 496 millones 111 mil 845 pesos en créditos que la Comisión Estatal del Agua y las comisiones estatales de Ensenada, Mexicali, Tijuana y Tecate gestionarán ante instituciones bancarias para  garantizar el pago a las seis compañías por contraprestaciones equivalentes a tres meses de pago de servicio.

En las operaciones crediticias con la banca privada, el gobierno estatal se comprometió a jugar el papel de “deudor solidario”, por lo que los compromisos de las comisiones paraestatales quedarán registrados como “deuda pública” que finalmente pagarán los contribuyentes.

Con este modelo de negocio que diseñó el equipo económico y financiero del gobernador Francisco Vega, los consorcios empresariales obtendrán ganancias mínimas por casi tres mil millones de pesos tan sólo en el primer año de sus actividades, según explicó el diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Catalino Zavala Márquez, quien junto con Manuel Morán Hernández (MORENA) y Luis Moreno Hernández (Partido Encuentro Social-PES), negó su voto al controversial dictamen.

Otra legisladora -Claudia Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo (PT)- se abstuvo de votar porque, dijo, no recibió a tiempo el dictamen y sería “irresponsable” aprobarlo sin conocer su contenido y trascendencia para la sociedad bajacaliforniana.

Los alcances del Dictamen 62 que el congreso aprobó como Decreto Constitucional número 57 y el ejecutivo lo publicó en el Periódico Oficial 58  (Sección II) del 30 de diciembre del 2016, están vigentes porque Francisco Vega no lo incluyó en la solicitud de abrogación de la Ley del Agua y tres ordenamientos jurídicos complementarios de una legislación que repudió la sociedad bajacaliforniana.

La joya de la corona

Rosarito en la mira del gran negocio (archivo).

En el plan de pago de contraprestaciones vigentes en los contratos, la primera empresa beneficiada es Aguas de Rosarito SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) de CV, subsidiaria mexicana del grupo NSC que a su vez forma parte del consorcio trasnacional Consolidated Wather Corporation (CWCO) LTD, con oficinas centrales en las Islas Caimán.

El consorcio caribeño, con 41 años de experiencia en el ramo de la desalinización de agua marina en el mundo y en donde figura un conglomerado de accionistas que incluye a 10 compañías financieras de corte mundial, una cantidad similar de socios de fondos mutuos y cinco capitalistas directos principales, entre ellos los millonarios Frederick y Gregory Mctaggart, construirá en Playas de Rosarito la que se considera la planta desalinizadora agua de mar más grande de América Latina.

CWCO llegó a un negocio que le aportará al menos una ganancia de 66 mil 294.5 millones de pesos durante los 37 años que durará el contrato en asociación que sus filiales firmaron con el gobierno de Baja California, gracias a la gestión que hizo Jaime Bonilla Valdez cuando éste fue diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al cual representa en el estado, y uno de los cinco directores del Distrito de Agua de Otay (Otay Water District), California.

Con el Decreto 57 los poderes legislativo y ejecutivo de Baja California aprobaron pagar mensualmente al consocio trasnacional, vía Aguas de Rosarito y a partir de junio de 2019, 149 millones 312 mil 18 pesos; es decir mil 791.7 millones de pesos al año.

A cambio, las filiales de CWCO en México producirán 40 millones de galones de agua por día que en su mayoría se exportarán al sur de California con el visto bueno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) de Baja California, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Distrito de Agua de Otay y los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado.

El magnate judío

La segunda compañía beneficiada con el Decreto 57 es Desaladora Kenton, S.A. de C.V., un consorcio que integran las empresas Libra, Ingenieros Civiles; RJ Ingeniería; y RWL Water LLC, ésta última propiedad del republicano Ronald Steven Lauder (arriba en la foto de la Agencia AP).

Steven, de acuerdo con  la investigación de A los 4 Vientos, posee una fortuna que la revista Forbes calculó hace dos años en tres mil 500 millones de dólares, cantidad que lo ubicó en septiembre de 2015 como el multimillonario 182 más importante del planeta.

Steven, amigo íntimo de los ex presidentes estadounidenses Ronald Reagan y George Bush (padre e hijo), y del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, es a su vez presidente del influyente Congreso Judío Mundial (CJM) que hace un mes recibió en Nueva York, en visita de negocios y cortesía, a Donald Trump.

RWL Water LLC, a través de sus filiales mexicanas, ganó la licitación del proyecto «Sistema Integral Hídrico para la región de San Quintín en el municipio de Ensenada» con el que producirá 250 litros por segundo de agua potable mediante la construcción y operación de una planta desalinización de agua marina cuya inversión público-privada por de 33.7 millones de dólares.

