Para defender a presunto torturador, galardonado semanario de Tijuana niega derecho de réplica a derechohumanista de BC

Dado que el Semanario Zeta negó una vez más el derecho de réplica a Raúl Ramírez Baena, ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y activista social mexicalense a quien el Alto Comisionado de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, reconoció su labor a favor de la defensa de los derechos humanos en México al quedar incluido en el libro “40 Rostros de la Dignidad”, que narra la persecución y el riesgo al que se han enfrentado 40 defensores de derechos humanos del país, A los Cuatro Vientos presenta el texto de la respuesta de nuestro colaborador al medio de Tijuana:

“En la edición 2197 del Semanario Zeta que dirige la prestigiada periodista Adela Navarro semana del 6 al 12 de mayo de 2016, página 43-A, y en el portal de internet de dicho semanario, aparece en la columna “Cuentahiloz” de Isaí Lara Bermúdez, una publicación titulada: “Abogado de secuestradores, es consejero del INE, va contra Leyzaola”.

“Aclaraciones:

“1.- No soy abogado.

“2.- La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, de la que soy director ejecutivo, no litiga penalmente los casos de personas acusadas de delitos (eso lo hacen los abogados particulares o de oficio), sino que investigamos y litigamos ante los organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos, cuando hay indicios sólidos de que las personas han sufrido violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades. 

“3.- Las acusaciones de tortura contra el Tte. Cor. Julián Leyzaola Pérez, secretario de seguridad pública municipal en Tijuana y Cd. Juárez, no son presentadas a las agencias del Ministerio Público por nuestra organización ni por mí, sino por las víctimas de esa violación grave a los derechos humanos o sus familiares. Algunos casos, bajo nuestra asesoría y acompañamiento.

“4.- Los abogados de las personas procesadas, no nosotros, son los que presentan las pruebas ante el MP, los juzgados y tribunales, y estos, no nosotros, son los que deciden si son culpables o inocentes, al margen de si fueron torturados o no (con motivo de múltiples recomendaciones dirigidas al Estado Mexicano, hoy se está legislando en el Congreso de la Unión para que, de acreditarse la tortura para obtener una confesión como prueba de delito, la acusación se anule). 

“5.- Derivado de las quejas presentadas contra Julián Leyzaola, los organismos públicos de derechos humanos, en este caso la CNDH, la PDH y la CEDH de Chihuahua, emitieron un total de 18 Recomendaciones entre los años 2009 al 2015, no nosotros, donde se señala al teniente coronel como torturador o como protector de policías torturadores bajo su mando, basados en la aplicación del Protocolo de Estambul a las víctimas por la propia CNDH (peritaje especializado adoptado por la ONU para rastrear las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, certificando oficialmente si las personas fueron o no torturadas), y otras pruebas.

Imagen: El Observador Diario
Imagen: El Observador Diario

“6.- Las personas que señala la publicación arriba referida como “secuestradores”, que “traficaron y ejecutaron” y que se les atribuyen “siete homicidios de policías”, fueron beneficiados por la primera Recomendación emitida al Estado Mexicano por el Comité contra la Tortura de la ONU en septiembre del año pasado, no por nosotros que presentamos la queja, al comprobarse por dicho Comité (después de una investigación internacional que incluyó informes rendidos por las autoridades mexicanas) que fueron víctimas de tortura para arrancarles una confesión. Se condenó a México, entre otras cosas, a liberarlos de inmediato y a reparar el daño que sufrieron al ser sometidos a crueles sesiones de tortura por parte de elementos del ejército mexicano en Tijuana. Una resolución de esta naturaleza no puede ser tomada de manera ligera, frívola y superficial, al contrario, México es Estado Parte de la Convención contra la Tortura de la ONU, que crea al Comité contra la Tortura, y debe asumir sus resoluciones de manera responsable, como parte de las obligaciones y compromisos internacionales contraídos.

“7.- El tratamiento a las víctimas de tortura que da el semanario las REVICTIMIZA ante la sociedad, sin considerar las graves secuelas físicas y psicológicas de por vida que deja la tortura en las víctimas y sus familiares, además de las dificultades económicas y el estrés postraumático que irremediablemente provoca. 

“8.- En efecto, como señala el semanario, soy Consejero Electoral del INE en Baja California desde el año 2011. El Consejo General del INE me designó para esa responsabilidad precisamente por mi trayectoria junto a 5 compañeros más, en mi caso, por mi papel como defensor de los derechos humanos. Mi designación se dio mucho después de haber documentado múltiples casos de tortura, incluso, de haber asistido en Audiencia Pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington, acompañando a los familiares de los policías torturados que señalaron a Julián Leyzaola (esas actividades van en el currículum que entregué al Consejo General del entonces IFE). A dicha Audiencia asistieron familiares del policía que sufrió un paro cardiaco a causa de la tortura, siendo resucitado por sanidad militar. Me pregunto si ser defensor de los derechos humanos y denunciar actos de tortura oficialmente certificados, cometidos por un candidato a la presidencia municipal, debe ser causal de mi destitución en el INE, o debo callarme, como sugiere el semanario, asiduo defensor de la Libertad de Expresión.

“9.- Aclaro que no tengo ninguna motivación personal contra el Tte. Cor. Leyzaola (declarado “Personaje del Año” por el Semanario Zeta en 2009) ni contra el Partido Encuentro Social. Me preocupa que, cuando los defensores luchamos contra de la impunidad, la PGJE de Baja California no haya desahogado oportunamente el abultado expediente de denuncias penales abiertas en diversas agencias del MP del fuero común en contra del hoy candidato del PES, lo que hubiera hecho innecesario este debate.

“10.- No fui “subprocurador de derechos humanos de Baja California”, como dice la nota de Isaí, fui Procurador”.

RAÚL RAMÍREZ BAENA