Agroempresarios boicotearon movimiento social en San Quintín

Mientras jornaleros de Baja California denunciaron que los más poderosos horticultores del valle de San Quintín se aliaron al gobierno para dividir y desactivar la movilización ciudadana en aquella región agrícola, integrantes del Frente Auténtico del Campo (FAC) rechazaron el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar del presidente Enrique Peña Nieto, y sumaron actos de protesta contra el gasolinazo en 32 estados de la república.

A los Cuatro Vientos / Ercilia Feria Ortiz

El dirigente del Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), Lorenzo Rodríguez, manifestó que los rancheros del valle donde se produce la mayor cantidad nacional de tomate, fresa y moras de exportación, iniciaron la división del movimiento de protesta de cientos de residentes de San Quintín utilizando antiguos voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

Estos activistas sociales, agregó, se presentaron dos días seguidos en los sitios donde los protestantes mantenían bloqueos totales y parciales en el tramo carretero del valle de San Quintín.

Ahí pidieron a sus excompañeros que terminaran con el bloqueo a la carretera transpeninsular y se sumaran a la toma de oficinas del gobierno estatal y oficinas de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y distribuidores de gas LP, acción que anunciaron y concretaron días después.

Luego, un grupo de residentes mestizos del valle de San Quintín avisaron al subsecretario de Gobierno del Estado en el valle, ingeniero Moisés Dávalos, que el viernes 6 de enero tomarían el edificio de la administración estatal, acción que realizaron sin oposición alguna de las autoridades.

Y un día después -7 de enero-, otro grupo de decenas de ciudadanos del valle realizó una manifestación mixta (en automóviles y a pie) en el poblado de San Quintín que concluyó en el mismo edificio de gobierno del estado, el cual ese día estaba cerrado al público por ser sábado.

“Muchos de los residentes del valle nos abstuvimos de asistir a esa actividad porque no se trató de una marcha en contra del gasolinazo ni mucho menos en contra de la nueva ley estatal del agua, sino una manifestación en contra del mismo pueblo y en un día donde no había nadie a quien reclamar”, manifestó Lorenzo Rodríguez.

Afirmó que la manifestación la organizaron los empresarios, “que en lugar de unirse al pueblo siempre dividen los movimientos legítimos y aquí el único beneficiado fue el gobierno”.

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La protesta en San Quintín contra el gasolinazo. Foto: Facebook

También que los empresarios agrícolas cubrieron todos los gastos de los que participaron en la marcha mixta: –“desde los camiones en que se les trasladó a San Quintín, la gasolina de muchos vehículos que se usaron en la marcha por la carretera transpeninsular, incluidas unidades de sus empresas, y hasta víveres”.

Y tras resaltar que los manifestantes se olvidaron de protestar por la privatización del agua en Baja California que presupone la nueva Ley estatal del Agua, comparó:

“Cada persona que estaba en el bloqueo (de la carretera transpeninsular) no era por seguir nomás a alguien, sino gente que estaba totalmente convencida de que estaban luchando por dejarle un mejor futuro a los suyos”.

Prueba de ello es que muchos de los manifestantes “aguantaron el frío de la madrugada, sed y hambre, y sacrificaron días de trabajo”.

Y remató: “A eso le llamo una verdadero lucha de pueblo, pero el tema del gasolinazo va para largo; así que estén al pendiente de las próximas convocatorias de las verdaderas organizaciones que luchan por y para el pueblo”.

El viernes 6 de enero, el presidente municipal de Ensenada Marco Antonio Novelo Osuna informó que gracias al diálogo que su administración sostuvo desde el lunes 2 de enero con los que bloquearon la carretera, se logró ese día la apertura de la vía de comunicación.

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Los manifestantes frente al centro de gobierno estatal en San Quintín (Foto: facebook).

Dos días antes, el SINDJA y la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social anunciaron que iniciaban la movilización de todo el valle y que buscarían decretar una huelga general a la que estallaron en San Quintín los jornaleros agrícolas en marzo de 2015.

Algunos de los participantes de la marcha del sábado 7 de enero aclararon su apoyo a la manifestación que identificaron como «No al gasolinazo, No al aumento al agua, no a la violencia».

Lucila Hernández, dirigente de la asociación civil Alianza de Mujeres de Diversos Colores, del valle de San Quintín, expresó:

«Apoyamos todas las manifestaciones sin violencia porque todos tenemos derecho a manifestarnos y hacer lo que pensamos, sin agredir a los demás».

Y agregó: «Es nuestro derecho, pero no olvidemos los derechos de los demás».

