Borrón y cuenta nueva en fraude de inmobiliarias

Los fundadores de las tres compañías desarrolladoras de vivienda que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón amasaron una fortuna que en 2011 la Revista Expansión calculó en siete mil 376 millones de dólares (125 mil 392 millones de pesos), y que en Baja California construyeron 212 mil 500 casas tan solo en el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán, quedaron fuera del programa de vivienda de Enrique Peña Nieto.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B. C., a 13 de octubre de 2015.- Esto porque entre junio y agosto de este año jueces de Distrito en materia civil aprobaron o estudian los convenios de concurso mercantil que el gobierno federal otorgó a los consorcios Corporación Geo, Homex y Urbi Desarrollos Urbanos, para que los acreedores de las empresas de interés social puedan capitalizar la mayor parte de la deuda a cambio de una participación de al menos el 91 por ciento en los consorcios.

De esta forma y de acuerdo con las sentencias y análisis de los jueces federales, Luis Orvañanos Lascurain (Geo), Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez (Homex) y Cuauhtémoc Pérez Román (Urbi) tendrán que dejar sus cargos directivos y perder el control accionario de las compañías que fundaron hace 30 años.

De acuerdo con la página en internet de Corporación Geo y la sentencia del  juez Sexto de Distrito en Materia Civil, Enrique González Meyenberg, la reestructuración de la empresa que en febrero de 2007 tenía un valor de mercado de 36 mil 899 millones de pesos pero cerró operaciones de bolsa en septiembre de 2013 con un valor de 920 millones, determinó que Orvañanos no podrá ser dueño ni del uno por ciento de las acciones; esto cuando en 2006 poseía el 15.7 por ciento de los valores mercantiles.

En el caso Homex, su portal cibernético y la revista Forbes informan que llegó a tener un valor en el mercado inmobiliario de 40 mil 338 millones de pesos, pero en abril de 2014 cayó a mil 57 millones de pesos. La sentencia del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal obliga a la familia De Nicolás a reducir sus acciones del 32.9 por ciento (2006) a menos del nueve por ciento en septiembre de 2015, y a emitir 302 millones de acciones para entregar a sus acreedores.

El caso del mexicalense y arquitecto Cuauhtémoc Pérez Román se analiza en el Juzgado Quinto de Distrito en Mexicali a cargo de Jorge Alberto Garza Chávez, que en enero de este año declaró en concurso mercantil a Urbi y 15 de sus subsidiarias.

Este último caso brindó la oportunidad de conocer algunos de los acreedores que hoy son los socios dominantes en las tres compañías, que en conjunto y de acuerdo con los juzgados que analizaron los casos, sumaron una deuda de 264 mil millones de pesos compuesta por 192 mil de pesos de Homex , 41 mil millones de Urbi y 32 mil millones de Geo para alcanzar una cifra que comparativamente representa el segundo presupuesto federal que se ejerce en 2015, luego del que ejecuta la Secretaría de Educación Pública por 305 mil millones de pesos.

En el juicio federal, los abogados de Pérez Román revelaron que las instituciones financieras que firmaron el plan de reestructura incluyen a Banorte y algunas de sus entidades afiliadas o subsidiarias; “ciertos fondos de inversión” o cuentas gestionadas o asesoradas por Prudential Real Estate Investors.

URBI CASAS

Además, fondos de inversión o cuentas gestionadas o asesoradas por Ashmore Investment Management Limited o sus filiales, así como “ciertos fondos de inversión, cuentas y otras entidades gestionadas o asesoradas” por BlueBay Asset Management LLP.

La empresa que Pérez fundó en 1982 y que llevó al mexicalense a ocupar el lugar 222 de los 300 líderes más influyentes de México -revista “Líderes Mexicanos” de marzo de 2012-, anunció en un comunicado de prensa que la reestructuración de su deuda incluye “la potencial reanudación de créditos puente de los principales acreedores bancarios de la compañía, la aportación de nuevos recursos para financiar el plan de negocios y modificaciones materiales a los términos de la deuda garantizada y quirografaria existente del grupo”.

También que durante el periodo de 12 meses siguientes al cierre del concurso mercantil, estima la venta de «aproximadamente 10 mil viviendas para alcanzar más de 29 mil viviendas en el año 2020”. Esto ya sin la presenciadominante del fundador pero al amparo del plan de vivienda de Enrique Peña Nieto.

El proyecto presidencial que se dio a conocer el 21 de enero de 2015, consiste en un paquete de medidas que “permitirá detonar una inversión del orden de 370 mil millones de pesos en la construcción de 500 mil viviendas, y en la ejecución de un millón de acciones en beneficio de más de seis millones de mexicanos”.

En contraste, el plan de vivienda en Baja California se limita a un máximo de 60 mil casas anuales al concluir el sexenio de Francisco Vega, lo cual de cualquier forma representa un incremento a las 10 mil que hoy se construyen en el estado, según reconoció el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SIDUE) Manuel Guevara González.

