«Kiko» y el gabinete del miedo

Cuando Francisco Vega de Lamadrid presentó a su gabinete de gobierno el 25 de octubre de 2013, afirmó que los hombres y mujeres que escogió para acompañarlo en la función pública estaban, al igual que él, comprometidos con la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B.C., a 28 de septiembre de 2015.- “Son personas capaces, comprometidas y leales porque se trata de servidores públicos que, por encima de cualquier otra consideración, van a estar dedicados de tiempo completo a servir a los ciudadanos, además de tener la experiencia y honestidad, para convertir nuestro programa de compromisos en un gobierno de resultados”, destacó ante los representantes de los medios de comunicación del estado.

Dos años después de aquel discurso, el desgaste de los funcionarios del mandatario es más que evidente: su primer secretario de Gobierno, doctor Guillermo Trejo Dozal, estuvo preso tres meses en Mexicali y hoy enfrenta en libertad condicional un juicio por el delito de “realizar operaciones activas de seguros sin autorización federal” que afectaron a 15 empresas de la región transfronteriza con un ilegal plan de seguranza médica que violó disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades mutualistas de Seguros.

Su secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SUDUE), Manuel Guevara Morales, se ganó la antipatía y el enojo de los 15 organismos del sector privado afiliados en el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) por “las mentiras, las omisiones y la negligencia” con las que enfrenta el desabasto de agua potable a la ciudad.

El secretario de Desarrollo Social, Ricardo Magaña Mosqueda, provocó el enojo y lamento de los diputados de la XXI Legislatura cuando el 23 de septiembre llevó “acarreados” al Pleno del Congreso local para solventar su comparecencia en el recinto legislativo y evadir respuestas concretas de los congresistas que lo acusan de “desviar recursos públicos” y fracasar en la aplicación del programa estrella de Vega de Lamadrid –“De la mano contigo”– para acabar con la pobreza extrema “en dos años”, tal y como el gobernador lo prometió en su toma de protesta.

Carlo Humberto Bonfante Olache, secretario de Desarrollo Económico, superó con un silencio y resguardo de dos meses el caso Trejo Dozal –fue socio de la empresa “Latino Servicios de Salud SC y/o Latino Health Care”, que defraudó a las empresas demandantes-, pero hoy tiene en su contra a la casi totalidad del sector empresarial del estado y en particular a los investigadores y académicos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Centro de Estudios Económicos de Tijuana, que a principios de 2015 declararon la recesión económica de la entidad sin que hasta la fecha el funcionario “tome decisiones que saquen al estado del estancamiento”, según manifestó Roberto Valero Berrospe, director de la Unidad de Inteligencia Económica de Mexicali.

FCO VEGA CON GABINETE SESION
Francisco Vega en una sesión de trabajo con una parte de su gabinete (Foto: Diario Tijuana).

La misma respuesta de reprobación y rechazo la tiene el secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez, a quien un sector empresarial de Tijuana y Mexicali le reprocha su incapacidad para conseguir recursos públicos que reactiven la economía, y no imponer una verdadera política de austeridad en el gasto del gobierno estatal.

El secretario de Turismo Oscar Escobedo Carignan, tiene en su contra a los dueños de hoteles y moteles de Ensenada, Tijuana, Mexicali y Tecate por la decisión “unilateral y autoritaria”, según dijo el presidente de los hoteleros de Ensenada Jean Luop Bitterlin, que el funcionario tomó a principios de 2015 para centralizar en el gobierno del estado el manejo de los Fondos de Promoción Turística.

Juana Laura Pérez Floriano, secretaria del Trabajo y Previsión Social y una ferviente defensora de los intereses políticos y económicos de Jorge Hank Rhon en el gobierno de Francisco Vega, goza de total desprestigio entre decenas de miles de jornaleros que la acusan de defender al poderoso Consejo Agrícola de Baja California, que a mediados de septiembre, y tras presionarla con actos de protesta en Manedero, la llevaron a declarar que la categorización de los ranchos que estableció la Secretaría de Gobernación y el ministerio federal del trabajo, es “ilegal”.

La dupla responsable de la seguridad pública y la procuración de justicia en Baja California que integran Daniel de la Rosa Anaya (secretario de Seguridad Pública) y Perla del Socorro Ibarra (procuradora general de Justicia del Estado), enfrentan este año un aumento en la percepción de inseguridad de la ciudadanía (cinco de cada 10, de acuerdo con la casa encuestadora Imerk) y aumentos del 15 al 28 por ciento en las cifras de robo en todas sus categorías, homicidio violento, delitos sexuales y desaparición forzada, según las cifras de junio del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en tanto que la Policía Estatal Preventiva y las agencias del Ministerio Público del Fuero Común, junto con la policía municipal, ocupan los primeros tres lugares en quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por presunta violación a los derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la integridad personal.

También destacan los casos del secretario de Salud, Sergio Tolento Hernández, hoy rebasado por la crisis epidemiológica de la Rikettsia que hasta el 18 de septiembre cobró la vida de 22 personas en todo el estado en espera de una alerta epidemiológica federal, y el del Sistema Educativo Estatal, que primero tuvo como titular a Rosario Rodríguez que la dejó para ser diputada federal, y hoy ocupa Mario Herrera Zárate que no logró evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la Ley de Educación del Estado y su Ley de Servicio Profesional Docente, por lo que el estado deberá acatar de manera integral la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto.

Finalmente se debe citar a los secretarios de Fomento Agropecuario y de Pesca y Acuacultura, los ensenadenses Manuel Valladolid Seamanduras y Matías Arjona Rydalch, respectivamente, que también gozan de creciente inconformidad entre los trabajadores del campo y los pescadores ribereños y armadores, que los acusan de actuar a favor del sector empresarial que ellos representan en el gobierno de Vega: Valladolid, primo del secretario de Planeación y Finanzas, beneficiando a los integrantes del Consejo Agrícola del Estado, organismo del cual ha sido presidente dos veces, y Arjona, a los armadores que adquieren mercancías que su familia comercializa en Ensenada y San Felipe.