El agua: el negocio israelí en BC al amparo del Salinato

A 33 años de que el gobierno federal reformó la Constitución de México para municipalizar el servicio de agua en todo el país, el gobierno de Baja California no sólo vetó esa disposición presidencial; profundizó la privatización del recurso que en 1992 inició Carlos Salinas de Gortari y que en 2015 Enrique Peña Nieto intentó concretar con el apoyo de la compañía nacional israelí Mekorot, hoy aliada del gobernador Francisco Vega de Lamadrid en la imposición de una repudiada Ley estatal del Agua.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

14 de enero de 2017.- Hoy, en el estado que tiene 27 años de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN), sólo un regidor de los cinco ayuntamientos de Baja California, el independiente Cristian Vázquez González, cuestiona el veto a la administración integral del agua para los municipios y solicitó a un cabildo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que inicie el estudio técnico para que el agua se municipalice a favor de Ensenada.

Los intereses contra su sueño son muchos y muy fuertes. Por ejemplo Mekorot, empresa estatal de Israel, es a decir de la diputada local Claudia Agatón Muñiz la directamente beneficiada con la Ley del Agua de Baja California que, afirma, privatiza el recurso.

Por su parte, el analista político y articulista Alfredo Jalife-Rahme reiteradamente ha dicho en su columna “Bajo la Lupa”, que escribe para el periódico La Jornada, que Mekorot está bajo administración de Natan Eshel, ex jefe de gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Esta misma fuente, con base a información que publicó el sitio de internet israelí Globes, destaca que Mekorot fue “expulsada” de Argentina en 2014 acusada de promover un “apartheid del agua” contra 4.5 millones de palestinos de los territorios ocupados por Israel y especular con la dotación de agua potable a millones de habitantes del país sudamericano.

No sólo eso. Jalite-Rahme afirma que Natan Eshel negoció con David Korenfeld Federman, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México de 2012 a abril de 2014, la firma de contratos con Mekorot en un esquema de privatización de los recursos hidráulicos del país.

Globes y Jalite denunciaron que de esa negociación surgieron dos acontecimientos:

1.- En noviembre de 2013 y 2015, el director ejecutivo de Mekorot – Shimon Ben Hamo- y Conagua firmaron, con el aval de los presidentes Enrique Peña Nieto y Shimon Peres, acuerdos para que Mekorot National Water Company asumiese la purificación de fuentes de agua contaminadas en Coahuila, Durango, Sonora, Distrito Federal, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz.

Por fungir de intermediario de las negociaciones, afirmó el portal israelí, Natan Eshel habría ganado entre el 5 y el 8 por ciento del valor del contrato firmado por el órgano mexicano: un monto inicial de seis millones de dólares.

El escándalo de la operación, que incluyó la renuncia de David Korenfeld porque se le encontró culpable de usar un helicóptero de la Conagua con fines personales, originó que el 8 de noviembre del 2016 el senador perredista Fernando E. Mayans Canabal, exhortara al Director General de la Comisión Nacional del Agua, licenciado Roberto Ramírez de la Parra, para:

A) Que exhiba el o los convenios o contratos celebrados con la empresa Mekorot National Water Company ¿cuándo se dio la primera fase y su costo? ¿Cuáles son los términos de referencia del (o los) convenio (s)? ¿En que consistieron los estudios? ¿Cuántas fases tiene la participación de la empresa Mekorot para solucionar los problemas hídricos del país? ¿Es un proyecto, estudio o programa y cuál es el costo de cada fase y en qué consisten? ¿Dónde se puede consultar el informe correspondiente?

B) ¿Por qué no se invitó a académicos mexicanos expertos en hidrogeología a participa en la solución de esos problemas?

C) Informe, exhiba y explique amplia y detalladamente los avances físicos y financieros y fases técnicas-metodológicas de los proyectos que ha realizado con la empresa Mekorot, a cuánto ascienden los análisis y / o estudios de los proyectos ejecutados por la empresa israelí; así como el grado de saneamiento al que se compromete dejar el agua dicha empresa.