El agua que producirá y distribuirá en el valle agrícola -250 litros por segundo- será suficiente para cubrir las necesidades de 90 mil residentes de la región rural en donde hace dos años miles de trabajados paralizaron su actividad para exigir mejores condiciones laborales y sueldo, así como agua potable en sus casas y centros de trabajo.

Pero RWL también apoyará con agua desalada el proyecto más ambicioso de exportación de fresas mexicanas que impulsa la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), el gobierno federal mexicano y el de Francisco Vega, a través de las trasnacionales Driscoll’s y Berrymex, las mayores productoras y exportadoras de fresas y moras en América y Europa.

El autócrata judío magnate estadounidense, mediante el Decreto 57, recibirá mensualmente y a partir de enero del próximo año, 11 millones 136 mil 150 pesos del gobierno de Francisco Vega. En los 30 años que durará el contrato de asociación la trasnacional absorberá cuatro mil nueve millones 14 mil pesos.

Los consentidos

El tercer consorcio patrocinado por Vega y los CAPPS es Operadora de Pluviales de Mexicali S.A. de C. V. Lo integran las empresas Futura Industrial S. A. de C. V.; UR Obras y Servicios S.A. de C. V.; y Constructora Makro, S. A. de C.V.

Se hará cargo de aplicar el Programa de Construcción de Tubería Troncal de Drenajes Pluviales Prioritarios en la Ciudad de Mexicali.

Futura Industrial es una filial del grupo empresarial tijuanense Urbanización y Riego Baja California (Urbaca), que a su vez es accionista de UR Obras y Servicios.

En 2004 Futura Industrial y Urbaca se asociaron con la trasnacional estadounidense JM Manufacturing Company, Inc. (JMM), a la que hoy se le conoce como JM Eagle, que en Guanajuato fundó y opera la empresa Plastics Technology de México, S. de R.L. de C.V., actualmente la firma fabricante de tubería PVC más moderna en México.

En diciembre del 2016 la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Mexicali denunció que Urbaca ganó de manera ilegal, un mes antes, la licitación de la obra “Rehabilitación del Acueducto del ejido Villa Hermosa al ejido Choropo”, de 405 millones de pesos de inversión inicial, que es la puerta de acceso a la instalación de la compañía cervecera Constellation Brands, la más grande en su tipo en el mundo y que es conocida en México como Compañía Cervecera de Baja California.

Uno de los dos principales accionistas de Urbaca es Fernando Beltrán Rendón, un empresario y promotor de box que recientemente fue nombrado en los medios de Baja California como presunto implicado en una investigación de la DEA y el ICE estadounidense por lavado de dinero y otras actividades ilícitas en la frontera.

También se le nombra como favorecido de Vega de Lamadrid con la concesión estatal por 30 años del sistema ferroviario “Vía Corta Tijuana-Tecate”, para lo cual se entregó de manera directa un contrato de operación a la empresa Baja California Railroad (BJRR), presunta propiedad de Beltrán y que obtuvo un apoyo federal de 200 millones de pesos para la rehabilitación de la llamada “línea del desierto”, de 40 kilómetros de extensión hasta la frontera con Estados Unidos.

Por su parte Constructora Makro también es aliada de Urbaca. Su principal accionista, Ariel Gutiérrez Castro, tiene como socio a Víctor Ismael Llamas Galván, accionista de Urbaca.

Makro también recibe obras del gobierno estatal con generosidad. Actualmente construye el puente vehicular Aeropuerto-Bellas Artes, y el Nodo Vial entre la Avenida 20 de Noviembre y la Prolongación Paseo de los Héroes, ambas en Tijuana, así como cuatro obras públicas en el mismo municipio con una inversión que varía por proyecto entre los 76 a los 663 millones de pesos.

Asimismo se encargó del Acueducto Inverso Tijuana-La Misión Ensenada que tuvo un costo inicial de 133 millones de pesos y terminó en casi 156 millones. Esto porque presuntamente no se proyectaron “detalles técnicos” en la obra.

También se encargó, por asignación directa, de la reparación de la autopista Tijuana-Ensenada en el tramo que se hundió en diciembre de 2013. La inversión original de la obra era de 500 millones de pesos y terminó en 900 millones. Makro fue destituida como contratista cuando Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe) encontró diversas irregularidades técnicas y administrativas en el proyecto.

Este grupo empresarial, ahora con el consorcio Operadora de Pluviales de Mexicali S.A. de C. V, aA partir de noviembre de 2019 recibirá mensualmente del gobierno y congreso de Baja California, vía Decreto 57 del 20 de diciembre de 2016, dos millones 453 mil 228 pesos.

