Rocío López Gorosave argumenta su voto a favor de la Ley de Aguas: Lo mejor para Ensenada, dice

“Mi voto a favor de la Ley de Aguas del Estado de Baja California, fue analizado a conciencia y emitido con total responsabilidad y pensando antes que nada en el bienestar de los ciudadanos”.

A los Cuatro Vientos / Comunicación Social de la diputada / Imagen principal de Animal Político.

Mexicali, B. C., a 20 de diciembre de 2016.- Ello lo manifestó la diputada perredista Rocío López Gorosave al presentar sus argumentos del por qué votó a favor de la iniciativa del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

“Es muy sencillo de entender. En Baja California, y en especial en Ensenada, no existe la suficiente agua para dar abasto a todos. Más en específico, en el Municipio de Ensenada atravesamos una crisis por la falta de este líquido, misma que no será reversible; es decir, esta sequía se extenderá por varios años y no podemos seguir dependiendo casi exclusivamente de la fuente del Río Colorado (por lo que) una de las expectativas más sólida es la de las plantas desalinizadoras”.

Agregó que actualmente la Comisión Estatal de Servicio Públicos de Ensenada (CESPE) no cuenta con la solidez financiera que le permita pensar en grandes obras de infraestructura, por lo que no solo es incapaz de enfrentar la realidad actual sino que en un futuro será rebasado por la escasez de agua, lo que representaría un colapso total en la economía, la salud, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Ensenada.

“A ello se suma el factor de las poblaciones del sur del municipio que enfrentan una situación aún más grave, lo que sería imposible de afrontar con las condiciones y estructuras que actualmente tiene la CESPE”.

Dentro de los principales aspectos a destacar como razones para votar a favor de la llamada Ley de Aguas, Rocío López Gorosave resaltó las siguientes:

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1.- El que las decisiones relacionadas al agua estén sujetas a la política, generó una gran deficiencia presupuestal de las comisiones estatales y las colocó en una posición que las imposibilita para hacer las inversiones que se requieren para actualizar la infraestructura y elevar su eficiencia operativa.

2.- La integración de las comisiones de servicios públicos en un esquema metropolitano, en donde participen los organismos de Tijuana, Ensenada y Tecate en una sola, resultará en un consorcio con mayor fortaleza financiera, lo que facilitará la obtención de los recursos necesarios para realizar las inversiones que las ciudades requieren.

“La metropolización abre la puerta para acceder a bolsas nacionales e internacionales, a las que de otro modo no se podría llegar”, dijo.

3.- La integración del nuevo organismo abarcará hasta San Quintín y permitirá la viabilidad financiera de la desalinizadora que se construirá en aquel valle agrícola para resolver el problema de falta de agua potable.

4.- La integración de los organismos Tijuana, Tecate y Ensenada, permitirá crear sinergias entre las tres ciudades, estandarizar los procesos y procedimientos del sector “y generar economías de escala que reduzcan su costo operativo”.

En el aspecto del costo del agua, afirmó que Ensenada es el municipio más beneficiado ya que el manejo en bloque que propone la Comisión Estatal del Agua respecto al suministro que proveerá a las tres ciudades a un mismo precio, permitirá generar condiciones de igualdad entre las tres ciudades en la tarifa.

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“Esto significará que las tres ciudades tendrán suficiente agua a precios similares, de tal manera que la competitividad de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada será la misma en términos de agua.”

Aseguró que de no llevarse a cabo ésta reforma, Ensenada tendría la tarifa más alta del Estado ya que gran parte del agua que recibirá es de la planta desalinizadora, lo que inhibiría tanto el desarrollo económico como afectaría a la población en materia de salud y bienestar

En cuanto a la situación laboral de los empleados de los organismos actuales, dijo que se garantizó la sustitución patronal respetando las condiciones de los contratos actuales de trabajo en cada ciudad, sin modificación alguna respecto a plazas, antigüedad y prestaciones.

“No se dejará a ningún trabajador sindicalizado desamparado, ni cambiaran las condiciones de trabajo en absoluto”, afirmó.

En resumen, concluyó la legisladora, la aprobación de la Ley de Aguas del Estado de Baja California garantiza el suministro en el presente mediato y futuro con un precio competitivo, lo que significa que no se pagará más elevado que en otras ciudades.

“Mi voto a favor fue condicionado a que el nuevo organismo garantice el suministro permanente del agua, la eliminación de tiraderos y fugas, la reposición del sistema de suministro de agua en la ciudad, que no se cobre por el ‘aire’ en las tuberías y que se eliminen cobros excesivos, además de que se mejore la atención al público”.

