Alumbrado público en Ensenada, o el vestido de la changa

En un intento por evitar que los contribuyentes evadan el pago del inconstitucional Impuesto al Alumbrado Público por la vía del amparo federal, y haciendo a un lado formas legales de recaudación por el servicio de alumbrado, el XXI Ayuntamiento de Ensenada cambió el nombre del gravamen a “Derecho”, por ser producto de la prestación que brinda a la población.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Sin embargo el artificio del ayuntamiento que preside Gilberto Hirata Chico ya fracasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en decenas de recursos de revisión de sentencias de amparo resolvió que la figura del “Derecho por Alumbrado Público” también es inconstitucional.

Esto porque tal “Derecho” tampoco cumple con los principios de proporcionalidad y equidad que consagra el Artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según determinaron los ministros Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en las acciones de inconstitucionalidad 4/2012 a 18/2012, resueltas por el Tribunal Pleno de la SCJN en sesión pública del 28 de mayo de 2012.

A ello los ayuntamientos de Baja California que cobran la contribución por Alumbrado Público, afrontan el fallo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de plasmar en los convenios de cobranza de los gravámenes, su decisión de deslindarse de las consecuencias judiciales en su aplicación y cobro en los recibos por consumo de energía eléctrica de la paraestatal, y deja la responsabilidad legal de la recaudación a los gobiernos municipales.

Esto sucedió a partir del año 2014, luego de que la Suprema Corte de Justicia determinó dar un amparo colectivo a mil 779 mexicalenses contra el Impuesto por Alumbrado Público (IAP) que cobra Mexicali.

En la cláusula Séptima del convenio entre la CFE y el Ayuntamiento de Mexicali para cobrar el tributo, se instituyó textualmente:

En caso de presentarse alguna inconformidad de los usuarios del servicio de energía eléctrica por el cargo del impuesto por alumbrado público en sus facturas, la CFE quedará relevada de toda responsabilidad que directamente o por la vía legal se le pretenda fincar; por lo tanto, por tratarse de un impuesto de origen municipal, el municipio acepta su responsabilidad por dichos cargos a los usuarios y solo cuando oficialmente por escrito el municipio le solicite  a la CFE que se deje de aplicar y cobrar el impuesto en mención, la CFE le informará de inmediato a el municipio del o de los usuarios inconformes del cargo del impuesto al alumbrado público, y el municipio se compromete a darle solución a dicha inconformidad de los usuarios en un plazo que no será mayor a 10 días naturales”.

Con este panorama, el abogado Eduardo Cota Osuna, directivo estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), recordó que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encomienda a los municipios la responsabilidad de prestar el servicio de alumbrado público, pero no hay un mecanismo tributario para individualizar los montos que se deben pagar por el servicio.

LAMPARA LED Y TRABAJADOR

– “Esto al grado de que todos los esquemas ideados con ese propósito, y que han sido examinados por el alto tribunal de la nación, se han declarado inconstitucionales, lo que finalmente ocasiona que los municipios carezcan de sustento legal para efectuar los cobros respectivos”.

Y dijo que resulta importante que el congreso local solucione el problema y encuentre, conjuntamente con las organizaciones estatales de abogados y fiscalistas, una fuente diversa de financiamiento para este servicio.

Al respecto, el XXI Ayuntamiento de Ensenada determinó en la “Sesión Extraordinaria de Extrema Urgencia” de cabildo celebrada el 5 de febrero, que tiene plena “libertad hacendaria y autonomía” para “disponer y ejercer sus propios recursos públicos para la satisfacción de sus necesidades”, y que su decisión de cobrar un “impuesto” o “derecho” por alumbrado público y concesionar a particulares el servicio, es “viable jurídicamente”.

Sin embargo, dos jurisprudencias de la SCJN –de los años 1988 y 2003- determinaron inconstitucional la cobranza del IAP porque “invade la esfera de atribuciones de la federación”, y en la Sesión Pública del Plano de la Suprema Corte del 28 de mayo de 2012, cuatro de cinco ministros resolvieron que el “Derecho de Alumbrado Público” viola los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, lo que provoca que los contribuyentes “no tributen de manera proporcional”, y permite el cobro de montos distintos por la prestación de un mismo servicio, “lo cual provoca que se dé un trato desigual a los gobernados”.

Para evitar que los municipios carezcan de sustento legal para efectuar los cobros respectivos y vean disminuidos sus ingresos por el concepto de alumbrado público, los ministros Sánchez Cordero, Cossío Díaz, González Salas y Ortiz Mayagoitia recomendaron:

– “En lugar de que el Congreso local establezca una contribución específica que tenga como objeto el servicio de alumbrado público, el Municipio agregaría una partida específica dentro de su presupuesto de egresos en concepto de alumbrado público; para cubrir ese gasto, propondría a la legislatura estatal el incremento de la tasa o tarifa en una o varias contribuciones –propias del orden municipal–, de manera que el excedente en la recaudación autorizado en la ley de ingresos respectiva y originado en dicho incremento, sea coincidente con los recursos necesarios para cubrir el citado gasto municipal”.

El Ayuntamiento de Ensenada ya no puede aplicar esta medida legal porque al concesionar a la empresa CelSol la “modernización” del alumbrado del municipio con 25 mil lámparas con tecnología Led, comprometió por 10 años el pago con los excedentes del inconstitucional impuesto, ahora llamado derecho por alumbrado público.