La investigación del senador continúa abierta al inicio de 2017.

Enlace en CONAGUA

2.- Otra iniciativa de David Korenfeld Federman fue la presentación ante la Cámara de Diputados del proyecto de la Ley General de Aguas, en febrero de 2014, la cual fue bautizada con el nombre de “Ley Korenfeld”.

La propuesta contempla la ampliación a todo el país del modelo de privatización de los recursos hidráulicos que el mismo puso en práctica en el Estado de México que gobernaba Enrique Peña Nieto.

En esa época (2007 a 2012), Korenfeld ocupó los cargos de secretario de Aguas y Obras Públicas y de presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS). De ahí brincó a la Conagua, ya en la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El portal israelí recuerda que el modelo que se puso en práctica en el Estado de México privilegia la construcción de infraestructura hidráulica, fundamentalmente, de quien paga el agua, promueve la concesión de grandes obras hidráulicas en el entorno de las principales ciudades y da a la Conagua el poder de otorgar concesiones prorrogables hasta por 60 años a las empresas interesadas, algo que hoy permite la nueva Ley del Agua de Baja California.

Y destacó: “Los críticos del proyecto de ley afirman que ésta tiende a encarecer el acceso al agua, lo que afecta a los segmentos más pobres de la población y coloca la soberanía hidráulica del país en manos de la iniciativa privada”.

Jalite-Rahme escribió al respecto: “La ley Korenfeld promovió la ‘criminalización’ de las investigaciones científicas, al determinar en uno de sus artículos un castigo financiero a toda persona que realice estudios, vigilancia y tratamiento de los recursos hidráulicos mexicanos sin la autorización previa de Conagua.  Con esto, ningún investigador universitario o ciudadano podría, por ejemplo, obtener información que cuestionase los datos oficiales sin el consentimiento del organismo”.

De acuerdo con el columnista, Korenfeld elaboró la legislación con la asesoría de Mekorot y el apoyo de instituciones financieras y bancarias multinacionales como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barklays Bank, Blakstone Group, Allianz y HSBC

En la actualidad, la Ley General de Aguas esta “congelada en el Congreso de la Unión” pero en octubre de 2016 la Conagua estimó que se trata de un estatuto “necesario” que “no privatiza el agua” en México, por lo que debe “ser retomada por el poder legislativo federal y aprobarla”.

Mekorot en Baja California

El entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán con técnicos de la empresa Mekorot, en junio de 2012 (Zona Líder)

La presencia del consorcio estatal israelí en Baja California se remonta a los años 2009 a 2012, cuando el entonces gobernador panista del estado José Guadalupe Osuna Millán, su secretario de Fomento Agropecuario Antonio Rodríguez, dueño del rancho Los Pinos, el más grande exportador de tomate de México, viajaron a Israel para atraer inversiones de aquel país para la entidad.

En noviembre de 2013 Shimon Ben Hamo, director ejecutivo (CEO) de Mekorot, Zvi Pinczowski vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la compañía y Gregorio Goldstein, cónsul de Israel en Baja California, sostuvieron una reunión en Ensenada con el subsecretario de Promoción y Retención de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Juan Antonio Martínez Zaragoza, y el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial  (CCE) de  Ensenada,  Wenceslao Martínez, hoy diputado federal por el PAN.

Para ese momento Mekorot ya tenía establecida una relación de colaboración con Baja California y un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, por lo que dio seguimiento al proyecto de captación y desalación de agua de mar para abastecimiento de la zona costara de la entidad.

En julio de 2015, el organismo empresarial y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) firmaron un convenio de coordinación para el desarrollo del proyecto “Ensenada, infraestructura del agua”.

Este programa tiene dos objetivos: el mayor aprovechamiento del escurrimiento de agua pluvial (lluvia) y el aprovechamiento de las aguas tratadas, asuntos que la Comisión Estatal del Agua (CNA), el Colegio de Ingenieros Civiles y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ensenada ya habían diagnosticado detalladamente.

