Mi nombre es Jacinta

Pareciera que ser mujer, ser pobre y ser indígena son unos de los delitos más graves en México. Hace 10 años, el 26 de marzo de 2006 para ser exacto, como todos los domingos, estaba instalándose el tianguis dominical en el poblado indígena de Santiago Mexquititlan, al sur del estado de Querétaro, cuando seis agentes federales de investigación, (AFIS), sin uniforme y sin ninguna orden, “decomisaban” mercancía supuestamente pirata, amenazando, destruyendo y exigiendo cuotas.

Álvaro de Lachica y Bonilla/ A los Cuatro Vientos

A unos puestos de distancia, se encontraba Jacinta Marcial, indígena, otomí, de 42 años en ese entonces, quién junto con sus compañeras Alberta Alcántara y Teresa González, vendían aguas frescas como todos los domingos. En un momento dado uno de los tianguistas les pidió la orden para el decomiso a los agentes. Comenzó la tensión. Súbitamente los agentes se vieron despojados de la mercancía decomisada y fueron rodeados por los puesteros. Los comerciantes habían pasado muchas veces por esa situación, pero era la primera vez que sentían una cierta ventaja. No siempre resulta tan claro que el momento en el que la impunidad se rompe, tiene la necesaria implicación de que la justicia está ausente desde hace mucho tiempo.

Los agentes, horas después fueron liberados, pero los oficiales ridiculizados se la guardaron al pueblo. Algunas de las fotos de los diarios, que se dieron cita en el lugar, mostraban los rostros de estas tres mujeres y días después, con esta única prueba, fueron acusadas de iniciar el borlote, fueron sacadas de sus casas y metidas directamente a la cárcel.

Las vidas de Jacinta, Alberta y Teresa fueron profundamente trastocadas, por lo que fue un detestable acto que buscaba mantener la vigencia de acción de autoridad, de respeto a agentes del gobierno a los que se les debe obedecer y callar. Se les acusaba de haber retenido y privado de la libertad a seis AFIS, que prepararon artificiosamente el caso. Difícilmente se puede imaginar a tres mujeres, de apariencia frágil, a la cabeza de una acción colectiva, en la que los prepotentes policías hayan quedado reducidos y mantenidos en calidad de rehenes, como lo pretendía la acusación.

Jacinta fue coacusada con Alberta y Teresa de presunto secuestro en agosto del mismo año. A pesar de lo inverosímil de los cargos, ello provocó el encarcelamiento formal de las tres mujeres. Posteriormente la SCJN las declaró inocentes y solicitó la inmediata excarcelación a Alberta y Teresa, pero en el caso de Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión.

Foto: El Economista).
Foto: El Economista).

Fueron tantas fallas juntas que difícilmente se puede hablar de errores. Tantas fallas, tantos errores sólo son la manifestación bruta de un sistema de justicia paradójicamente injusto, Su caso jamás se trató de una situación “aislada” como quisieron recomponer las autoridades. Jacinta, Alberta y Teresa permanecieron encarceladas por más de tres años por el hecho de ser mujeres, indígenas y pobres. Cada una de estas causales de discriminación fueron evidentes en varios pasajes del juicio.

A Jacinta se le acusó de ser “peligrosa secuestradora”, pero con la documentación del caso se pudo demostrar que nunca hubo tal secuestro. Tres años después Jacinta fue liberada por desistimiento. Lo que pasó ahí fue el abuso de autoridad de seis AFIS que, cobijados por el manto de impunidad histórico otorgado generalmente a los funcionarios públicos, intentaron extorsionar a los tianguistas del pueblo.

Gracias a la solidaridad que en la comunidad despertó la evidente injusticia, los AFIS y sus superiores jerárquicos fraguaron un plan para castigar ejemplarmente a los habitantes de Santiago Mexquititlán. Y sí, en México es posible que una madre de familia, vendedora de aguas frescas e indígena, sea vista y exhibida como peligrosa criminal. En México es posible que las autoridades que cometen delitos en contra de la población y los que utilizan las leyes para interpretarlas a modo de sus perversos intereses, permanezcan impunes.

Este pasado 23 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño a Jacinta Francisco Marcial… diez años después.

Daño que jamás reparara el sentimiento de impotencia, soledad, aislamiento, frustración, rabia, terror y desesperanza en un mundo justo y libre. Jacinta perdió varios años de su vida por una injusticia que no se repara con ninguna orden de desagravio.

ALVARO DE LACHICA*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
andale941@gmail.com