Denuncian a la PGJE por violación a Derechos Humanos

Los padres de un joven que murió arrollado por un conductor ebrio que por 12 meses ha disfrutado de presunta protección e impunidad en la Subprocuraduría General de Justicia del Estado local, presentaron una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California por violación a su derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad y a trato digno.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B.C., a 26 de enero de 2016.- Rubén Reyes, padre de Francisco Alejandro Valenzuela González, de 19 años y que se graduó del bachillerato del CETMAR con un promedio de calificaciones de 9.3, manifestó que el asesino de su hijo, Ismael Aguilar Barrios, de 27 años, al igual que su acompañante Adrián Bellozo Lombera, de 31, confesaron haber atropellado a su hijo el 25 de enero de 2015 cuando ambos estaban bajo el influjo de bebidas embriagantes.

– “Pero el expediente se integró de manera muy irregular. Los agentes Juan Manuel Rodríguez González y Selmar Raúl Rivera Alamea, no integraron en la averiguación previa -número 35/15/310-, las declaraciones de los testigos que dieron fe del estado de ebriedad en el que se encontraban los que atropellaron a mi hijo cuando salió de trabajar de un restaurante cercano al poblado San Antonio de las Minas, en donde vivimos”.

Los policías ministeriales tampoco agregaron al expediente la declaración del dueño de la camioneta con la que Ismael Aguilar, también conocido como El Mayelo, quitó la vida a su hijo.

Incluso el presunto criminal se fue del país por tres meses y regresó cuando le avisaron que “la cosa ya se calmó”.

Hijo de una pastora cristiana de San Antonio de las Minas, Ismael Aguilar también disfruta, a decir de Rubén Reyes, de la protección de familiares con influencia y riqueza.

Frncisco Alejandro Valenzuela González con su madre, el día que se graduó como bachiller del CETMAR (Cortesía)
Frncisco Alejandro Valenzuela González con su madre, el día que se graduó como bachiller del CETMAR (Cortesía)

– “(A los presuntos responsables) no los certificaron médicamente al momento del accidente y rindieron declaración ministerial hasta el 6 de julio. Nunca han sido detenidos pese a que aceptaron ser culpables de la muerte de Alex”, manifestó Reyes.

También que él y su esposa han buscado 30 veces al subprocurador Marco Antonio Chavarría y no los recibe.

Sólo una vez nos atendió, en septiembre, un agente del ministerio público de nombre Juan Ángel Calderón, quien tras revisar el expediente se comprometió a solicitar la reconstrucción de los hechos, pero nunca hizo algo real por cumplir con su palabra”.

Luego, en noviembre, los recibió el director de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Francisco Javier Contreras, quien también prometió revisar el caso pero no lo hizo y dejó de responder a las llamadas que los padres le hacían para saber cómo iba la investigación.

– “En un año cambiaron cinco veces al agente del Ministerio Público de Francisco Zarco, en donde con excepción de la licenciada Kenia Ramos, secretaria de acuerdos de la oficina, nos han dado un muy mal trato”.

Y agregó: “Estamos hartos. Esto es un abuso. Un año quisimos hacer las cosas bien pero no se valen los atropellos de los que hemos sido víctimas después de la terrible pérdida de nuestro hijo. No atropellaron a un perro. Le quitaron la vida a un joven responsable y que quería ser un buen ciudadano. A nosotros no nos reciben y nos han negado incluso una declaración de pésame por estos acontecimientos que no deben ser encubiertos”.