Meses después, el gobierno de Baja California informó al sector empresarial que Mekorot haría el Plan Hídrico de Baja California con una inversión pública de 165 mil dólares.

También que la misma empresa israelita recibió cuatro millones de pesos para iniciar la rehabilitación del Acueducto Ejido Villa Hermosa  (Mexicali), para surtir el líquido a la planta cervecera de la empresa Constellation Brands, líder mundial en su área.

La obra hidráulica constará de 47.5 kilómetros de longitud, con capacidad de 20 millones de metros cúbicos al año y requerirá una inversión de 442 millones de pesos.

La diputada estatal Claudia Agatón cerró la información de los negocios que Mekorot hace en Baja California, cuando dijo a 4 Vientos que es la gran beneficiaria de la Ley del Agua de Baja California.

La municipalización del agua

En su ensayo “Agua, municipalización y privatización”, Nicolás Pineda Pablos, investigador de El Colegio de Sonora, profundiza en el centralismo, los subsidios a la municipalización, la autosuficiencia y la privatización del agua en el país.

Recuerda que por lo menos desde 1948, los sistemas urbanos de agua potable de México estuvieron concentrados en manos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), dependencia del gobierno federal, y en menor medida de algunos gobiernos estatales.

En ese año, menciona, dentro de la SRH se creó la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado (DGAPA) como responsable de manejar los proyectos y de construir la mayoría de los sistemas hidráulicos en México.

En 1980, la entonces Secretaría federal de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) transfirió el manejo de algunos sistemas de agua potable a los gobiernos estatales como parte de un programa de descentralización.

A su vez, algunos de los estados delegaron la responsabilidad de ofrecer esos servicios a algunos municipios. Sin embargo, la responsabilidad de invertir en infraestructura siguió siendo función exclusiva de la dependencia federal.

En 1982, el presidente Miguel de la Madrid creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con el fin de asumir las responsabilidades de la SAHOP en cuanto a la infraestructura hidráulica urbana. Ese mismo año, la dependencia comenzó a descentralizarse hacia los estados.

Un año después, ya como presidente, Miguel de la Madrid, presentó al poder legislativo una iniciativa que contemplaba adiciones y modificaciones al artículo 115 constitucional, el cual regula las actividades de los municipios.

Tal reforma constitucional, aprobada el 3 de febrero de 1983, definió de manera explícita varias de las responsabilidades de los municipios en materia de planeación del suelo, servicios públicos, los reglamentos y autonomía presupuestal, entre otros aspectos. Una de estas definiciones decía que los servicios de agua potable eran responsabilidad primaria de los municipios «con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes [locales]».

Este nuevo principio constitucional trajo como consecuencia la devolución y descentralización de la administración, infraestructura e inversión para el agua potable, que pasaron de manos del gobierno federal a manos de los gobiernos estatales y municipales.

Para el cumplimiento de esta disposición, la ley aprobada instruía a los gobiernos estatales para que realizaran los cambios legales necesarios con la finalidad de que la reforma constitucional pudiera reproducirse en el nivel estatal y los municipios pudieran contar con un marco legal completo para poder proveer esos servicios.

El gobierno de Baja California, entonces en transición por el cambio de gobierno entre Roberto de Lamadrid Romandía (familiar del actual mandatario Francisco Vega de Lamadrid) y Xicotencatl Leyva Mortera, simple y sencillamente desdeñó el mandato, al igual que lo hicieron inicialmente 21 entidades de la república, y creó las comisiones estatales de servicios públicos que hasta el 30 de diciembre de 2016 administraron el recurso.

En este escenario, el pasado 11 de enero el regidor independiente del Ayuntamiento de Ensenada Cristian Vázquez González, anunció un exhorto a sus compañeros ediles para trabajar de manera técnica en la posibilidad de presentar, antes de que termine el mes y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Controversia Constitucional para pedir la municipalización del agua que el gobierno del estado negó a Ensenada.

