Fiscal y Congreso de BC delatan decenas de anomalías en el primer año de Hirata

En su primer año de gobierno, el presidente municipal de Ensenada Gilberto Hirata Chico y su gabinete cometieron decenas de irregularidades en la administración de recursos públicos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN), del Carnaval y de los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento, así como en el pago de adeudos al IMSS y al ISSSTECALI.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos (Primera parte)

Por ello, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado que preside Manuel Montenegro Espinoza, y el Congreso de Baja California determinaron no autorizar la Cuenta Pública Patrimonial 2014 del ayuntamiento, y remitir a la Sindicatura 24 observaciones especiales que incluyen irregularidades que violentan los principios de imparcialidad, transparencia, independencia y honradez señaladas en el Artículo 134 de la Constitución del país.

El dictamen del fiscalizador se entregó a la diputada Nereida Fuentes González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, el 17 de diciembre de 2015. Sin embargo, fue el 9 de febrero de este año cuando la opinión del auditor se aprobó en la comisión legislativa y un mes después -10 de marzo- la decretó el Pleno del Congreso.

A los Cuatro Vientos presenta la primera parte del Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública Anual del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el Ejercicio Fiscal 2014, en donde se aprobaron las cuentas de Ingresos, Egresos y Deuda Pública pero se negó la de Patrimonio.

La primera observación hecha a la cuenta patrimonial se refiere a siete irregularidades que a su vez se analizaron en diversos casos particulares.

Por ejemplo, en el padrón de bienes muebles del Ayuntamiento existen nueve mil 880 objetos –en su mayoría de la Dirección Municipal de Seguridad Pública-, con un valor de 78.2 millones de pesos, que el ayuntamiento “no localiza” o dará de baja sin que exista documentación, investigación o evaluación que respalde las declaratorias.

Por lo que respecta a los bienes inmuebles, el padrón que los registra tiene diferencias contables negativas para el ayuntamiento por un monto de 552.8 millones de pesos.

Tampoco hay registro contable ni formalización de escrituras e inscripción en el Registro Público de la Propiedad a favor del municipio, de 97 mil 315 metros cuadrados de terrenos donados  al municipio por los fraccionadores en el periodo 2010 a 2013.

Asimismo se observó que al 31 de diciembre de 2014 el gobierno municipal debía 55.9 millones de pesos en cuotas y aportaciones obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El ayuntamiento y el Seguro Social dos convenios de pago pero los documentos no se presentaron al auditor para validarlos, por lo que se desconoce su estatus.

En el caso de la deuda del municipio con el ISSSTECALI, el auditor superior informó que al cierre de la fiscalización se ubicó en 308.3 millones de pesos, de los cuales 28.6 son por recargos moratorios.

Detalló que el ayuntamiento no cumplió con un convenio de pago y no cubrió las cuotas que se descontaron da los trabajadores entre septiembre de 2013 a diciembre de 2014, además de que hay una pésima conciliación entre las Cuentas por Pagar contra las Cuentas por Cobrar de ambas instituciones, lo que arrojó una diferencia contable a verificar de 291.9 millones de pesos.

En la Cuenta Impuestos y Cuotas por Pagar, el fiscalizador encontró otra deuda por concepto de Retenciones del Impuesto sobre la Renta de los años 2013 y 2014 por un monto de 57,2 millones de pesos.

Destaca en la cuenta de Deudores Diversos, subcuenta “Cheques devueltos”, un documento por 616 mil 60 pesos a favor de la empresa Turismo Damiana, S. de R. L. de C.V., que sirvió como depósito para cubrir el Impuesto por asistencia a juegos y espectáculos públicos del concierto del cantante Alejandro Fernández, celebrado el 24 de agosto de 2012, del cual se observó que a pesar de las gestiones que hizo el ayuntamiento, al 31 de diciembre de 2014 el recurso público no se recuperó.

– “El Tesorero Municipal -Samuel Jaime Aguilar- no llevó a cabo la declaración de que el fisco Municipal ha sufrido un perjuicio patrimonial derivado de la falta de pago del impuesto a efecto de recuperar dicho adeudo”, indicó el auditor al resaltar que esto violó normatividad fiscal, administrativa y de responsabilidad de funcionarios públicos del estado y el municipio.

EL CARNAVAL

CARNAVAL EDA
Foto: internet.

Montenegro dedicó un amplio segmento del dictamen al tema del carnaval local, en donde encontró decenas de irregularidades en el manejo de los recursos del Comité de Festejos (COMIFE), así como limitaciones a la inspección fiscal de ingresos porque no se aportó el plano con la distribución de los espacios comerciales y los nombres de los usuarios dentro de la zona del festejo.

Destacó un hecho: en 2014, los ingresos por comercialización de los espacio del carnaval fueron de 972 mil 710 pesos, pero en 2015 llegaron a dos millones 74 mil 780, lo que significó una diferencia de menos en la venta de espacios por 1.1 millones de pesos, variación “notoriamente desproporcionada” que el ayuntamiento deberá aclarar documentalmente.

