Diputados de BC invaden funciones federales en Trata de Personas y Secuestro

El diputado Marco Antonio Corona explicó que la pasada legislatura aprobó indebidamente reformas en esas materias, mismas que son de competencia federal. Por ello presentó otra iniciativa para armonizar la legislación local con La Ley General federal en Materia de Trata y Secuestro

A los Cuatro Vientos / Congreso de BC

Mexicali, B. C., jueves 10 de noviembre de 2016.- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI) propuso una iniciativa de reforma al artículo 114 Bis del Código Penal del Estado, con el objetivo de armonizar la legislación local con la Ley General en materia de trata de personas y de secuestro.

Explicó que su propuesta también va en el sentido de subsanar los vicios de incompetencia que impulsó de manera equivocada la pasada legislatura, así como las incongruencias que existen entre el Código local y la normativad federal aplicable.

En su exposición de motivos el legislador dio a conocer que la pasada Legislatura aprobó modificaciones al referido artículo para regular esas materias, lo cual ─aseguró─ resulta jurídicamente improcedente en virtud de que la reglamentación penal en cuanto a la trata de personas y el secuestro son una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

trata-personas-esto-es

Mencionó que con lo avalado por la Vigésima Primera Legislatura, actualmente el 114 Bis del Código Penal establece lo siguiente: “En los delitos de homicidio, secuestro, violación, trata de personas y terrorismo, que refiere este Código, el plazo de la prescripción de la acción penal será el equivalente a la pena máxima señalada para el delito de que se trate”.

Pero el artículo 73 de la Constitución federal establece las facultades que son exclusivas del Congreso de la Unión, entre las cuales está la relacionada con expedir leyes generales en los citados temas, por lo que las legislaturas de los Estados no pueden regular jurídicamente sobre ellos.

Corona Bolaños Cacho especificó que la Cámara de Diputados federal aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de marzo de 2014, así como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, publicada en el DOF el 17 de junio de 2016.

“Se debe resaltar que, además de la evidente invasión de competencia por parte de la Legislatura local, el término de prescripción señalado en el artículo 114 BIS, esto es, el equivalente a la pena máxima, es incongruente con lo establecido no sólo con el segundo párrafo de dicho numeral, sino también con la normativa federal aplicable, esto es, con la ley general en materia de secuestros, ya que dicho ordenamiento advierte que el ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por este delito son imprescriptibles”, argumentó finalmente.