Congreso de BC aprueba la nueva Ley del Agua

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Votan a favor en lo general PAN, PRD y MC; en contra el PRI, Morena, PT, PBC y PES. Una reserva en lo particular fue avalada por todas la fuerzas políticas

Crea dos organismos metropolitanos estatales: uno para la zona costa, que abarcaría Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, y otro para Mexicali

Establece un Consejo Consultivo donde participarán el sector social y privado, para la mejor distribución y aprovechamiento del agua

Las tarifas de agua potable se actualizarán de forma anual a través de una fórmula preestablecida; dejarán de preverse en las leyes de ingresos.

Congreso de BC

Mexicali, B. C., martes 20 de diciembre de 2016.- El Pleno del Congreso local aprobó en lo general, con 15 votos a favor y 10 en contra, el dictamen 48 proveniente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que contenía la iniciativa que crea la Ley del Agua para el Estado de Baja California (LAEBC), propuesta por el Poder Ejecutivo, la cual contempla la instauración de dos organismos metropolitanos estatales: uno para la zona costa, que abarcaría los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, y el de Ia zona metropolitana del municipio de Mexicali.

Asimismo fue aprobada una reserva en lo particular, con 22 votos a favor y cero en contra, planteada por la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), para incluir en la LAEBC 6 artículos transitorios, donde se especifica, entre otras cosas, “que las presentes reformas no afectarán los derechos adquiridos y demás prestaciones reconocidas a los trabajadores de base de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada con anterioridad al presente Decreto y a la sustitución patronal que refiere el inciso c) del artículo noveno transitorio”.

En su argumentación, el Ejecutivo estatal refirió que según un estudio efectuado en el 2016 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad ocupa uno de los primeros lugares en sequía extrema en el país, por lo que esta nueva ley dotará de nuevas alternativas para que no falte el vital líquido en Baja California.

Por otra parte, mediante la creación de un Consejo Consultivo Estatal del Agua, promueve la participación del sector social y privado para la mejor distribución y aprovechamiento del agua, así como para conservar y controlar su calidad, a fin de que se cumplan las acciones de planeación, gestión, conservación y preservación de las aguas de jurisdicción estatal.

Adicionalmente, propone la posibilidad de que el sector social y privado puedan prestar total o parcialmente los servicios públicos, así como el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, la administración, operación y mantenimiento, de forma total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de agua en bloque, de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, e inclusive la ejecución de las obras de infraestructura hidráulica y los proyectos relacionados con dichos servicios públicos.

En cuanto al cobro de los servicios públicos, se establecen las tarifas medias de equilibrio para el cobro de los derechos en materia de agua, mediante las que se pretenden generar ingresos suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, mantenimiento y administración de los sistemas, así como la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, además de la amortización de las inversiones realizadas.

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La presa Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana (Foto: CONAGUA).

Se precisa que dichas tarifas se actualizarán de forma anual, a través de una fórmula preestablecida, de tal forma que las cuotas y tarifas por los derechos de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, dejarán de preverse en las leyes de ingresos de cada ejercicio fiscal.

En referencia a la nueva metodología para determinar las tarifas y cuotas, en la exposición de motivos se explica que “se debe principalmente al incremento en los costos de conducción de agua en bloque, particularmente en energía eléctrica, en función a Ia dotación de agua requerida para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, por un importe de 499.98 millones de pesos, que son 102 millones de pesos adicionales al 2016”.

 Asimismo, se agrega que se debe a la disminución de recursos por parte de participaciones federales propuestas por el Ejecutivo federal para el ejercicio 2017, lo que va en perjuicio de los programas de apoyo que Ia Comisión Nacional de Agua (Conagua) proporciona a los organismos operadores, para lo cual se tiene estimado que en el ejercicio 2017 serán 130 millones de pesos menos lo que se recibirá de participaciones federales con relación al ejercicio fiscal actual.

Por otro lado, se señala que Ia modificación en las tarifas se empleará para realizar reposiciones de herramientas, equipos e instrumental de trabajo de brigadas de mantenimiento y laboratorios de agua potable y aguas residuales, lo que actualmente no es posible realizar, ya que tiene un costo aproximado de 22 millones de pesos, cantidad que dada la situación financiera de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, no es posible pagar.

Además de que se favorecerá la reposición de tubería en diversas ciudades de Baja California que, en algunos casos, cuenta con más de 40 años de operación.

En el artículo transitorio segundo de este nuevo ordenamiento, se establece la abrogación de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable; Ia Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua, así como Ia Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, todas del Estado, y demás disposiciones en materia de agua potable y alcantarillado sanitario vigentes en  Baja California.