Propone senadora del PAN sancionar a quienes no voten en procesos electorales

La senadora Sandra Luz García Guajardo, del PAN, propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de sancionar a los ciudadanos que “sin causa justificada” no acudan a votar en las elecciones que se realizan en el país. Plantea suspender hasta por un año la credencial electoral al ciudadano que no acuda a las urnas a votar

A los 4 Vientos

El reto de todo gobierno democrático, dijo la senadora panista, es incrementar la participación ciudadana.

De acuerdo al comunicado de prensa emitido ayer por el Senado de la República, la senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Sandra Luz García Guajardo, argumentó que su propuesta tiene como objetivo contribuir a “contrarrestar el abstencionismo, legitimar el acceso al poder público y hacer efectiva la suspensión de los derechos y prerrogativas contempladas en la Constitución a quienes no votan sin causa justificada”.

La iniciativa plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

García Guajardo explicó que en México el voto obligatorio está regulado constitucionalmente, pero “carece de los mecanismos legales o procedimientos para aplicar sanciones cuando se incumpla la obligación, sobre todo como una medida para abatir el abstencionismo tan elevado que se ha presentado tanto en comicios del ámbito federal como en el local”.

Fuera leyes populistas
Fuera leyes populistas

Dijo que la reforma a los artículos 447 y 456 de dicha ley tiene por objeto “sancionar el incumplimiento de acudir a votar en los procesos electorales”, y para ello se propone considerar como infracción de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, la no emisión del voto; sancionar, en caso de no acudir a votar, con la suspensión de la credencial para votar como identificación oficial por un año.

La propuesta contempla causales de excepción. Por ejemplo, no tendrán sanción los ciudadanos que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada; los mayores de 70 años; los que se hubieran ausentado de territorio nacional, acreditando el hecho por cualquier medio probatorio aceptado por la autoridad competente.

Los ciudadanos que no hubieran podido sufragar por causa justificada deberán presentarse ante la autoridad competente en un término no mayor a 30 días después de la elección, con las pruebas que acrediten su impedimento. Vencido este término no se admitirá justificación alguna”, se precisa en la propuesta de la senadora panista.

Sandra Luz García Guajardo dijo que fomentar la participación como tarea fundamental “permite acotar la desconfianza y disminuir el costo electoral, al eficientar la erogación de los recursos públicos que se destinan a las elecciones, es decir, que a mayor número de votantes se reduce el costo per cápita por voto”.

La senadora aseguró que sólo con un mayor número de votantes se podrá obtener la legitimidad y consenso que requieren los actores políticos y gobernantes para convalidar sus acciones.

Mencionó que en países como Argentina, por no votar se aplica una multa que va de 2 a 20 pesos mexicanos, además de no poder ser designado para desempeñar empleos públicos por tres años. En Bolivia se aplica una multa de 416 pesos mexicanos y en caso de incumplimiento del pago, éste se convierte en arresto.

“Votar debe considerarse no sólo un derecho, sino una obligación que impone la democracia”, enfatizó la senadora, aunque reconoció que el gobierno y las instituciones han tenido severas crisis de credibilidad, por lo que en muchas ocasiones el rechazo a la oferta política se manifiesta no votando.

La iniciativa, suscrita por diversos senadores, se turnó a las comisiones unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.

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Cabe mencionar que en 2012, el entonces diputado federal priista Humberto Lepe Lepe impulsó una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para sancionar con multa de hasta 50 días de salario mínimo y la suspensión de derechos por un año a ciudadanos, dirigentes y militantes de partidos que se abstengan de votar sin causa justificada.

Dijo entonces que para la elección del 1 de julio de 2012 fueron convocados 3.5 millones de nuevos electores, de los cuales, según los cálculos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de San Lázaro, sólo votaron alrededor de 35%.

En México, comentó el diputado, el voto en las elecciones tiene un costo 18 veces mayor que el promedio en toda América Latina, y el financiamiento implica que cada sufragio cuesta alrededor de 17.24 dólares en promedio.

Sostuvo que en países como Colombia y Nicaragua el voto es sólo un derecho y no una obligación, similar al caso de México, y por lo tanto, existe un alto porcentaje de abstención de hasta 65%.Mientras los países donde se aplican disposiciones más drásticas a quienes se abstengan de sufragar son Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, donde las multas van de 3.50 a los 180 dólares por ciudadano, además, cuentan con sanciones administrativas procedimentales.