Comisiones del Congreso de BC, un revoltijo de temas

En solidaridad con la periodista y activista Guadalupe Lizárraga,

periodista de Los Angeles Press

El mes pasado, la XXII Legislatura de Baja California definió las comisiones que habrán de trabajar en el período legislativo que comienza. Como siempre, las fuerzas mayoritarias se disputan los temas que tienen que ver con gobernabilidad y finanzas.

Raúl Ramírez Baena* /  Al Filo de la Navaja / A los Cuatro Vientos

La definición de las comisiones en un Congreso es una decisión discrecional para crear y combinar temas a legislar, supuestamente, buscando que su reparto coincida con las prioridades en materia de política pública y con el perfil de cada legislador, y es de suponer también que éstos se rodearán de los expertos en los temas que les tocó. Hay comisiones que son un premio de consolación y que finalmente recaen en las fuerzas minoritarias.

Pero en un país kafkiano como México no podíamos esperar otra cosa más que mezclas raras y convencionales en un Congreso como el de Baja California, atendiendo a los intereses político-ideológicos más que a las necesidades de la sociedad, reparto que muestra además la poca o nula visión e información de las y los diputados sobre los temas. No hay consultas populares ni con especialistas.

Por ejemplo, en esta nueva legislatura de Baja California, destacamos la creación de la comisión de “Desarrollo Social, Deporte y Asuntos Indígenas”.

Los “Asuntos Indígenas” es un tema de derechos humanos que merece por sí sólo el establecimiento de políticas públicas concretas, de las que adolece la entidad, que hagan efectivos los derechos de los Pueblos Originarios amparados por el Artículo 2º Constitucional y el Convenio 169 de la OIT.

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Mujer artesana pai pai (Foto: Alejandra Pratt Torres).

En Baja California sobreviven 5 etnias nativas (cucapá, kumiai, kiliwa, pai-pai y cochimíes), ellas, sus lenguas y culturas, en proceso de extinción. Además de los pueblos indígenas establecidos, principalmente en el municipio de Ensenada, sobreexplotados como jornaleros agrícolas en los ranchos privados, en franca violación a sus derechos laborales y a la seguridad social, entre otros.

Otra, la de “Grupos Vulnerables, Familia, Derechos de las Personas de la Tercera Edad, Niñez y Discapacidad”. ¿Qué los “Derechos de las Personas de la Tercera Edad” y “Discapacidad” no son temas de derechos humanos? Si bien las personas pertenecientes a estos sectores forman parte de los grupos en condición de vulnerabilidad, demandan de manera especial del Estado la promoción y protección de sus derechos en lugar de verlos de manera lastimosa como asuntos de carácter asistencial.

Una más es la comisión de “Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud”. Parece ser que esta denominación obedece más a evadir por las corrientes conservadoras que influyen en el Congreso, a la denominación de “Equidad de Género”, que no es una “ideología” como falsamente han hecho creer las iglesias.

La equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia sobre los comportamientos, oportunidades, valoración y relaciones entre hombres y mujeres.

Son principios de derechos humanos que se elevan al campo legislativo para garantizar el derecho a la igualdad e identidad de género entre las personas, sean hombres, mujeres o personas de la diversidad sexual (LGBTTTI), y que implican obedecer por el Estado el derecho a la No Discriminación que ampara el Artículo 1º Constitucional. Así, de acuerdo a los estándares internacionales, las políticas públicas se tienen que desarrollar hoy por el Estado de manera transversal y con “Enfoque de Género”, incluida por supuesto la legislación.

“Juventud” no tiene nada que ver con estos asuntos.

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La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos

Pero la comisión que se lleva el premio mayor es la de “Derechos Humanos y Asuntos Religiosos”. Sí, como usted lo leyó. Francamente no sabemos quién propuso esta mezcla o a qué intereses obedeció la decisión colegiada de las y los legisladores, porque son dos temas tan disímbolos que no es lógico ni saludable mezclarlos en una sola comisión.

Veamos: el Estado Mexicano está obligado a promover y proteger los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad (migrantes, indígenas, niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia; personas con discapacidad, adultos mayores, enfermos, etcétera), que son temas de atención federal, estatal y municipal.

El Estado está obligado a garantizar a la población el ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de cultos. ¿Pero promover en las legislaturas locales a las Asociaciones Religiosas, a las iglesias, en un Estado Laico?

Las iglesias se promueven solas, no necesitan de la protección del Estado como sí el derecho a la libertad de cultos. Por lo tanto, no es necesario crear una Comisión de “Asuntos Religiosos”, que es un tema de competencia federal para efectos de su regulación, de ahí la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de observancia general.

Incluir los asuntos religiosos en una Comisión de Derechos Humanos se presta a la especulación, da a pensar que es un dique para la pendiente armonización en la legislación de Baja California de la prohibición de la discriminación, que implica, entre otras cosas, restituir los derechos al matrimonio y a la adopción a las personas gays y lesbianas, y a las mujeres, el derecho a la salud reproductiva. ¿A quién se dará prioridad, a los derechos humanos o a los asuntos religiosos?

El Congreso de Baja California debe rectificar.

RAUL RAMIREZ BAENA 1* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California