¿Un consejo internacional para investigar la impunidad en México?

El 12 de diciembre de 2006, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el entonces Presidente de Guatemala, Oscar Berger, firmaron un Acuerdo “Relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, auspiciada por la ONU, cuyo mandato se extendió hasta el año 2019. El Acuerdo fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala.

Raúl Ramírez Baena* / Al Filo de la Navaja / A los Cuatro Vientos

Los objetivos de esta comisión autónoma, son, entre otros, implementar mecanismos efectivos para proteger los derechos civiles contenidos en los tratados internacionales, “considerando que los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad –en Guatemala– atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena”.

El mandato de la CICIG contempla también promover la persecución penal por medio de denuncia penal o querella ante las autoridades correspondientes. En consecuencia, después de un largo proceso de investigación sobre varios casos de corrupción gubernamental e impunidad, altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial de Guatemala, así como líderes sindicales, han sido capturados y procesados.

Sin duda, el llamado caso de “La Línea” ha sido la investigación más importante del CICIG, caso vinculado a la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de la América Central, promovida por la administración de Barack Obama en Guatemala, El Salvador y Honduras, al descubrir en abril de 2015 una sofisticada red de contrabando en las aduanas de Guatemala, que derivó en la destitución y posterior procesamiento, entre otros, del Presidente Otto Pérez Molina. La publicación de estos hechos provocó multitudinarias manifestaciones populares promovidas en las redes sociales contra el Presidente Otto Pérez.

ONU recomienda a México crear Consejo

En el discurso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al finalizar su visita oficial a México en octubre del año pasado, manifestó su preocupación por que 98 por ciento de los crímenes cometidos en el país quedan impunes. Y citó las “cifras impactantes” de más de 150 mil personas asesinadas, 26 mil desaparecidos y miles de víctimas de feminicidios.

También advirtió: “Prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”, mencionando los casos paradigmáticos de las masacres de Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los hallazgos de cientos de fosas clandestinas.

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Derivado de esa visita, de sus observaciones y entrevistas, el 20 de octubre de este año, el Alto Comisionado Al Hussein entregó en Nueva York a la representación diplomática mexicana un documento conteniendo 14 Recomendaciones formuladas al Estado mexicano.

La Recomendación más importante es la que se refiere a “Establecer un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad, para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos”.

Este Consejo Asesor propuesto por la ONU quizá se asemeje a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, creado ex profeso para investigar los crímenes y desaparición forzada en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya extensión de mandato no fue avalada por el gobierno federal mexicano, como si fue avalada la extensión del mandato de la CICIG por el gobierno guatemalteco.

A la Recomendación de la ONU de crear un “Consejo Asesor”, la Cancillería mexicana respondió: “Esta recomendación podría atenderse mediante el establecimiento de un organismo nacional de derechos humanos, que cuente con un grupo asesor de personalidades en la materia. En adición, se destaca que el país cuenta con instituciones autónomas que promueven y defienden los derechos humanos, y se abocan al combate a la impunidad, en particular la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. En todos los casos, se cuenta con los expertos y capacidades para atender la sustancia de la recomendación”.

Como es sabido, las instituciones citadas por la Cancillería son insuficientes para revertir la crisis estructural del aparato de seguridad y de justicia mexicano, a pesar del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que la respuesta evasiva demuestra la falta de voluntad política del régimen para vencer la impunidad en torno a los crímenes y las violaciones graves a los derechos humanos registrados en el país.

¿Qué hace falta entonces? Entre otras cosas, la respuesta organizada de la sociedad civil, en movilizaciones, en las redes sociales y en todos los espacios públicos y privados (academias, sindicatos, ONG’s, comunidades, etc.), para impulsar firmemente la propuesta de la ONU.

RAUL RAMIREZ BAENA 1*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California