«Kiko», el represor de jornaleros

Para la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, es el principal defensor y promotor de los agroempresarios del valle de San Quintín.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B.C., a 28 de septiembre de 2015.- Por eso, destacó Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros de la organización campesina, el mandatario no dudó en emprender una campaña de represión, persecución y hostigamiento contra los dirigentes de la Alianza y sus simpatizantes, 130 de ellos detenidos durante el movimiento y más de cinco mil despedidos de su fuente de trabajo luego del 4 de junio, fecha en la que finalizó la etapa de movilización de los trabajadores.

Por su parte Justino Herrera Martínez, dirigente de la colonia indígena Lomas de San Ramón, delegación Vicente Guerrero, consideró que Vega de Lamadrid es el directamente responsable de los hechos violentos ocurridos el 8 y 9 de mayo en San Quintín y Vicente Guerrero, en el que decenas de agentes estatales de Seguridad Pública, con el apoyo de policías preventivos municipales, agredieron a los residentes de tres asentamientos de jornaleros.

“Hemos sido muy respetuosos de las autoridades pero lo que hicieron esos días fue un acto descarado de provocación que respondimos como se merecía. ¡No íbamos a dejar que nos vinieran a agredir en nuestras propias casas!”, destacó.

Recordó que el 8 de mayo, en un mitin donde esperaban la presencia del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, un grupo de no más de 200 “provocadores” incitaron a la violencia, tomaron la carretera y agredieron a golpes y piedras a residentes de San Quintín sin que los policías del estado, presentes por docenas en el sitio de la violencia, intervinieran.

FCO VEGA CON VOCEROS INDIGENAS SQ
La tarde en que Francisco Vega se quedó con la mano extendida, al pretender usar políticamente la imagen de los voceros de la Alianza. Tuvo que ser él quien les tomó a fuerza la mano para que lo saludaran y así saliera en la fotografía (Internet).

Un día después, los mismos agentes estatales antimotines ingresaron a Lomas de San Ramón para golpear y agredir con balas de plástico a la gente, sin importar que fueran mujeres, adolescentes o personas de la tercera edad.

Cuando los vecinos respondieron a la agresión con palos y piedras, los policías salieron huyendo no sin antes usar sus armas de cargo, dejando decenas de cartuchos percutidos en las calles y en el interior de las casas.

Un acto similar de agresión con balas de armas de cargo se dio ese mismo día en la colonia triqui Nuevo San Juan Copala, cuando policías municipales dispararon al aire sus pistolas y rifles de asalto en contra de indígenas que observaban en la calle la toma de las instalaciones de la delegación de la Policía a manos de algunos de sus vecinos, en solidaridad con la lucha campal que se desarrollaba en la vecina Lomas de San Ramón.

Por su parte Fidel Sánchez informó que durante la movilización que arrancó el 17 de marzo, agentes ministeriales del estado detuvieron a decenas de jornaleros e incluso a la entonces única vocera de la Alianza, Lucila Hernández, representante de la colonia Santa María Los Pinos, que recibió amenazas de parte de los policías que la detuvieron sin orden judicial el 17 de marzo.

Bonifacio Martínez, también vocero de la organización y representante de Nuevo San Juan Copala, destacó que desde antes del inicio de la movilización el gobernador Francisco Vega dejó en claro que apoyaría a los agroempresarios, evitaría dialogar directamente con los aliancistas y usaría a la población mestiza del valle para causar desinformación y temor en San Quintín contra los trabajadores del campo.

"El Tiburón", vehículo antimotines que no logró amedrentar a los jornaleros en la batalla campal del 9 de mayo en Lomas de San Ramón (Foto: Roberto Almocida, La Jornada BC).
«El Tiburón», vehículo antimotines que no logró amedrentar a los jornaleros en la batalla campal del 9 de mayo en Lomas de San Ramón (Foto: Roberto Almocida, La Jornada BC).

Oportunamente le hicimos llegar nuestras peticiones a través del subsecretario de gobierno en Ensenada, licenciado Pablo Alejo López Núñez, pero no respondió. Ya durante el paro sólo fue a la mesa de diálogo para sacarse la fotografía con nosotros, y ante la falta de seriedad y compromiso de su gobierno para resolver el conflicto, optamos por hacerlo a un lado y pedir la mediación de la Secretaría de Gobernación”.

Sin protagonismo ni peso específico para intervenir en el tema que con su negligencia creó, Francisco Vega orientó su política a la comunidad mestiza y anunció, a finales de mayo, su idea de crear y poner en marcha el Programa para la Atención de la Región de San Quintín que se presentó a los residentes del valle el 18 de septiembre.

El programa contempla 150 líneas de trabajo en 300 acciones de gobierno con una inversión de dos mil 720 millones de pesos aplicables hasta el 2019, en donde destacan dos propuestas: resolver los problemas del agua potable con una desalinizadora y una red de distribución urbana, e impulsar la regularización de la tenencia de la tierra en las comunidades como un requisito indispensable para seguir el proceso de municipalización de la región agrícola.

Al respecto Jorge López, presidente del Comité Pro Municipalización de San Quintín, Asociación Civil, manifestó con ironía: “Estas líneas y acciones son las respuestas del gobierno estatal a los requerimiento de los últimos años en la región, más los que se acumularon con los acontecimientos de principios del 2015 (…) Lo que nos deja a los más escépticos con esa sensación que nos hace pensar. ‘Bien, pero ni modo’”.