Congreso de BC debe eliminar Impuesto por Alumbrado Público en el Estado

La Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) convocó al Congreso de Baja California a buscar alternativas de cobro por alumbrado público en los cinco municipio del estado, ya que la actual forma de recaudación es inconstitucional, tal y como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cientos de amparos que ha concedido a usuarios desde 1998.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos / Foto principal: Edgar Lima, La Jornada Baja California

Ensenada, B.C., a 21 de septiembre de 2015.- Esta acción correctiva, manifestó el secretario general de la organización social en la entidad, licenciado Eduardo Cota Osuna, debe quedar lista antes de que los cinco cabildos de Baja California vuelvan a incluir el gravamen ilegal en sus presupuestos de ingresos del 2016.

Reveló que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encomienda a los municipios la responsabilidad de prestar el servicio de alumbrado público, pero no hay un mecanismo tributario para individualizar los montos que deben ser pagados por dicho servicio.

“Esto al grado de que todos los esquemas ideados con ese propósito, y que han sido examinados por el alto tribunal de la nación, se han declarado inconstitucionales, lo que finalmente ocasiona que los municipios carezcan de sustento legal para efectuar los cobros respectivos”, indicó.

Por ello, agregó, resulta importante que el congreso local pudiera solucionar el problema y encontrar, conjuntamente con las organizaciones estatales de abogados y fiscalistas, una fuente diversa de financiamiento para este servicio.

La otra es dejar que los ayuntamientos sigan actuando al margen de la Constitución Política del país, “caso en el cual nuestra organización ya no dudará en demandar juicio político en su contra”.

Insistió en que ningún cabildo de Baja California y el resto de la república tiene facultades para reglamentar en materia de energía eléctrica o derivados de hidrocarburos.

ALUMBRADO PUBLICO TRABAJADOR

Mucho menos para establecer contribuciones, como lo demuestran los cientos de amparos que la Suprema Corte de Justicia ha concedido a ciudadanos inconformes con este acto criminal que hasta hoy los congresos locales han pasado por alto, al no hacer la parte que les corresponde para corregir lo que sanciona el Poder Judicial de la federación”.

Recordó que los presidentes municipales, el gobernador y los diputados de Baja California protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución, y las leyes que de ella emanen.

– “Al permitir conscientemente que este acto inconstitucional se repita año con año en los presupuestos de ingresos de los ayuntamientos, todos están faltando a su juramento y quien así procede no sólo comete perjurio, sino que ofende a la sociedad y se daña a sí mismo y a todos aquellos que han confiado en la palabra avalada por la invocación de la protesta o juramento expresado”.

Agregó que los alcaldes y diputados pueden hacer valer su fuero para no ser llamados a cuenta por los ciudadanos, “pero esta figura de ninguna manera puede utilizarse como un escudo para la deshonestidad y la mentira”.

A LA «CONGELADORA»

El 21 de mayo, el diputado José Francisco Barraza Chiquete presentó ante el Pleno del congreso una iniciativa para derogar diversos ordenamientos de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, con la finalidad de que este ayuntamiento suspendiera el impuesto por alumbrado público que cobra a la ciudadanía mediante los recibos de luz emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Expuso dos motivos para su propuesta: 1.- el gravamen es inconstitucional y violatorio del principio de legalidad, puesto que no corresponde al congreso local legislar en la materia; 2.- es injusto porque miles de ciudadanos que lo pagan no reciben el servicio de alumbrado público en sus colonias, por la falta de mantenimiento de las luminarias o por la falta absoluta de postes de luz.

Hasta hoy su iniciativa no avanza en comisiones del Congreso del Estado.