– “Cabe señalar que el croquis de comercialización en comento no fue proporcionado; no obstante, (el COMIFE) realizó comprobación de gasto mediante factura No. 856 o 858 (no legible) del proveedor Henia Edith Larios Romero por concepto de ‘elaboración de plano Zona de festejos’ por la cantidad de $11,600”.

También observó la falta de control en los ingresos que generaron los cómputos de selección de corte de carnaval, los que obtuvo el proveedor Hotelera Coral, S.A. de C.V., y la celebración de los Contratos de Concesión mercantil con la empresa Atracciones Ortiz, S.A. de C.V. (para la operación de juegos mecánicos por 400 mil pesos), y con la Compañía Embotelladora del Fuerte S. de R.L. de C.V (para el espacio de escenario por 80 mil pesos).

Por otra parte, la compañía Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V, concesionario de  la venta de cerveza en la zona del carnaval, se obligó a entregar al ayuntamiento un porcentaje de la venta de sus productos, “situación que no fue posible verificar contablemente por los Auditores comisionados debido a que no se proporcionó documentos para cerciorarnos de la correcta determinación de dicho porcentaje de utilidad favor del Ayuntamiento”.

En conclusión, no se proporcionaron todos los datos auxiliares, documentación justificatoria y comprobatoria, correspondencia y demás efectos contables; y en general, todos los elementos de información y documentación que se consideraron necesarios para que los Auditores pudieran cerciorarse de la correcta determinación de los ingresos recaudados derivados del evento carnaval edición 2014, que su caso se podría precisar la probable existencia o no de un quebranto en menoscabo de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Ensenada, que tendría como consecuencia la posible comisión de un delito sancionado en los términos de la materia”.

Respecto a los egresos, el auditor reportó que el COMIFE hizo el pago neto por honorarios asimilables a salarios el importe de 309 mil 600, del período del 15 de diciembre de 2013 al 08 de marzo de 2014, a 14 prestadores de servicios sobre los cuales no se cuenta con los expedientes individuales de trabajo.

Y observó la realización de pagos por 12 mil 200 pesos, por honorarios asimilables a salarios, al empleado Israel Hernández Cárdenas que tuvo el cargo de coordinador de relaciones públicas en el Comité.

– «Esta persona, en la organización del carnaval, se ostenta como proveedor del mismo evento habiéndose efectuados pagos por un importe de 567 mil 655 pesos, por actividad empresarial a nombre de Israel Hernández Cárdenas y/o Publicidad, Creatividad e Imagen Victoria”.

De igual forma destacó que se pagaron cifras millonarias  a proveedores sin la cotización de otras empresas, ni la verificación de calidad en servicio; además, sólo se presentaron copias de recibos y facturas en lugar de los documentos fiscales originales.

LAS “SALVEDADES”

HIRATA CON POLICIAS
El presidente municipal Gilberto Hirata saluda a sus policías (Cortesía).

El contador Manuel Montenegro también presentó un grupo especial de 24 observaciones al ayuntamiento.

Una de ellas fue la presencia de anomalías en la venta de boletos y la recaudación de impuestos y derechos en los conciertos de los artistas Alejandro Fernández y Ricky Martin, así como diversas omisiones en el reporte y pago de partidas presupuestales adelantadas por el gobierno estatal al ayuntamiento.

Una vez más, el mal manejo del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN) mereció un apartado específico del auditor. Esto por la gran cantidad de irregularidades, muchas de ellas repetitivas en los últimos 15 años, y que en su mayoría se cometieron en la oficina del Oficial Mayor José Guadalupe Ríos Vela, en donde sobresale el no ejercicio de 13.6 millones de pesos (el 19% del recurso que la federación entregó al ayuntamiento en tiempo ) del subsidio federal.

Citó el contrato que el ayuntamiento firmó con el proveedor Blindado Seguro, S.A. de C.V., por un monto de tres millones 978 mil 800 pesos para la compra de 200 chalecos balísticos Nivel III-A que utilizarían elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

El contrato se otorgó sin licitación pública, sin estudio de mercado, sin póliza de responsabilidad civil, sin documentación que acredite la calidad y seguridad de los chalecos, ni certificación de experiencia del proveedor; además de la expedición tardía de documentación administrativa y contable.

Otra observación revela irregularidades en la Licitación Pública Presencial de Carácter Nacional número 002/2014 –«Adquisición de motocicletas, camionetas tipo Van y carros tipo Sedan para la Dirección de Seguridad Pública»-; que en diciembre de 2014 se adjudicó al proveedor Fema Automotriz, S.A. de C.V. para la compra de 32 unidades tipo Sedan modelo 2015, por un monto de 17 millones 925 mil 120 pesos.

