México y la violencia contra la mujer de nuevo ante los ojos del mundo

El Caso Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“ÚNETE para poner fin a la violencia contra la mujer” es una campaña del Secretario General de las Naciones Unidas con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo contra la violencia de género. 

Jorge de Jesús Anaya Perez* / A los Cuatro Vientos

En ocasión del Día Naranja, representativo de dicha campaña, vengo con la intención de difundir un poco del Caso Atenco ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La relación actual del Gobierno Federal con los organismos internacionales de Derechos Humanos lamentablemente no ha sido la más deseable para un Estado democrático, en donde debe existir un pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos. Se ha observado una áspera respuesta del Gobierno Federal a las recomendaciones, informes, observaciones y condenas hechas a México por organismos tanto del Sistema Interamericano como del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, así como de Organismos No-Gubernamentales, situaciones en las cuales los comunicados oficiales del gobierno federal no se han hecho esperar para desacreditarlos o negarlos.

Así, se ha negado una vez tras otra la crisis de Derechos Humanos que vive México y se ha mantenido una difícil relación con los organismos tanto nacionales como internacionales que se pronuncian en cumplimiento de sus mandatos sobre los casos específicos y generales de violaciones en territorio nacional.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos consta de dos órganos principales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión” o “la CIDH”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte” o “la Corte Interamericana”). En términos cortos, para que un caso llegue a la Corte Interamericana, debe ser presentada una petición ante la Comisión, esta debe emitir un Informe de Admisibilidad y, en su caso, un Informe de Fondo, en donde la CIDH determinará si existe o no una violación a Derechos Humanos y podrá emitir recomendaciones al Estado parte.

Este último Informe debe ser notificado al Estado y a la representación de las víctimas y si la Comisión Interamericana considera que han sido cumplidas las recomendaciones efectuadas, el Informe será publicado; de no ser así, si el Estado tiene reconocida la competencia de la Corte Interamericana, el caso podrá ser sometido al conocimiento de la misma. En el segundo de los casos, la Corte podrá conocer del caso, la cual, previo un proceso que comprende audiencias públicas y diversas diligencias, emitirá una sentencia donde se pronuncie sobre la violación -o no- de las obligaciones en materia de Derechos Humanos adquiridas por un Estado al suscribir y ratificar tratados internacionales en la materia.

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No es la primera vez que el Estado mexicano es sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana por casos que involucren violencia contra la mujer, a saber: Caso González y otras (Campo Algodonero), Caso Fernández Ortega y otros y Caso Rosendo Cantú y otra, todos ellos en donde México ha sido condenado internacionalmente.

En esta ocasión, el 17 de septiembre de este año se sometió al conocimiento de la Corte por parte de la Comisión el Caso 12.846 Mariana Selvas Gómez y otras vs México, mejor conocido como Caso Atenco.

El Caso Atenco trata sobre operativos llevados a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006 para el desalojo de floricultores, donde se ha documentado un uso excesivo de la fuerza pública, en San Salvador Atenco, Estado de México, ordenados por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Esto dio lugar a enfrentamientos entre la fuerza pública del Estado de México y del Gobierno Federal con los ciudadanos presentes, en donde 11 policías municipales y 6 civiles resultaron heridos y 207 civiles fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. De manera particular, hubo 47 mujeres detenidas y se habla de que al menos 26 fueron violadas sexualmente, de las cuales 14 denunciaron, continuando 11 con su búsqueda de justicia.

El 28 de junio de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la petición 512-08 presentada por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de las víctimas, la cual fue objeto del Informe de Admisibilidad No. 158/11 de 2 de noviembre de 2011 (disponible para consulta en la página de internet de la CIDH), donde la Comisión declaró admisible la petición por la presunta violación de diversos derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Posteriormente se emitió un Informe de Fondo que cual fue notificado al Estado y a las víctimas, durante este período de cumplimiento de recomendaciones el informe se mantiene secreto y no se permite a las partes su publicación ni divulgación hasta que, o se considere que se han cumplido las recomendaciones efectuadas o, en caso de que el Estado parte reconozca la competencia de la Corte, este se someta a su conocimiento por considerar que no se han cumplido las recomendaciones -hasta la fecha, este sigue sin hacerse público-, lo que sucedió en el caso que nos ocupa.

