Letal para civiles la intervención militar contra el narcotráfico

En la guerra contra el narcotráfico, “el ejército de nuestro país en realidad está haciendo lo que sabe hacer: matar a la gente”, afirmó el Doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A los Cuatro Vientos /CUT

25 de abril de 2016.- Al presentar en el Centro Universitario Tijuana (CUT) los resultados de un estudio que coordinó para conocer los efectos de la intervención del Ejército y la Armada de México en la lucha contra el narcotráfico, el universitario destacó que desde el ámbito académico, lo que sucedió en Tlatlaya y Apatzingán (el asesinato de decenas de civiles por soldados y marinos de las fuerzas armadas) no son casos aislados, tal y como lo afirma el gobierno mexicano.

– “Es un patrón de comportamiento violento que (el gobierno federal) está desplegado en nuestro territorio para combatir la delincuencia”, aseveró.

Informó que la intervención de la Marina en la llamada “guerra contra el narcotráfico» –periodo 2008 a 2011- implicó 17.3 muertos por cada herido que la corporación sufrió, en tanto que la estadística del Ejército asciende a 9.1 muertos por herido.

Y por lo que respecta a la Policía Federal su índice es de 2.6 muertos por cada herido que tuvo.

“Hasta donde sabemos, este es el primer intento de medición académica de los índices de muertos y heridos en enfrentamientos entre las fuerzas federales —Policía, Ejército, Marina— y presuntos miembros del crimen organizado”, destacó.

Consideró que una de las principales críticas a la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad es el lugar central que ocupan las fuerzas federales, en especial los militares, en el combate contra el crimen.

– “Ello es porque su participación implica el uso de la fuerza desde una lógica de guerra”.

MUERTOS APATZINGAN
La vergúenza, en Apatzingan (Foto: internet).

Informó que de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir de 2008 los operativos militares en contra del narcotráfico aumentaron sustancialmente: fueron 27 en 2007, 56 en 2008, 98 en 2009 y 86 en 2010. Y en los años estudiados se registraron 224 enfrentamientos.

A la par, las quejas contra el Ejército presentadas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también se incrementaron: mientras que en 2007 hubo 182 quejas, en 2008 hubo mil 230, mil 791 en 2009 y mil 415 en 2010.

La Secretaría de la Defensa hoy ocupa el primer lugar como la autoridad más señalada por presuntas violaciones a los derechos humanos. Ello contrasta con el noveno que ocupaba en 2006”, expuso.

Consideró que en todo enfrentamiento policial o militar donde se usa la fuerza letal se producen muertos y heridos en ambos bandos.

– “Un número de presuntos delincuentes muertos que exceda en mucho al número de heridos indica un posible abuso de la fuerza”.

Manifestó que el análisis arrojó que el número de fallecidos de las fuerzas de seguridad es casi ocho veces menor que el de los civiles fallecidos.

Asimismo que el número de heridos, para las fuerzas de seguridad, también es superior al número de fallecidos.

MUERTOS TLATLAYA
La vergúenza, en Tlatlaya (Foto: internet).

– “Para los civiles, en cambio, el número de fallecidos es más de cuatro veces el número de heridos. Así, construidas las proporciones de fallecimientos sobre estas cifras, tenemos que en los enfrentamientos en que exclusivamente participó la Policía Federal murieron 1.4 presuntos delincuentes por cada policía federal muerto, pasando a cuatro presuntos delincuentes muertos por cada policía federal o soldado muerto en el caso de la participación conjunta con el Ejército”.

Por otra parte, la tasa se eleva notoriamente si se considera los enfrentamientos en los que participó solamente el Ejército (13.8) o la Marina (34.5), aunque sólo tiene 14 enfrentamientos registrados en las fuentes consultadas por los investigadores universitarios.

Gutiérrez Rivas destacó aparte que México es el país en donde los periodistas se juegan la vida mucho más que en las guerras –“más que en Irak”, aseguró-; además, para disuadir todos los movimientos sociales, el gobierno amenaza, desaparece y encarcela a los líderes sociales.

Como ejemplo citó el arresto de Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui, por la defensa del territorio indígena ante la construcción del acueducto en Sonora.

También el de Marco Suastegui por la defensa en la presa La Parota, en el estado de Guerrero; y la detención de Juan Carlos Flores por iniciar una lucha contra proyectos energéticos en Puebla, Morelos y Tlaxcala.

Recordó los asesinatos de Octavio Atilano, líder de los comuneros desplazados por la construcción de la Presa Picachos en Sinaloa; de Noé Vázquez, ambientalista opositor al proyecto hidroeléctrico El Naranjal, en Veracruz; de Ismael Solorio por oponerse a la Minera El Cascabel en Chihuahua; y de Mariano Abarca, activista que luchó contra la implantación de ingenios mineros de diversas empresas extranjeras en Chiapas.

En doctor mencionó finalmente que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene conocimiento de todos estos homicidios contra defensores de los derechos humanos. Esto a través de una agencia especializada en la que México registra cifras muy altas de amenaza, tortura y asesinato.

«Pero hasta la fecha no se aplica un correctivo ejemplar a nuestro gobierno»