Y remató la también representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en el valle agrícola: -«Seguimos adelante y apoyamos todas las luchas que sean de beneficio para todos. Todas las manifestaciones sin violencia».

Pacto de Peña Nieto con empresarios y organizaciones priistas, una simulación

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El pacto de Peña Nieto con los sectores del PRI y los empresarios divididos (Foto: hojaderutadigital.mx)

Por su parte, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), una de las cuatro organizaciones que forman el Frente Autentico del Campo (FAC), repudió el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que firmó este día el Presidente Enrique Peña Nieto, y descartó que el documento sirva para debilitar las protestas en el país por el gasolinazo.

Marco Antonio Ortiz, dirigente nacional de la coalición, dijo que la protesta social persistirá hasta que el Gobierno Federal sea sensible al reclamo de los campesinos y del nuevo acuerdo dijo: –“Es una simulación donde las agrupaciones priistas que históricamente han sido comparsas del gobierno, convalidan la política fallida del Presidente de la República”.

Antes, como miles de seguidores de la CODUC en las 32 entidades del país, participó en la movilización en contra del “gasolinazo” que a partir de hoy el organismo puso en marcha contra el aumento al precio de las gasolinas y el diésel, como bloquear los accesos a las principales ciudades del país, tomar casetas para dar libre paso a los vehículos y protestar frente a las instalaciones de Pemex.

Los contingentes más numerosos de la organización que participaron en la protesta de hoy fueron los del Estado de México, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Chiapas, Yucatán, Durango, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Nayarit y Michoacán.

Las acciones de protesta, reveló Marco Antonio Ortiz, tienen como objetivo exigir la derogación de la reforma energética y dar marcha atrás al incremento de la gasolina y el diésel.

Sin embargo, apuntó, “el gobierno dio hoy una nueva muestra de que continuará criminalizando la protesta social cuando el dirigente estatal de la Coalición en Tabasco, , Ramón García de la Rosa, fue detenido por la policía estatal y entregado a la policía federal”.

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Foto: Cortesía

Gasolinazo incrementó entre un 35 y 40% los bienes y servicios, incluido el sector agroalimentario

Mientras tanto, el Movimiento Social por la Tierra (MST) anunció que también exige la derogación de la reforma energética de 2013, debido a que la privatización propiciada por los cambios al marco jurídico del sector entrega la riqueza petrolera a las empresas trasnacionales y sus socios locales.

Además, manifestó Francisco Chew Plascencia, dirigente de la organización que también es adherente al Frente Auténtico del Campo, la reforma desmantela la industria petrolera estatal, propicia el despojo de la tierra y el territorio de los ejidos y comunidades indígenas, “y abre un enorme boquete en las finanzas públicas debido a que los ingresos petroleros representaban aproximadamente el 40 % del gasto público”.

Plascencia justificó las movilizaciones que se dan en todo el país por el incremento en el precio de los combustibles, y explicó que la promesa incumplida que exacerba el enojo social es aquella hecha en la propaganda gubernamental durante el 2013 y 2014 que aseguraba que con la reforma energética se instalarían nuevas refinerías en el país con la mezcla de capital público y privado, y esto reduciría el costo de la gasolina y el diésel.

“La liberalización del precio de la gasolina, derivada de la reforma estructural, incrementó entre un 35 y 40% los bienes y servicios, incluido el sector agroalimentario, golpeando el ingreso familiar y la economía nacional que ya de por si se ha venido deteriorando de manera acelerada en estos años del gobierno de Enrique Peña Nieto”.

El dirigente campesino expresó su rechazo a que el costo económico y social de la crisis económica la descargue en la sociedad; prueba de ello, dijo, es que ninguno de los recortes al gasto público afectó a la clase política.

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Foto: Cortesía

“Por el contrario; los partidos políticos y la burocracia dorada no solo mantienen, sino acrecientan sus privilegios a pesar de que el gasto social sufre severos recortes. El costo de la mala conducción económica descansa sobre los hombros del pueblo de México”.

Añadió que la liberalización del mercado de combustibles, construido para que las trasnacionales y en general el sector empresarial pueda hacer la venta directa y así entregarles “este lucrativo negocio”, y que originalmente estaba prevista para el año 2018, se adelantó por dos razones:

1.- Para que el gobierno tuviera ingresos por la vía del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y 2.- para que los voraces empresarios de la venta de combustible lucraran aún más “en este escenario entreguista construido con la reforma energética”.

Afirmó por último que la legitimidad de las demandas en contra del gasolinazo es incuestionable, por lo que el Movimiento Social por la Tierra continuará con las protestas en todo el país en demanda de que se derogue la reforma energética, creada al amparo del Pacto por México, firmada por el PRI, PAN y PRD.