Gracias a esto ganará, en los 15 años que durará el contrato de asociación para construir los pluviales de Mexicali, 441.5 millones de pesos.

¡Ay Jalisco no te rajes!

Para realizar la obra “Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Edificio en Tijuana de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Usos para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, Francisco Vega, con el aval del congreso del estado, contrato en asociación pública-privada a Relogar S.A.P.I. de C.V.

El proyecto consiste en dos edificios de ocho mil 561 metros cuadrados de construcción y una inversión de 154 millones 346 mil pesos. La compañía a la que Vega obsequió el concurso en septiembre de 2016, es un consorcio que integran las empresas Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente S.A. de C.V. y Vaher Inmobiliaria S.A. de C.V.

Fuerza de Apoyo, con oficinas en Tijuana, es una compañía con matriz en Guadalajara, Jalisco, y forma parte del grupo constructor Dynámica de los hermanos Carlos Federico y Diego Valenzuela Cadena, hijos del expresidente de los banqueros del país -Arcadio Valenzuela- y primos del senador panista de Sonora Francisco Búrquez Valenzuela.

Con otra de sus empresas -Operadora Audaz S.A. de C.V.- los hermanos Valenzuela arrancaron una de las primeras obra de asociación pública privada en México y Latinoamérica. Lo hicieron en el Estado de México y fue con el proyecto “Prestación de Servicios del Complejo Admirativo de Tlajomulco” para construir equipamientos municipales.

Con Relogar los empresarios recibirán del gobierno de Baja California mensualmente, a partir de abril de 2018, un millón 852 mil 521 pesos. Su contrato de obra es por 25 años y ocho meses, por lo que obtendrán del erario 570.5 millones de pesos.

¿La morralla?

Los dos últimos CAPPS el gobierno estatal los entregó a las empresas Inver Infraestructuras S.A. de V.C., consorcio mexicalense que forman Visión Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V., y Arquitectura e Ingeniería Integrada S. de R.L. DE C.V.; y a la sociedad mercantil Ingeniería de Bombas S.A. de C.V., de la ciudad de Tijuana

La primera de esas asociaciones expone en redes sociales que logró la primera transacción que se realiza bajo el esquema de Asociación Público Privada en Baja California que obtiene un financiamiento para desarrollar la construcción de la nueva sede de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en Tijuana, que contempla una inversión de 210 millones de pesos

El banco Interacciones, propiedad de la familia Hank Rhon, hizo el préstamo a la desarrolladora que ganó el concurso “Construcción, Financiamiento y Mantenimiento de Infraestructura para la Policía Estatal Preventiva (PEP) de la ciudad de Tijuana”.

Con el Decreto 57, Inver Infraestructuras recibirá tres millones 17 mil 70 pesos al mes a partir de junio de 2018. Y como su contrato en asociación es por 15 años, el grupo empresarial y los que financian su inversión ganarán 543 millones de pesos.

Finalmente, el consorcio Ingeniería de Bombas S.A. de C.V. se quedó con la obra “Ampliación, Rehabilitación, Modernización, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora La Nopalera en la ciudad de Tecate”, de hasta 170 millones 240 mil pesos.

Por este proyecto recibirá, a partir de octubre de 2018, una contraprestación mensual de dos millones 469 mil 218 pesos. Esto durante la vida del contrato que es de 15 años, por lo que obtendrá un pago total de 444.4 millones  de pesos.

Más deuda

La segunda parte de la ayuda que Vega de Lamadrid y 21 diputados decretaron para los seis consorcios privados, representa más deuda pública para el gobierno de Baja California que actuará como “obligado solidario” en créditos bancarios que gestionarán este año la Comisión Estatal del Agua y las comisiones estatales de servicios públicos de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate.

El endeudamiento público es para pagar contraprestaciones equivalentes a tres meses por los momentos que se identifican así:

Para el proyecto del consorcio Aguas de Rosarito: 447.9 millones de pesos; para el de la Desaladora Kenton, 33.4 millones; para el de Operadora de Pluviales de Mexicali, 7.3; y para Ingeniería de Bombas (Planta Potabilizadora La Nopalera) 7.4 millones de pesos.

Todas estas líneas de crédito, indica el Decreto 57, tendrán una vigencia similar a la que tengan los CAAPS.

De concretarse los cuatro nuevos créditos antes del 31 de diciembre del 2017, fecha máxima que fija el decreto para concretarlos, la deuda pública del gobierno de Baja California crecerá de 12 mil 500 millones de pesos a casi 13 mil millones.

 

 

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