La dependencia federal que detonará y aprovechará políticamente el programa de Peña Nieto es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) bajo la dirección de la economista y ex perredista Rosario Robles Berlanga, que en un comunicado definió el nuevo modelo de vivienda popular: “Combate el hacinamiento, contribuye al reordenamiento urbano y a la sustentabilidad del medio ambiente”.

Con un subsidio del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO, que depende de la SEDATU) por dos mil 283 millones de pesos, Robles indicó que este año concederá 61 mil 947 apoyos a igual número de familias, lo que representa beneficios para más de 241 mil personas que ganan menos de 2.5 salarios mínimos en todo el país, cantidad que duplicará en presupuesto y beneficiados en 2016.

El esplendor y la agonía

Paradójicamente, los dueños de las constructoras favorecidas por Vicente Fox, Felipe Calderón y todos los gobiernos panistas de Baja California destacaron en la lista de los 50 millonarios de México hecha en 2011 por la Revista Expansión.

GEO CASAS LOGO

Eustaquio de Nicolás ocupó el lugar 21 con una fortuna de dos mil 920 millones de dólares; Luis Orvañanos estaba en el número 26 con dos mil 470 millones de dólares, y Cuauhtémoc Pérez fue el 32 con dos mil seis millones de dólares.

José Moreno Mena, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), resaltó el contexto político y social que propició el nacimiento del “oligopolio” inmobiliario.

“Se gestó durante el sexenio de Ernesto Zedillo y logró consolidarse plenamente en los 12 años de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón”, dijo.

En Baja California, comentó el investigador, el programa de vivienda popular que impulsó Ernesto Ruffo Appel en su sexenio (1989-1995), no resolvió la demanda de vivienda pero sí desató la represión contra los líderes más beligerantes del movimiento urbano popular de esos años: encarceló a Abraham Correa de la UCOSI de Ensenada y hoy dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática; a Ricardo Montoya, tijuanense de filiación priista y a Javier Salivie «el Pitufo», de la UCP de la izquierda independiente.

“Cero negociación con los liderazgos sociales fue la política de Ruffo. Así desarticuló a organizaciones que mediante el clientelismo mantenían cierto control de las colonias populares. Para suplir esos liderazgos envió a su gabinete social a los barrios a resolver problemas que se estaban suscitando; sin embargo, esa práctica fue efímera y en ausencia de los líderes se desató un clima de violencia e inseguridad en las colonias, con la penetración de grupos delincuenciales y del narcomenudeo,” agregó el sociólogo.

Antes de 1990, los gobiernos priistas desarrollaron en el estado una política inmobiliaria que tendía a favorecer a las clases medias; para ello se especuló con el suelo urbano. “No se crearon programas para los trabajadores de menos de dos salarios mínimos (de ahí las invasiones), pero se favoreció a empresas constructoras como Casas Eternas y Villa Verde que vendían casas con interés bancario”.

El gobierno de Ruffo y los posteriores, indicó, impulsaron a empresas inmobiliarias como URBI que aprovecharon la coyuntura para construir “miniviviendas” de interés bancario y se les favoreció permitiéndoles construir en zonas que no reunían los requerimientos urbanos y con materiales de pésima calidad; de ahí que se desataran innumerables demandas contra las constructoras.

“Después esas constructoras aprovecharon la apertura del crédito Infonavit -que había dejado de ser constructor para ser entidad crediticia- y tuvieron acceso al público obrero de más bajos recursos. Construyeron entonces viviendas de peor calidad, en espacios muy reducidos y sin privacidad”.

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El cenit de esta política habitacional en Baja California llegó durante el sexenio del gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Francisco Javier Sánchez Corona, delegado en Ensenada del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda en el Estado (INDIVI), informó que entre el 2009 y 2013 se construyeron 250 mil viviendas en el estado.

“¡Todo un mundo! Y aunque no son necesariamente los mismos inmuebles, la cifra coincide con la cantidad de casas abandonadas en la entidad”, subrayó para explicar que entre las causas del abandono de casas destaca la sobreoferta.

“Incluso algunas personas llegaron a comprar dos o tres casas, simulando ingresos mayores a los que realmente percibían, pero cuando tuvieron que pagar las mensualidades, no pudieron cumplir”.

Fue en junio de 2013 que Geo y Urbi anunciaron en comunicados de prensa que la crisis económica combinada de los Estados Unidos y México detuvo los planes de construir ese año 100 mil viviendas en el valle de Las Palmas (Tecate), donde el gobernador Osuna Millán planeaba construir una mega ciudad de hasta un millón de casas para compradores de todo nivel socioeconómico.

“Esto –dijeron las empresas en su posicionamiento- quebró nuestras finanzas”.

Existe otra versión del hundimiento del oligopolio. La promueve el periódico El Economista citando a un analista bursátil que daba asesoría a las empresas y que pidió no ser identificado:

«Los cambios en la política de vivienda en este sexenio (federal), que impulsaron la construcción en polígonos cercanos a las ciudades, devaluaron las reservas de tierra de estas empresas y a esto se sumaron sus elevados niveles de apalancamiento, lo que las llevó a caer en insolvencia de pagos y una reestructura”.

Ninguna oficina del gobierno peñista ha refutada esa interpretación.