Omisión y deficiencia general en la custodia de pruebas en BC: CEDH

La Comisión Estatal de los Derechos (CEDH) insistirá en la necesidad de replantear y redefinir el convenio que establecieron la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), para la custodia de cualquier elemento que forme parte de una investigación ministerial en Baja California.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B. C., a 10 de diciembre de 2015.- Ello porque en su investigación para determinar qué pasó con el cadáver de una recién nacida en oficinas de tres autoridades estatales en Ensenada, la Comisión encontró deficiencias y omisiones en el trabajo que todas realizan para el resguardo de elementos clave en averiguaciones ministeriales como ropa, armas, vehículos, cuerpos y otras evidencias criminales.

La licenciada Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidente de la CEDHBC, declaró lo anterior al proporcionar detalles de la Recomendación número 24/2015 sobre el caso de violación al derecho a la legalidad, seguridad jurídica y trato digno en agravio de una recién nacida y su madre en Ensenada.

También habló sobre el trabajo que realiza el Ministerio Público del Fuero Común en la averiguación previa sobre el paradero del cuerpo de la bebé.

“Hubo documentos que se exhibieron fuera del marco de la legalidad, hubo respuestas que nos revelan la falta de información y eso se relaciona con omitir prestar debidamente el servicio público”, resumió.

Estableció que esos elementos en cargo para la PGJE, llevó a la Comisión a establecer dos recomendaciones específicas a la fiscalía estatal:

1.- La búsqueda, la localización y esclarecer la verdad sobre el paradero del cuerpo de la bebé y lo que a derecho corresponda.

SEMEFO EDA

2.- Que se giren las instrucciones a quien corresponda para que se realicen todas las acciones de manera inmediata para la integración de la averiguación previa que se sigue en el tema, y que se lleven a cabo las diligencias de manera completa y exhaustiva para que a la brevedad se sancione a los responsables.

“Estos dos puntos reflejan claramente lo que encontramos en la investigación”, dijo sin profundizar en la calificación que hace del trabajo hecho hasta el momento por el Ministerio Público, fiscal que no avanza en la integración de la investigación por los hechos que se dieron a finales de agosto.

También destacó que a la fecha no se ha recibido en la Comisión Estatal constancia alguna que permita evidenciar el inicio de procedimiento o investigación alguna en contra de los servidores públicos adscritos a la PGJE y TSJ por los agravios cometidos en contra de la recién nacida y su madre, a quien la PGJE abrió una averiguación que está vigente por el presunto delito de homicidio, que en primer término se clasificó como “omisión de cuidado” en contra de su hija.

Olvera Rodríguez precisó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se opone a la investigación de los delitos por parte de las autoridades que tienen como mandato constitucional garantizar la seguridad pública y procuración de justicia en México, sino que con motivo de ello se vulneren los derechos humanos de las personas

La Comisión hace patente la necesidad de que el Estado mexicano a través de sus instituciones públicas, proporcione un trato digno, sensible y respetuoso a las personas, brindándoles una adecuada atención, evitando en todo momento agraviarlas, como lo sucedido en el presente caso al no localizar el cadáver de la recién nacida, con lo cual se advirtió una responsabilidad institucional compartida en materia de derechos humanos por las omisiones e irregularidades en que incurrieron las autoridad señaladas en la Recomendación”.

Destacó por último que lo anterior se tradujo en el hecho de que las autoridades señaladas, en sus diferentes ámbitos de competencia, no actuaron con la debida diligencia, al no llevar un control y registro de entrega recepción del cuerpo de la bebé, por lo que con su actuar se apartaron de toda normatividad, disposiciones, protocolos y criterios establecidos en la legislación local, federal e internacional.