Presuntos «antorchistas» enrarecen el proceso de abrogación de la Ley del Agua de BC

A petición del Congreso del Estado, la comisionada de los Derechos Humanos en Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, se incorporó este día como mediadora entre los legisladores y los grupos de ciudadanos que hoy en la noche sostienen tomadas las instalaciones de la sede parlamentaria en Mexicali.

Javier  Cruz Aguirre / A los 4 Vientos

18 de enero de 2017.- Esto luego de que el presidente del Congreso, Raúl Castañeda Pomposo, fracasara en su intento de convencer a los manifestantes de permitir a los diputados sesionar mañana jueves 19, a las 13:00 horas, en la sede legislativa para abrogar la Ley del Agua de Baja California.

La situación en la capital del estado, a decir de diputados consultados a las 20.30 horas, es «muy difícil y complicada» porque uno de los organizadores más importantes de la movilización ciudadana en la capital, Célula 686 del regiomontano Congreso Nacional Ciudadano se deslindó hoy de un grupo de protestantes que ha hecho amenazas de actuar de manera violenta contra los legisladores.

A decir de los diputados, este bloque de protestantes arribaron esta semana a Mexicali. Son de Tijuana y aparentemente pertenecen al grupo Antorcha Campesina, organización del magisterio que nació en Puebla en el año 1974 y que en los últimos meses sostiene una confrontación con su antiguo aliado político: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien hoy acusa de tratar a sus agremiados como “arrimados” y “apestados”, a decir de su dirigente nacional Aquiles Córdova Morán.

“Esta gente llegó a radicalizar el movimiento de los ciudadanos en Mexicali. Se cubren el rostro con pasamontañas y otros accesorios que impide identificarlos, y han hecho amenazas públicas de que van a golpear y quemar a los diputados por traidores”, manifestó la legisladora petista Claudia Agatón.

El ambiente hoy en la plaza cívica de Mexicali (Facebook).

De hecho, manifestaron otros diputados que solicitaron omitir sus nombres por temor a represalias, los presuntos antorchistas son los que impiden la reapertura del edificio del congreso y han impuesto la agenda de la sesión del poder legislativo para mañana jueves: permitir la entrada a los parlamentistas sólo para que abroguen la ley del agua y de inmediato salirse del recinto.

Al respecto, el presidente de la XXII Legislatura, Raúl Castañeda Pomposo, dijo que si bien  las actividades legislativas  de los diputados se desarrollan en sus respectivas   comisiones y  en  los  módulos de  gestión social,  “es de suma importancia  que  se reanude el trabajo en  la sede   del  recinto legislativo en Mexicali  porque  hay muchos temas de interés de los bajacalifornianos que tienen que ser desahogados”.

Por la tarde, Castañeda, uno de los 13 diputados del Partido Acción Nacional (PAN)que votaron a favor de la ley de Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de la entidad, buscó convencer a los manifestantes de que permitieran a los legisladores normalizar sus labores.

Lo acompañaron el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, y el Secretario  del Ayuntamiento de Mexicali, pero todos fracasaron en su intento de dialogo.

El diputado Castañeda en el intento fallido por dialogar con los manifestantes (Cortesía).

“Reconozco el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse, pero es importante que el personal  sindicalizado que labora en  el congreso local  así como los diputados y su cuerpo técnico puedan acceder  a sus espacios de trabajo para que podamos  llevar  nuestras  respectivas responsabilidades”, dijo el panista.

Y confirmó que todos los que integran la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la XXII Legislatura, en la que se encuentran representadas las ochos fuerzas políticas del congreso local (PAN, PRI, PES, MORENA, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y PBC), existe  toda la voluntad de lograr un acuerdo  de respeto entre todas las partes involucradas.

Incluso al mediodía el coordinador de la bancada priista en el congreso, Alejandro Arregui, confirmó al resto de sus colegas que retiraban la iniciativa de abrogación de la ley del agua que su partido presentaría en la sesión del pleno legislativo antes que la del gobernador Vega de Lamadrid, hecho que generó incertidumbre, molestia y asombro entre los otros legisladores que votaron en contra de la ley, tal y como lo informó A los 4 Vientos por la mañana en su página en Facebook.

Ante el fracaso del presidente del congreso, los diputados de la JUCOPO solicitaron la mediación de la presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Melba Olvera, quien por la tarde comunicó que los grupos de manifestantes se reunirían en asamblea la tarde noche de hoy para tomar una decisión.

La presidenta de los Derechos Humanos en BC, a negociar (Archivo).

La propuesta de los diputados era que se les permitiera normalizar su labor legislativa con el tratamiento de diversos puntos y no sólo el de la abrogación de la ley del agua, pero los manifestantes no accedieron a su petición hasta las 21 horas.

Por eso, a las 7 de la tarde los diputados recibieron en archivo electrónico una copia de la iniciativa abrogatoria de Vega, para que la analicen con sus bancadas y los grupos de apoyo jurídico, y así “evitar letras chiquitas y realizar observaciones en el caso de alguna situación que afecte a ciudadanía”.

Claudia Agatón reiteró que la JUCOPO y el pleno del congreso esta listo a votar de manera unánime por la abrogación de la controversial ley para que se publique inmediatamente en la Gaceta Parlamentaria del congreso  –más tardar el viernes 20 de enero por la mañana- para su entrada en vigor de manera automática.

“Con esto regresaremos de inmediato al régimen jurídico anterior del agua en el estado. Nos quedaría trabajar en dos aspectos: rehabilitar las Comisiones Estatales de Servicios Públicos en los cinco municipios del estado, y reestablecer el Fondo de Cultura para el Agua”, concluyó la legisladora por Ensenada.