Montenegro destacó que el ayuntamiento pidió a la empresa -oficio número 1339/2014, de fecha 25 de septiembre de 2014- que aclarara el asunto “Cotización”, girado por la Directora de Recursos Materiales, licenciada Carmen Elena Gómez Gloria, respecto a la entrega de información relacionada específicamente sobre la partida 3 consistente en “unidades tipo Sedan, modelo 2014 ó 2015, transmisión automática de 4 cilindros con equipamiento para patrulla”, que posteriormente formaría parte de la licitación pública señalada.

Por lo anterior se observa que la Entidad mantuvo comunicación anticipada con la empresa a la que se adjudicó la adquisición, vulnerándose los principios Constitucionales de imparcialidad, independencia, honradez y transparencia”.

Además, el Órgano de Fiscalización recabó información consistente en oficio sin número enviado a Fema Automotriz por la Directora de Recursos Materiales, de fecha 14 de octubre de 2014, en donde la funcionaria notifica al proveedor que se encuentran en proceso de adquirir las 32 patrullas tipo Sedan para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en donde se observa nuevamente que se relaciona específicamente a la partida 3 de la Licitación.

El fiscal subrayó que las características de las unidades adquiridas difieren de las especificaciones mínimas indicadas en las bases de licitación, por lo que presume que ya se conocía con anterioridad quién sería el proveedor que cumpliría con las especificaciones, en exclusiva a la patrulla Police Interceptor adquirida, dado que el servidor público, al tener comunicación anticipada con el proveedor licitante, conocía las características de los bienes a licitar.

– “Se concluye que si alguna persona física o moral intervino previamente en trabajos de análisis, control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o en la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en el que se encuentra interesada en participar, se encuentra impedida para participar en el procedimiento de contratación respectivo”, subraya el dictamen.

Por estas anomalías el Órgano de Fiscalización determinó que la licitación se encuentra “viciada de origen”, toda vez que de los elementos documentales que se analizaron «se desprende con claridad y precisión” la participación de ambas partes antes de la publicación de la licitación.

Esto, agregó Montenegro, implica la presunción de ventaja para el Licitante al entablar una comunicación anticipada entre Carmen Elena Gómez Gloria y el asesor comercial de Fema Automotriz, violando los principios de imparcialidad y honradez señaladas en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 46 en sus Fracciones II y IV, 47 Fracción X y 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Otra gran irregularidad se cometió en el contrato y adendum de suministro de uniformes de la marca 5.11 para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal -por un importe de seis millones 75 mil 183 pesos- con el proveedor Elite by Carga, S.A. de C.V.

Sin comprobar que la empresa tenía calidad internacional para surtir los uniformes, el ayuntamiento entregó el contrato sin licitación pública. Por ello, el 28 de agosto de 2015, la fiscalizadora pidió al Oficial Mayor y a la Directora de Recursos Materiales los documentos relativos al contrato pero hasta el 17 de diciembre del año pasado no hubo respuesta de los funcionarios municipales.

Otro contrato irregular fue el de suministro y adendum para la adquisición de 63 terminales portátiles (radios), 100 baterías para terminales portátiles, ocho terminales digitales móviles, cinco terminales digitales y 20 micrófonos peatonales para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Todo ello por un monto de dos millones 550 mil 929 pesos, con el proveedor Cassidian México, S.A. de C.V.

Otra vez el contrato se dio sin licitación pública ni documentación que comprobara que el proveedor era la mejor opción en calidad, experiencia y precio para el ayuntamiento. Por ello el auditor estatal pidió documentos probatorios al Oficial Mayor y a la Directora de Recursos Materiales, solicitud que Ríos Vela y Gómez Flores volvieron a ignorar.

UNIFORMES POLICIAS
Foto: Archivo.

¿DESVÍO DE RECURSOS?

Por otra parte, el auditor superior reportó que el ayuntamiento usó provisionalmente  31 millones de pesos de los recursos del SUBSEMUN, que se depositaron en la cuenta número 128795 del banco Banamex, para ser utilizados presumiblemente en el pago de nómina del gobierno.

También que no existe evidencia que sustente la participación de la ciudadanía en la ejecución, control, seguimiento y evaluación del SUBSEMUN.

El Ayuntamiento también efectuó gastos por 148 mil 689 pesos por servicios de difusión que se contrataron a Carlos Gabriel Vargas Rodríguez, sin que se entregara evidencia de los trabajos hechos por el prestador.

Lo mismo sucedió con el proveedor Juan Enrique Montiel Alcalá, a quien se pagó 85 mil pesos por la transmisión de 330 spots en diversas estaciones de radio sin que exista evidencia documental de que así lo hizo.

Finalmente, el 16 de julio de 2015, el fiscal solicitó por escrito a la Dirección de Planeación y Gestión Financiera, y a la Tesorería Municipal, información y/o documentación sobre la operación del Fideicomiso del Fondo de Retiro para Personal Operativo del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La petición tampoco se atendió y por eso la fiscalización quedó limitada.

– «Pero sí se confirmó que el ayuntamiento no aportó a este fideicomiso la cantidad de un millón y medio de pesos para cumplir con los compromisos del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales ejercicio 2013, contraído con SUBSEMUN».