“El tiempo está encima. Vivimos en una ciudad que hoy padece por todos lados. Que por tres años se ha bañado a “jicarazos”. Con un Valle de San Quintín donde tres cuartas partes de la población no tienen el servicio de un derecho humano. Donde ya no se tolera el tandeo, las tuberías rotas, las calles abiertas por la CESPE (Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada). Donde se le echa la culpa de un mal servicio a quien no paga por algo que no tiene”.

Y advirtió: “Pero también una ciudad de más de medio millón de habitantes que no tolerarán nuestro silencio si esto resulta anticonstitucional. Si los supuestos de la ley no son la única opción. Si nos quedamos callados y sólo hablamos de que podría traer beneficios. Urge que lo analicemos todos e incluyamos a la ciudadanía en ese análisis, algo que debió suceder antes de presentarse y aprobarse”.

Por ello, consideró que los regidores deben poner un ejemplo a los diputados de que sí pueden formar opiniones y tomar decisiones colegiadas, “sin improvisación, sin cosas en lo oscurito. Porque nadie puede negar que esa ley (del Agua de Baja California) fue aprobada sin discusión, en opacidad, sin transparencia, en un atraco procesal”.

Su propuesta quedó a revisión “en comisiones” del Ayuntamiento que preside el priista Marco Antonio Novelo Osuna, quien públicamente ha dicho que la nueva ley “tiene beneficios” para los usuarios, entre ellos al gobierno que preside y que tiene una deuda con la CESPE por más de 30 millones de pesos.

Privatización del agua, desde Carlos Salinas

Foto: Artículo 7

En su ensayo, Nicolás Pineda Pablos revela que el ascenso de Carlos Salinas a la Presidencia de la República en diciembre de 1988, trajo consigo un intento de actualización y modernización de la política para el agua potable.

“Esta vez se diseñó un plan de acción orientado específicamente a los problemas del servicio en esta materia y no formó parte de un intento de reforma más amplio como antes lo fue el fortalecimiento municipal. La principal innovación consistió en la asignación del servicio a organismos especializados en su operación con autonomía administrativa y autosuficiencia financiera. Estos organismos podían estar adscritos indistintamente a la administración pública estatal o a la municipal, pero tenían una clara orientación empresarial y mercantil”, cita el investigador.

Así, con el propósito de sacarle la vuelta a las restricciones a la participación privada estipuladas por el artículo constitucional 27 y la Ley de Aguas Nacionales de 1972, el primero de diciembre de 1992 se aprobó la nueva Ley de Aguas Nacionales a fin de regular el artículo 27.

“De este modo, aunque el artículo constitucional no fue modificado y, por lo tanto, la Constitución de la República conservó en materia de recursos hidráulicos el principio de su propiedad original de la nación y la tendencia estatista en cuanto a su planeación, la ley de 1992 tuvo el propósito explícito de fortalecer la concesión de derechos de uso y favorecer la administración privada del agua”.

El académico cita entre los instrumentos que se establecieron, una mayor participación de los usuarios en el diseño de las políticas regionales y locales, una sola autoridad federal a cargo del agua (la Conagua) y una mayor certeza legal en los derechos del recurso de manera que las entidades privadas pudieran planear estratégicamente sus actividades a largo plazo.

Hacia 1996, 29 estados habían aprobado legislaciones que autorizaban la participación privada mediante contratos de servicios en general, mientras que sólo en dos estados (Tabasco y Yucatán) se omitió el tema

Además, en relación con el tema particular de la privatización del servicio de agua potable, 20 estados contemplaron y regularon la posibilidad de que el estado o el gobierno municipal puedan otorgar concesiones, mientras que los 11 restantes (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, México, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán) no expidieron normas para la concesión a empresas privadas, aunque eso no impidió necesariamente la concesión de dichos servicios.

Esta situación finalmente cambio en Baja California cuando Francisco Vega presentó su iniciativa al congreso y la mayoría panista en alianza con dos legisladores “de oposición” (PRD y Movimiento Social), aprobaron una ley que, afirman sus cientos de miles de detractores, “privatizará” el agua en Baja California.