LA LUCHA POPULAR CONTRA LAS OLIGARQUÍAS.

 A las oligarquías no le gusta la democracia. Hacen leyes para servirse de ellas. Es por eso que hoy, extinguida ya la «ley del agua», la lucha popular se ha extendido en Baja California contra la Ley de Asociaciones Público-Privadas ( APPs), promulgada en agosto de 2014 por el gobernador Kiko Vega. Con esa ley los traficantes privados de funciones públicas pueden operar legalmente. Traficar legalmente con los bienes públicos. Privatizar, pues. Ni más ni menos.

Daniel Solorio Ramírez/ A los 4 Vientos/ Foto: Edgar Lima

Al gobierno de Kiko Vega no le gusta gobernar, sino entregar a negociantes privados las funciones de gobierno. Les gustan los negocios, no el gobierno. Lo consideran un jugoso y crujiente negocio para ellos y sus socios. Para eso hicieron hace dos años la Ley de APPs.

A los funcionarios del gobierno de Kiko Vega les gusta decir que «… no tenemos dinero pero necesitamos las obras por lo que hay que acudir a los generosos negociantes privados. Ellos sí tienen dinero y el gobierno no lo tiene…» Pero no les gusta reconocer que toda transferencia de funciones y responsabilidades de gobierno a negociantes privados, sea privatización. La palabra les incomoda y hacen chungas con ella.

La Ley de APPs fue hecha para que los negociantes privados (no electos) hagan lo que debe hacer el gobierno electo democráticamente. Eso se llama privatizar. Entregan funciones de gobierno a los adinerados no electos.

El agua no es una mercancía, es un derecho humano. Foto: Edgar Lima

Dicen que los contratos de obra pública, otorgados hasta por más de 30 años no son privatizaciones, sino «apoyos» de los negociantes privados al gobierno emprobrecido. No les importa que en los hechos políticos los gobiernos que deben ser electos democráticamente, quedan condenados por esos contratos a pagar, pagar, pagar, pagar y pagar. Nada de que el pueblo manda. Mandan los contratos.

Esos mismos negociantes estarán dispuestos a «poner dinero» para que sus socios ganen las elecciones. Así va el juego de las oligarquías metidas en los contratos que autoriza la Ley de Asociaciones Público Privadas.

En ese juego colabora activamente el gobierno de Kiko Vega.

Daniel Solorio Ramírez. Maestro en Derecho Público. Ex Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Profesor de la UABC.