Issstecali atado de manos, pero la SCJN ampara a los trabajadores

Entre los cinco municipios de Baja California suman una deuda total con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstecali) de mil 900 millones de pesos, y sigue aumentando.

Julio César García Ortiz* / Charlas jurídicas / A los Cuatro Vientos

El municipio de Tijuana ya dejó de pagar las cuotas patronales de los trabajadores desde mediados del año 2016. Mensualmente pagaba 24 millones de pesos.

Por su parte, Ensenada debe 669 millones de pesos, Tecate llegó a 400 millones y Mexicali continua con un adeudo de 707 millones de pesos.

Aunque se dice que todos los ayuntamientos retienen las cuotas y aportaciones de seguridad social, éstas no son pagadas al Instituto.

Hasta la fecha no hay ninguna denuncia penal por fraude, solo declaraciones en el sentido de que se buscará financiamiento en la banca privada para cubrir los adeudos, en tanto que la autoridad médica y social ya amenazó desde hace tiempo con aplicar el artículo 22 de la Ley de Issstecali a los gobiernos municipales que incumplan con sus obligaciones.

MAESTROS ISSSTECALI
Hasta la fecha, las protestas de los trabajadores afiliados al instituto no han trascendido lo mediático (Archivo).

La advertencia solo es para turnar el caso de atraso en el pago de las cuotas a la Secretaría de Planeación y Finanzas y así afecte las participaciones federales a los morosos, pero desde julio pasado el director del Issstecali –doctor Javier Meza López- aseguró que de continuar los cinco ayuntamientos sin reportar las cuotas a la institución, la paraestatal negará los servicios a los empleados.

Ningún empleado del gobierno del estado o de los municipios tiene la culpa y tampoco debe sufrir porque su patrón-gobierno dejó de cubrir las cuotas y aportaciones al Issstecali. Incluso no se le debe condicionar el disfrute de los beneficios de la seguridad social.

Esto es así porque al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 19/2015 interpuesta en el alto tribunal la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 27 de octubre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en Pleno y declaró la siguiente Jurisprudencia:

“Seguridad Social. Es inconstitucional. el artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, al condicional el disfrute de los beneficios a la recepción de la totalidad de las cuotas y aportaciones”.

En efecto, los artículos 4º. Y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizan el acceso a servicios de salud y el derecho a la seguridad social, los cuales no pueden ser restringidos por la falta de entero oportuno de las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondiente.

ISSSTECALI HOSPITAL EDA
Institución al borde de la insolvencia financiera (Archivo).

Esto porque el “pago de las referidas sumas obedece a una responsabilidad que corresponde cumplir exclusivamente al patrón y no a los trabajadores”, lo que significa que no es posible privar a estos últimos del acceso a los servicios de seguridad social por cuestiones que no les son imputables directamente.

De esta manera, como el artículo 10 de la Ley del Issstecali condiciona el disfrute de los beneficios de seguridad social de los trabajadores y sus familias derechohabientes a que se reciban la totalidad de cuotas y aportaciones, esa norma general vulnera los derechos constitucionales referidos con anterioridad.

Con esta Jurisprudencia la SCJN ató de manos al Issstecali, pues le ordena acatar el fallo protector de la justicia federal a los trabajadores y sus familias derechohabientes. Al negarles el servicio a la seguridad social estaría vulnerando derechos consagrados en la Constitución, pero de continuar con la deuda no le queda otro camino que declararse en insolvencia presupuestaria porque son muchos millones los que se le adeudan.

Es fácil decir que no hay dinero, como lo vienen repitiendo los cinco presidentes municipales y el gobierno de Baja California, pero ¿hasta cuándo terminará este flagelo contra el ciudadano? Porque la final será el ciudadano de a pie, quien pague con los platos rotos.

La deuda del Issstecali deberá ser cubierta y no con peras o manzanas, sino con dinero del mismo pueblo miserable y agachón, como siempre, que no pone un alto a los caciques y al político bonachón.

 

julio-cesar-garcia-ortiz* Es periodista. Estudiante de Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), sede Ensenada, e integrante de Litigio Estratégico Mariano Otero.