Inseguridad y neoliberalismo

¡2 de octubre no se olvida!

El reciente ataque a un convoy militar en Culiacán, presuntamente perpetrado por el Cártel de Sinaloa para rescatar a un sicario herido, con el resultado de 5 soldados muertos y 10 heridos, algunos de gravedad, es una señal inequívoca de que la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, el tráfico de drogas y la inseguridad, ha fracasado. Es, además, un golpe político más al maltrecho régimen de Peña Nieto.

Raúl Ramírez Baena* / Al Filo de la Navaja / A los Cuatro Vientos

Los crímenes de alto impacto y los delitos del fuero común se exacerbaron a pesar de la creación de policías estatales en cada entidad desde el sexenio de Vicente Fox y, a partir del año 2006, de la masiva incorporación de las fuerzas armadas en la prevención e investigación de los delitos. Pero no sólo eso, crecieron también las denuncias y quejas ciudadanas por violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas policíacas y militares.

Hagamos un recuento de las principales acciones oficiales: Además de la militarización de la seguridad pública, se aprobaron reformas en el año 2008 para elevar a rango constitucional la inconstitucional figura del “arraigo” para delitos de delincuencia organizada (Artículo 16) y para evitar que agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policíacas fueran reincorporados a su trabajo aún que la autoridad jurisdiccional resolviere en su favor la separación injustificada (Artículo 123, Apartado “B”, fracción XIII); la adopción del paradigma sobre “Cultura de la Legalidad” en los sectores público y social para reforzar el Estado de Derecho y la instalación del Sistema de Control de Confianza para la depuración policial.

Además, se adoptó el sistema nacional “Plataforma México” para centralizar la información sobre seguridad pública, así como otras medidas pragmáticas al igual que ineficaces, como adoptar el nombre de “Seguridad Ciudadana” para las corporaciones de seguridad, y el modelo de “Mando Único Policial” en algunas entidades.

La Reforma Penal Acusatoria de 2008 ha pretendido mejorar y agilizar con poco éxito los procesos judiciales bajo la protección “garantista” de los derechos de las personas procesadas y de las víctimas de delitos, además de abatir el hacinamiento en las prisiones del país. La “justicia por acuerdos” ha fallado en la medida que no deja satisfechas a las víctimas de delitos, no repara eficazmente el daño y deja en la sociedad una fuerte percepción de impunidad.

Nada ha resultado, como tampoco la intervención del vecino país del norte mediante la imposición de la Iniciativa Mérida para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la violencia, e impulsar la relación bilateral en materia de seguridad tras la asignación por el Congreso de los EUA de 2 mil 300 millones de dólares a México y Centroamérica, y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), como impulso al TLCN y del compromiso de una “cooperación más estructurada” entre los EUA, Canadá y México.

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La ley del «ojo por ojo» impera cada vez más en este país de inseguridades (Foto: Internet).

Ante la fuerte ola de homicidios, desaparición de personas, extorsiones, cobros de piso y robos en todas sus modalidades desatados en el país, la población ha pasado de demandar la presencia de más policías, a tomar la justicia en sus manos. Los linchamientos crecen en comunidades hartas de la delincuencia.

Ante esta evidente descomposición social, pocos atinan a entender que el modelo de Economía de Mercado impuesto a México a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, exacerbado en el actual régimen de Peña Nieto con las llamadas reformas estructurales, ha sido el causante de los males nacionales, incluidos los problemas de criminalidad e inseguridad.

La entrega por los gobernantes y los partidos de la riqueza y la Soberanía Nacional al capital financiero internacional, obedece a que las empresas nacionales y trasnacionales requieren de mano de obra barata intensiva y reemplazable y, para incrementar sus ganancias y lograr su recuperación, el capital obliga al Estado a reducir los costos de la mano de obra y de la seguridad social. Para eso las reformas laboral, fiscal, energética y educativa. Por ello, generaciones de niñas, niños y adolescentes surgidos de los estratos bajos y medios de la sociedad, crecen sin esperanza de un futuro promisorio.

La gente común no atina a demandar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo garante es el Estado mexicano. El salario mínimo es insuficiente para completar la canasta básica, como lo ordena la Constitución. Aunado a ello, la escuela pública de hoy está diseñada no para la formación integral y para lograr la felicidad de las personas, sino para producir trabajadores estandarizados y reemplazables como si fueran mercancía que, sin cuestionar, realicen operaciones básicas y lean instrucciones laborales en la maquiladora, los servicios o los ranchos privados.

No hay mayor ciencia. Muchos jóvenes prefieren una vida efímera, violenta, sin principios y sin nada que perder, que terminar formando parte de la masa de obreros pauperizados del campo y la ciudad. El incremento de la pobreza está íntimamente asociado al incremento de los delitos y de las adicciones como mecanismo de evasión de la realidad. Nada de esto se combate con cambios de fachada o con policías y soldados, que sólo complican las cosas.

¿Es muy difícil entender esto? ¿Por qué no empezamos con socializar la riqueza en vez de privatizarla?

RAUL RAMIREZ BAENA 1* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.