Constituyen nativos de BC un Gobierno Indígena Pluricultural

Demandan respeto a sus territorios y presupuesto para sus comunidades, y enlistan obras y acciones para indígenas en el estado.

En voz de sus consejeros y autoridades tradicionales, también señalaron que de nada sirve las leyes y los derechos escritos en la Constitución y en los convenios internacionales, si no se establecen políticas públicas con el presupuesto necesario para llevarlas a cabo.

A los Cuatro Vientos / Manuel Maldonado Martínez / Gubernatura Indígena Pluricultural de BC. / Fotos: La Jornada BC

El jueves 20 de octubre, representantes de los pueblos yumanos en Baja California informaron que distintas autoridades tradicionales, representantes de agrupaciones indígenas y representantes de comunidades nativas, se organizaron a través de un Consejo de Ancianos Indígenas con carácter constituyente del Gobierno Indígena Pluricultural.

Asimismo que designaron a Silvia Rivera Rangel como Gobernadora Constituyente por un periodo de dos años. Esto con la finalidad de elaborar un Estatuto Estatal de los Pueblos y Comunidades Indígenas y para elegir posteriormente a un Gobernador Indígena con base a usos y costumbres.

Ante el presidente del congreso diputado Raúl Castañeda Pomposo, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la XXII Legislatura del Estado, Alejandro Arregui, y los legisladores Trinidad  Vaca, Catalino Zavala, Job Montoya y Claudia Agatón, los indígenas también hicieron un posicionamiento político.

«Con base a la Constitución de la República y los convenios internacionales, todos los gobiernos deben respetar la importancia que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con los territorios que ocupan, y en particular los aspectos colectivos de esa relación», explicaron.

Y que las autoridades deben reconocer a los pueblos indígenas sus derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, además de establecer una protección especial sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de esos bienes.

Mujer yumana de Baja California (La Jornada BC).

Insistieron ante los legisladores que los derechos tutelados por la legislación federal y los convenios internacionales, también implican derechos y obligaciones que se deben incorporar a las políticas públicas y en los presupuestos respectivos.

Algunos de ellos son: prohibición de la discriminación; reconocimiento de toda comunidad; representación proporcional en los ayuntamientos; acceso a la jurisdicción del Estado; compurgación de penas cerca de su comunidad; coordinación y asociación de comunidades dentro de los municipios; incremento de niveles de escolaridad; derecho al Desarrollo regional.

A la vez acceso a los servicios de salud; acceso al financiamiento público; incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo; que las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación; apoyo a actividades productivas; protección a migrantes y consulta previa para la elaboración de los planes de desarrollo.

“De nada sirven las leyes y los derechos escritos en la Constitución y en Convenios Internacionales, si no se establecen políticas públicas con el presupuesto necesario para llevarlas a cabo”, destacaron.

Recordaron que por esas razones se estableció a nivel federal e internacional que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas, la cámara de diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Para concluir entregaron a los diputados sus principales demandas. Son las que siguen:

Foto: La Jornada BC

1.- Que se legisle para que se concrete el derecho a la representación en los Cabildos de un representante de los pueblos indígenas.

2.- Que el Gobierno del Estado establezca una Secretaría de Asuntos Indígenas.

3.- Que se presupueste un Hospital General de segundo nivel en San Quintín.

4.- Que se instale una comisión permanente para atender la problemática laboral de los Jornaleros en los distintos campos agrícolas.

5.- Que se atienda a fondo con asesoría legal del gobierno del estado los distintos conflictos de tierras de las Comunidades Indígenas nativas,  y que se les asesore también, para que los denuncios mineros que existen en sus territorios antes de llevarse a cabo la explotación, los indígenas sean consultados y que se establezcan beneficios para sus comunidades.

6.- Que se establezca una casa del estudiante Indígena para jóvenes que cursen la educación media superior y superior fuera de sus lugares de origen.

7.- Que se contemplen las siguientes acciones y obras en el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

Al término de la reunión, el presidente del Congreso, diputado Raúl Castañeda, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas,  así como los demás diputados presentes en la reunión, se comprometieron a incorporar estos temas y a trabajar en conjunto con los pueblos indígenas del estado.

El diputado Alejandro Arregui se comprometió a acudir a las comunidades para construir una agenda de trabajo que retome los planteamientos de todas las comunidades, organizaciones y pueblos indígenas, y los invito a la Instalación de su comisión.