BC, tercer lugar nacional en «muy alta» impunidad

Baja California ocupa el tercer lugar en el Índice Global de Impunidad (IGI) en México por los graves problemas que existen en sus sistemas de seguridad y justicia. Su calificación fue de 74.42, es decir cinco puntos arriba de la media nacional de 67.42.

A los Cuatro Vientos / Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia

El estudio, bajo coordinación de  Juan Antonio Le Clercq Ortega l y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se dio a conocer en febrero y reveló que México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI.

Baja California sólo quedó atrás de Quintana Roo, con 76.61 puntos, y el Estado de México, con 76.48, que encabezan a los 12 estados del país que se ubicaron en el nivel de impunidad “muy alta” del índice.

El informe destaca respecto a Baja California que pertenece a los estados con impunidad muy alta pese a que pidieron apoyo de la federación para combatir a la delincuencia organizada, y en los que desde 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales que hacen presumir su casi total fracaso.

El resumen ejecutivo del informe responde así a la pregunta del por qué desarrollar un Índice de Impunidad para México:

“México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI.

IMPUNIDAD JUSTICIA

La impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana según encuestas nacionales del INEGI (ENVIPE).

En México la impunidad tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas. Es por eso que se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local.

México tiene información suficiente, necesaria y de calidad para realizar modelos estadísticos confiables y nuevos instrumentos de medición cuantitativa. Por ello nuestro país se convirtió en el primer caso de estudio estadístico a nivel internacional para comprender las raíces de la impunidad en el ámbito local (entidades subnacionales)”.

Posteriormente explica qué es el Índice de Impunidad de México.

“Es un índice compuesto y complejo. Compuesto porque incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia.

“Es un índice complejo porque es un modelo econométrico de 19 variables. Para nosotros la impunidad debe ser explicada en su complejidad y no simplemente por el cociente que resulta al dividir delitos cometidos entre sentencias condenatorias”.

Y respecto a quién es el responsable de la impunidad en México, responde:

“• El Estado mexicano en su conjunto es responsable de los altos niveles de impunidad. El Estado entendido no solo como el gobierno de la República que es depositario del poder Ejecutivo y tiene bajo su manto la responsabilidad del sistema de seguridad, el eslabón de la investigación de los delitos, la administración del sistema penitenciario y la salvaguarda federal de los derechos humanos.

  • El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de adecuar el sistema legal para impedir que existan vacíos legales que permitan la impunidad, asigna el presupuesto a las instituciones de seguridad y justicia y debe auditar el buen ejercicio del gasto y los resultados de las mismas.
  • También los congresos locales tienen la responsabilidad de velar por presupuestos suficientes para la seguridad y justicia y mejorar los mecanismos de evaluación de resultados y supervisión del gasto correcto en estas materias.
  • El Poder Judicial debe ser independiente del poder político para administrar la justicia de manera pronta y expedita para todo aquel que la necesite. Finalmente los gobiernos estatales, congresos y poderes judiciales locales son los primeros responsables de atender las demandas de seguridad, justicia y protección de derechos humanos para acotar el problema de la impunidad.
  • La delincuencia organizada y la impunidad tienen relación. En seis estados en los que pidieron apoyo de la federación para combatir a la delincuencia organizada, y en los que desde 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales, encontramos impunidad muy alta (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango). Los otros dos estados (Sinaloa y Chihuahua) presentan estadísticas de impunidad alta y media respectivamente.
  • Finalmente, un Estado moderno está formado por una sociedad activa que exige cuentas a sus autoridades. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, universidades, medios de comunicación y organismos constitucionales autónomos deben contribuir al análisis y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia”.

INDICE GLOBAL IMPUNIDAD ESTRADO

El resumen de resultados es el que a continuación presentamos:

  • En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8% desde 2013 (ENVIPE).
  • Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad (ENVIPE).
  • La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.
  • Los índices de impunidad en las entidades federativas de México indican lamentablemente que la impunidad es un problema generalizado en el país. La variante de impunidad en 26 entidades es de apenas ±5.73 puntos.
  • Del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias. Lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados.
  • La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados.
  • El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es de apenas 3.5. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 16. El rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales.
  • El personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los CERESOS estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos. El promedio de los países del IGI es de 47 por cada 100.
  • En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de un 17%. México duplica la sobrepoblación penitenciaria promedio global.
  • El porcentaje de homicidios registrados entre el número de homicidios cometidos en averiguaciones previas iniciadas ante ministerios públicos o fiscalías locales en México es de 27.5%.
  • El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7%.
  • Los resultados nos arrojan la existencia de cuatro grupos por niveles de impunidad, la mayoría de las entidades se agrupan en niveles altos y muy altos de impunidad.
  • La media nacional es muy alta y se ubica en 67.42, prácticamente en el último tercio de la escala del IGI-MEX y sólo 10 entidades tienen un índice de impunidad por debajo del promedio nacional.
  • La distancia entre el grado de impunidad entre las entidades es mínimo. 24 entidades se encuentran agrupadas a 10 puntos de distancia de la peor posición.
  • A nivel nacional el peor desempeño por subdimensión se encuentra en estructura sistema de justicia seguido por funcional sistema de seguridad.
  • El análisis de la cadena de impunidad nos habla de ineficacia e ineficiencia institucional que se va acumulando a lo largo de todas las fases del proceso de procuración e impartición de justicia.