Estado y municipio siguen protegiendo a ex diputado panista

A ocho años de que el ex diputado estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Jorge Casillas Arias fue acusado legalmente de invadir la propiedad de la familia Hernández Tinajero en una de las principales avenidas de Ensenada para construir una clínica médica y un laboratorio químico que presuntamente viola la normatividad municipal de uso de suelo y construcción, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene “congelado” el expediente penal del caso.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Asimismo, afirmó Rubén Hernández Soto, propietario del predio y construcciones que el ex legislador panista afectó con su proyecto médico, el Ayuntamiento de Ensenada mantiene su actitud de “proteger” y “solapar” al ex diputado cuando retrasa un dictamen técnico que resuelva el conflicto “de una buena vez por todas”.

Concepción Tinajero, esposa de Rubén, manifestó: “Es el momento de que el presidente municipal (Gilberto Hirata Chico) de un buen ejemplo de que Ensenada sea el primer municipio limpio en corrupción, y si de plano les queda muy grande el saco de la responsabilidad y la honestidad, déjenlo entonces a quien sí le quede”.

Lo dijo después de que el subprocurador de Justicia del Estado en Ensenada, Marco Antonio Chavarría, dejó “plantado” al matrimonio en una cita a la cual no acudió pese a que horas antes confirmó que asistiría para reactivar la denuncia penal que obra en contra de Casillas Arias.

– “Logramos la cita con el subsecretario de Gobierno del Estado –Miguel Ángel Castillo Escalante, panista que fue compañero de bancada de Casillas Arias en la XIX Legislatura estatal- luego de años de inactividad del expediente. Acudimos puntualmente ayer (31 de mayo) a las oficinas del subprocurador y nos dijeron que no estaba, que había tenido que salir y que no nos podían dar una nueva cita porque era él quien las concedía”, apuntó Tinajero.

Molesta, la pareja acudió a pedir una entrevista con el ingeniero Humberto Morales, director municipal de Infraestructura y Desarrollo Urbano para pedirle que acelerara el dictamen técnico del ayuntamiento y el funcionario se negó a recibirlos. Tampoco les dio una cita para platicar del caso.

Entonces se dirigieron a la sala de cabildo en donde se realizaba una sesión ordinaria. Ahí Concepción Tinajero habló para recriminar al presidente municipal Gilberto Hirata, al síndico procurador Iván Barbosa Ochoa y a los regidores, la negligencia y omisión del gobierno municipal para resolver uno de los casos emblemáticos de corrupción e impunidad en Ensenada.

Posterior a la queja del matrimonio, Hirata acudió a la casa de los quejosos y con prisa les indicó que intervendría personalmente en el asunto, pero los esposos Hernández Tinajero no creen que lo haga “porque desde que (el edil) asumió el poder se negó sistemáticamente a recibirnos en audiencia para platicar”.

RUBEN HERNANDEZ EN OBRA CASILLAS
Rubén Hernández sentado en la obra que les cambió radicalmente la vida (El Vigía).

Los esposos indican que el Ayuntamiento de Ensenada, desde que fue presidente municipal César Mancillas Amador hasta Gilberto Hirata (cuatro administraciones), no emite un dictamen técnico que identifique clara y contundentemente quién actúa de manera ilegal.

Proporcionaron A los Cuatro Vientos tres documentos del XXI Ayuntamiento de fechas 29 de septiembre, 9 de noviembre (ambos de 2015) y 1 de abril de 2016, en donde queda en evidencia la negligencia en la actuación de la autoridad municipal.

El primer escrito es del inspector Raúl Bugarín Serrano que al revisar las obras en conflicto determinó que en el edificio del ex diputado “se puede constatar aparente invasión en la cimentación” de la propiedad de los Hernández Tinajero.

Asimismo la “existencia de (una) base de columna del edificio del predio adjunto (sic) anclada a la barda”, y “secciones de la barda de dicho edificio sin concreto y con secciones de castillos a la vista”.

El segundo oficio es de Arturo Granados González, director de la Unidad Municipal de Protección Civil. La dirigió al síndico procurador Iván Barbosa Ochoa en respuesta a una solicitud que el fiscal hizo para inspeccionar la situación que guardaba la clínica médica.

– “El pasado 6 de noviembre del presente (2015), se solicitó nuevamente información sobre la petición hecha al licenciado Raymundo Pérez, del Departamento de Inspección (del XXI Ayuntamiento), dándonos como respuesta que el asunto lo habían turnado al Departamento Jurídico de la Dirección de Catastro y Control Urbano, ya que el inspector de su dependencia no podía por medio ocular dictaminar sobre la inconformidad (de los quejosos)”, detalla el escrito.

Granados incluyó fotografías en donde se observa una fosa séptica sin uso y parte de la cimentación de la clínica debajo del predio de la familia Hernández Tinajero, así como una placa de asiento para columna estructural del edificio de Casillas Arias, “la cual invade la barda perimetral del interesado (Rubén Hernández)”.

JORGE CASILLAS ARIAS
El ex diputado estatal Jorge Casillas (Archivo).

El reporte de Protección Civil también denuncia la existencia de “(dos) castillos sin colar en el muro perimetral que colinda con el pasillo de servicio del interesado, poniendo en riesgo ambas construcciones”.

El último documento es del ingeniero Alberto Isaac González Lozano, inspector de Catastro y Control Urbano que indica: “la obra (clínica) fue ejecutada en los términos de las licencias que el ayuntamiento dio” al panista, y de los castillos que reportaron las dos inspecciones previas dice: “una parte del muro de construcción no fue emplastada y se observa que uno de los castillos de la construcción el acero o varillas que contiene ese castillo (…) carece de emplaste”.

Aclara también que la barda de los quejosos no está dañada por el inmueble de Castillo Arias.

Pero tenemos la declaración del ingeniero Isaac González de que él no escribió ni reportó lo que dice ese oficio. Que él no se hace responsable de su contenido”, afirmó Rubén Hernández.

Los esposos también recordaron que hace cinco años el juez tercero de lo civil en Ensenada, Mario Fernando Ruiz Sández, falló a favor del ex diputado en el juicio que presentaron ante él para detener y demoler la construcción por tratarse de una obra peligrosa y contaminante.

– “Resolvió que no era contaminante porque ningún comensal de nuestro restaurante (que operaba en el predio afectado) se había quejado y que no había elementos para determinar la peligrosidad de la obra. Dos años después se acercó con nosotros para pedirnos perdón por su fallo, que lo dio, dijo, porque el gobernador (José Guadalupe) Osuna Millán lo estaba presionando mucho para que ayudara a Castillo”, contó Hernández.

Finalmente, Concepción Tinajero afirmó que “en esta historia de abusos y corrupción se han unido contra nosotros César Mancillas, Pablo Alejo López, Ernesto Ruffo, Osuna Millán, César Cuevas. Toda una mafia que ha gobernado y sigue gozando de poder, tráfico de influencias e impunidad”.

– ¿Y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid?

“Igual. No nos ha querido dar una audiencia desde que se convirtió en gobernador. Una vez lo abordamos en la calle, en uno de los eventos a los que asiste, y primero me preguntó de dónde era y afirmó que en Baja California vivimos bajo un estado de derecho. Lo cierto es que hemos sido víctimas de una gran injusticia y de un alargamiento innecesario del conflicto”.