El proceder en el presente caso fue lo que algunos catalogaron como un “madruguete” a la CIDH, el mismo 17 de septiembre en que el Caso Atenco fue sometido a la Corte Interamericana para su conocimiento y las comunicaciones y notificaciones apenas se habían efectuado, se emitió un comunicado conjunto por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República (disponible para su consulta en la página del gobierno federal como “Decide la CIDH enviar el caso de ‘Mariana Selvas Gómez y otras’ a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”) en donde hacían pública la notificación de la CIDH sobre el sometimiento del caso a la Corte. En dicho comunicado también manifestaron que el propio Gobierno mexicano solicitó a la CIDH el sometimiento del caso a la Corte e informaron sobre supuestos avances en las investigaciones del mismo y que el Estado mexicano desde 2013 había reconocido responsabilidad en él.

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La exigencia de justicia para las mujeres de Atenco y castigo a la tortura sexual (Foto: Yadin Xolalpa).

Las víctimas manifestaron no haber sido informadas de los supuestos nuevos avances en las investigaciones y la CIDH no se pronunció sobre la supuesta solicitud del Estado para el sometimiento del caso a la Corte.

Por su parte, el 27 de septiembre de este año la Comisión Interamericana emitió su comunicado de prensa (disponible para su consulta en su página de internet como “CIDH envía caso sobre México a la Corte IDH”), en donde informó los pormenores del Informe de Fondo en el Caso Mariana Selvas Gómez y otras vs México. Según dicho informe, de acuerdo con el comunicado, los hechos se dieron en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policiacos ya mencionados, estableciendo que las detenciones de las víctimas fueron ilegales, arbitrarias y sin ser informadas sobre las razones de su detención ni sobre los cargos de que se les acusaba, así como también que su primera declaración fue rendida sin contar con información mínima ni asistencia técnica.

De igual manera, la Comisión Interamericana tuvo “por acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas”, actos que fueron cometidos por agentes del Estado, determinando “que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”.

Por último, se estableció por la CIDH el incumplimiento de México con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, así como que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas. Esto es, que no fue posible para las víctimas obtener justicia por medio del Estado mexicano, y que las violaciones trascendieron a afectar a su vez a los familiares de las víctimas directas. La Comisión hizo diversas recomendaciones al Estado mexicano.

Comunicó la CIDH sobre el sometimiento del caso a la Corte que, tras una evaluación del avance en la implementación de las recomendaciones, el Estado no avanzó “integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas”, haciendo hincapié en que pasados 10 años no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las 11 mujeres, así como que no se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales respectivos.

De nueva cuenta al Estado mexicano le toca comparecer ante un Tribunal Internacional que tiene facultades para condenarlo internacionalmente por violación a Derechos Humanos, otra vez, por violencia contra la mujer.

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Foto: ADN Político

Las 11 víctimas del Caso Atenco son: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo; las 11 sufrieron violencia sexual y 7 de ellas fueron violadas sexualmente por elementos policiales encargados de protegerlas.

La existencia de dicha violencia contra la mujer hoy en día no es ningún mito, sino que sigue siendo una trágica realidad. El avance en la materia, a 10 años de los hechos en San Salvador Atenco, realmente no es el más deseable, razón por la cual el caso se ve en la necesidad de ser juzgado por una Corte Internacional en materia de Derechos Humanos.

Si bien es cierto, los actores principales son y deben ser las mismas mujeres en la lucha contra la violencia de la cual día a día son víctimas en este país, pero considerar que es exclusivamente de ellas es un error. Es una lucha de seres humanos, en la cual somos responsables tanto hombres como mujeres de la equidad de género, y en la cual los hombres debemos comprometernos activamente.

Es urgente comenzar por visualizar y reconocer la violencia desde cualquier ámbito de la vida diaria y señalarla pública y enérgicamente, pues no solamente agentes del Estado, como en el Caso Atenco, la llevan a cabo.

Las víctimas de la violencia de género en el país son todas y cada una de las mujeres que lo habitan y transitan, la diferencia con estas 11 es que decidieron no quedarse calladas y llegar a la última instancia posible, hasta hacer el problema visible ante los ojos del mundo, ya que en instancia local no fue posible obtener justicia.

JORGE DE JESUS ANAYA PEREZ* Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo otoño 2015. Interesado en Derechos Humanos, elecciones y constitucionalismo. Colaborador de A los Cuatro Vientos.