La guerra contra las drogas es una guerra perdida

Ni con el anticonstitucional Mando Único Policial, ni con Policía Acreditable, Sistema de Control de (des) Confianza y Gendarmería, ni con cambiar de nombre a las instituciones de seguridad se acabará con la violencia en México.

Raúl Ramírez Baena* /Al Filo de la Navaja / A los Cuatro Vientos

El crimen de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, no es un hecho aislado ni es algo que ocurre sólo en esa región. Refleja una falla estructural en las políticas de Seguridad que se han impuesto en el país desde el sexenio de Ernesto Zedillo, en el que comenzó el crecimiento desmesurado del crimen organizado.

Cuando el gobernador Graco Ramírez advierte al ex futbolista y alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco que de no acogerse al Mando Único “va a regresar” el crimen organizado a esa ciudad, dice una falacia: Éste nunca se ha ido de esa ciudad ni de ninguna otra entidad del país, cuando más, mediante acuerdos entre capos y autoridades, bajan los crímenes de alto impacto para no “calentar” las plazas, como es el caso de Tijuana.

En Guerrero y Morelos los problemas se agudizaron cuando en diciembre de 2009 la Marina de Guerra abatió a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, jefe del poderoso cártel, dando paso a la pulverización de la actividad criminal y a la diversificación de los delitos.

Hay regiones en que la violencia recrudece por su condición de aduana marítima, de frontera, de “paso” o por las condiciones para la siembra y trasiego de drogas. Y eso no va a cambiar mientras siga habiendo oferta y demanda (EUA), mientras las drogas sigan siendo un negocio en un mundo donde el que manda es el dinero, no las leyes y menos la ciudadanía.

Otra cosa es el narcomenudeo, que es más difícil de erradicar porque penetra el tejido social, en particular a los adolescentes, mediante la distribución de pequeñas dosis baratas de metanfetaminas, fáciles de fabricar y de comprar, cuya adicción incrementa la comisión de robos en todas sus modalidades.

La descomposición comienza en la administración de Felipe Calderón al declarar la “guerra” a las drogas, incorporando a las fuerzas armadas en estas tareas, cuya trágica consecuencia es lo que en el argot militar se denomina “daños colaterales”. Cientos de miles de víctimas civiles que sufren desde suspensión de sus derechos en retenes, operativos, allanamientos y cateos ilegales, hasta tortura, desaparición y ejecución extrajudicial, delitos perpetrados por autoridades y por la delincuencia organizada.

POLICIAS EN FILA
Foto: seispuntocero.com

Pero vayamos al Mando Único Policial. El Constituyente Permanente nunca ha aprobado las reformas que den paso a esta medida. Entonces, ¿por qué imponerla a los ayuntamientos, violando los principios sustentados en los artículos 21 y el 115 Constitucional que disponen que la Seguridad Pública es una función a cargo de los municipios, además de los estados y la federación, y la salvaguarda de la autonomía municipal por sobre los gobiernos estatales y federal?

La zanahoria y el garrote

La explicación es muy sencilla: El Mando Único se impone por la fuerza (como lo quiere hacer el gobernador de Morelos) o mediante estímulos económicos. Para el ejercicio fiscal 2015, la federación dispuso la distribución de una partida de $2 mil 400 millones de pesos, que podrán ejercer las 32 entidades para sustituir las policías municipales por la Policía Estatal de Mando Único. Ese dinero se administra por los gobernadores, no por los presidentes municipales, y el dinero es poder.

Ante la descomposición social y los altos niveles de corrupción, el Mando Único no es la panacea ni la varita mágica que va a acabar con los malos en este país, por más que nos quiera convencer de sus virtudes Jesús Alberto Capella Ibarra, abogado empresarial metido a policía, ex Secretario de Seguridad Pública de Tijuana y hoy Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, que suele presentar cuentas alegres de sus gestiones.

Una propuesta

En México, las autoridades federales, estatales y municipales nunca se han planteado seriamente iniciar una REFORMA POLICIAL DEMOCRÁTICA, que inicie con la desmilitarización de la Seguridad Pública; un enfoque de derechos humanos apegado a los estándares internacionales en la materia.

Una alternativa es acogerse al modelo de SEGURIDAD CIUDADANA que proponen la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Contrario al Mando Único, dispone arraigar a los policías preventivos en sus comunidades para que se identifiquen con éstas, de las que surgen y a las que habrán de salvaguardar, ganándose la confianza y el respeto de la ciudadanía, respetando incluso los derechos de los propios policías. O el modelo de Seguridad Cooperativa de Colombia y Brasil, de Policía Pacificadora en Río de Janeiro y las Ouvidorias en Brasil, que tienen como misión la recepción de denuncias sobre abusos cometidos por policías. Todos estos modelos están vinculados a la noción de ciudadanía.

La Seguridad Ciudadana propone también que la ciudadanía participe activamente en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad. Pero esta sola posibilidad aterra a los gobernantes.

Por supuesto que también habrá que mirar y atender la parte estructural: Mientras sigan prevaleciendo las condiciones de pobreza patrimonial, educativa y cultural del grueso de la población, los jóvenes seguirán siendo carne de cañón del crimen organizado y víctimas de la discriminación policial para engrosar las estadísticas de detención.

RAUL RAMIREZ BAENA*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Civil de Baja California